Trenes parados; el diálogo también

Ferromex anunció este martes en un comunicado la suspensión de movimiento de 60 trenes de carga en rutas hacia el norte del país, argumentando proteger la integridad física de los migrantes que usan los techos de los vagones para transportarse y cuyo número se ha incrementado notablemente, al igual que los accidentes que los implican.

Esporádicamente, debido a los riesgos para los migrantes, la ruta férrea ha suspendido actividades en diferentes tramos, particularmente los del sur, en Chiapas y Tabasco, pero no había sucedido en el norte y menos el paro de todos los trenes, lo que prendió alarmas en todos los sectores y niveles de gobierno, sobre todo en las entidades por donde cruza el ferrocarril.

De la medida se enteró el gobierno federal por el comunicado de la filial de Grupo México, por lo que el presidente López Obrador no ocultó su molestia por el boletín “del señor German Larrea”, señalando de manera extraña que “lo que nos importa no son los trenes, nos importan los migrantes”. Y es que el mandatario no dijo qué medidas se estaban adoptando para proteger a los migrantes, aunque sí anunció que los trenes ya habían reanudado su marcha.

Que no se sorprenda López Obrador por la desatención, misma que ha tenido hacia los empresarios y en particular a Grupo México. El comunicado de Ferromex sin aviso previo al gobierno probablemente fue en reciprocidad a las acciones unilaterales de éste, como la expropiación de 120 kilómetros de ferrocarril para el corredor transístmico o la denuncia contra Grupo México por supuesto peculado por las obras no terminadas del Tren Maya. Los antecedentes no dan para correcciones políticas.

Los trenes parados con ruta al norte significan la afectación económica por la interconexión de todos los estados fronterizos con cinco puntos de cruce del ferrocarril hacia Estados Unidos, más otros estados al interior que mueven sus mercancías por esas vías; así como tener varados a miles de migrantes en distintos puntos de la República, personas cuya gran mayoría buscan llegar a Ciudad Juárez, Ojinaga, en Chihuahua, y Piedras Negras, Coahuila.

Ante un fenómeno que se está agravando cada día y congruente con la línea presidencial, la empresa ferroviaria se saltó el diálogo y se fue directo a la acción, en espera de las medidas que determinen las autoridades. Por lo pronto, los trenes se reactivaron, con los mismos riesgos para los migrantes, de quienes sólo estamos viendo el problema con soluciones insuficientes.

El tribunal de la conciencia y el caso de los 43

El próximo martes habrá de cumplirse un aniversario más de los trágicos acontecimientos en Iguala, Guerrero, en el que 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, fueron desaparecidos en lo que se considera un crimen de Estado debido al nivel de involucramiento de diferentes autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Y cómo cada año desde 2015 habrá una marcha de los padres desesperados que en todo este tiempo no han cejado en la lucha por encontrar a sus hijos, vivos los reclaman. Una marcha a la que se unen grandes sectores de una sociedad indignada que clama por una justicia que lejos de llegar parece irse disolviendo al paso del tiempo, aunque hoy se encuentre un ex procurador General de la República preso, Jesús Murillo Karam; el ex jefe de la Unidad Antisecuestros, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el General Rafael Hernández Nieto. Faltan muchos otros, como Tomás Zerón de Lucio, entonces jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien inexplicablemente ha sido protegido por el gobierno de Israel en donde encontró refugio como ha ocurrido con otros presuntos delincuentes.

Tras su repetida negativa a reunirse con los padres de los 43 normalistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente accedió a recibirlos este miércoles, buscando bajar los ánimos, previo a las manifestaciones con motivo del noveno aniversario de las desapariciones, dados los escasos resultados que ha logrado cosechar a cinco años de que prometiera que durante su gestión se resolvería el caso.

No será tan fácil apaciguar las aguas. Tras casi dos lustros de palabrería, las víctimas ya no se dejan engañar por los cantos de unas sirenas que, aunque cambiaron de camiseta, no dejan de tener la misma piel. El dedo acusador sigue apuntando hacia los cuarteles y ahí está el meollo del asunto; desde el inicio de su mandato el presidente puso su legado en las manos de marinos y militares y hoy le resulta imposible deslindarse de ellos, los defiende y los seguirá defendiendo a muerte como lo hizo hace apenas un par de meses frente al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes alegaron haber llegado a un callejón sin salida frente a la negativa del Ejército a proporcionar información esencial para el caso. En respuesta, los familiares emplazaron al gobierno a definirse de que lado estaba: “del lado de las mentiras del Ejército o del lado de las familias y de la verdad”.

El informe presentado el año pasado por el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, que pretendía darle un cierre a la investigación dejo aún más dudas que respuestas. No hay siquiera un móvil que justifique las acciones concertadas entre delincuentes y autoridades en los crímenes. Más tarde, en entrevista al New York Times, el propio Encinas reconocería que las pruebas presentadas durante el informe pudieran ser invalidadas al no contar con el debido sustento.

Por lo pronto este miércoles la reunión se prolongó por espacio de tres horas y de atenernos a lo dicho por el presidente durante su conferencia matutina, al final no habría ruptura con las víctimas porque “no hemos fallado ni vamos a fallar”. López Obrador esta tranquilo, él solamente “actúa a partir de rendir cuentas al tribunal de su conciencia”.