Sí tres noticias: la mala, la pésima y la peor, dadas a conocer por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). La mala es que cada hora al menos una persona es víctima de extorsión en México, La pésima es que en lo que va de la actual administración la extorsión ha crecido 48% con respecto al mismo periodo del sexenio anterior. Y la peor es que este delito tiene una cifra negra de 96.1%, es decir, 96 de cada 100 casos no se denuncian.
Se trata de uno de los delitos más graves que aquejan a los mexicanos por varias razones: las diversas modalidades con que se comete; afecta a personas de todos los niveles socioeconómicos y perjudica la actividad económica de personas físicas, pequeñas, medianas y grandes empresas.
A ello se suma la poca disposición a denunciar: la víctima desestima las extorsiones y fraudes si son llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp o, más grave, teme por su integridad física y la de su patrimonio cuando se trata de cobro de piso. En este último caso, hay zonas del país en las que se ha convertido de facto en un impuesto extra de protección que ofrecen u obligan organizaciones criminales y que puede costar la vida a quien se niegue o denuncie. Derivado de esa apatía, temor o amenaza real, es prácticamente imposible investigar el delito sin denuncia de por medio, inviable que la autoridad proceda de oficio.
El organismo patronal presidido por José Medina Mora Icaza ha propuesto una reforma constitucional para que se expida una Ley General de Extorsión en la que se homologue este delito y las sanciones en todo el territorio nacional. Otro avance sería también contar con áreas especializadas en su atención tanto en policías como en fiscalías y procuradurías, con una coordinación nacional que permita el intercambio de información para actuar contra los extorsionadores, empezando por aquellos que representan una amenaza a la vida de las víctimas.
Verde, seguro, cómodo y feliz
Desde mediados del siglo pasado, el norte y poniente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México han contado con fraccionamientos y zonas residenciales con una amplia gama de servicios, vías de comunicación y áreas verdes, lo cual ha creado una identidad a varias generaciones que han tenido el privilegio de vivir en esa calidad de vida del suburbio urbano, así como atraído a muchos otros que gracias al home office han dejado de desplazarse al centro de la Ciudad de México.
Ubicada en Las Arboledas, cerca del Tec de Monterrey Campus Estado de México, en lo que era el Club Hípico Francés, se encuentra Reserva de los Jinetes, un club residencial desarrollado por Inmobiliaria Del Parque, bajo un concepto único enfocado en cuatro aspectos: áreas verdes, seguridad, comunidad y petliving.
Se trata de un fraccionamiento cerrado, con acceso controlado, seguridad privada y normas internas que favorecen la convivencia, el orden y la tranquilidad de quienes ahí habitan. Cuenta con cuatro parques, cafetería, alberca, gimnasio, spa, estética, multicancha, lugar para reuniones y fiestas, business center; así como veterinaria, guardería y gimnasio de mascotas. Asimismo, se realizan actividades recreativas para generar comunidad, como eventos para Día del Niño, de la Madre, del Padre, posadas, cursos de verano, así como programas de salud para adultos mayores.
Reserva de los Jinetes cuenta con 340 casas de nueve prototipos diferentes acordes a las necesidades de distribución, tamaño y costo, de las cuales más de la mitad ya están vendidas y 160 familias ya viven en el lugar, con todos los servicios dentro del lugar o en sus alrededores, viviendo tranquilos, seguros y cómodos.
La crisis del campo que está por venir
Ya en el precoz ocaso de un sexenio que habrá de ser recordado por sus escasos resultados, empiezan a salir los esqueletos del clóset. Al récord histórico de víctimas fatales por la violencia; a la eliminación de las normas oficiales en materia de salud, porque es más fácil borrarlas de un plumazo que cumplirlas; al empobrecimiento de la clase media a favor de un incremento en el cinturón de miseria, por mencionar solo las más recientes revelaciones, se suma ahora un conflicto agrario de proporciones descomunales, que de no resolverse en las siguientes semanas podría poner en jaque al país y al gobierno, ya que las próximas temporadas de cosecha coincidirán con las campañas electorales, lo cual podría tener como consecuencia una sequía de votos para el partido oficial.
En las últimas semanas grupos de agricultores se han manifestado en diferentes partes de la República, en donde destacan las realizadas en Sonora, Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa, este último considerado el granero del país, quienes exigen la ampliación de la cobertura del programa de precios de garantía del gobierno, en particular los referentes al maíz, sorgo y trigo.
Es innegable que los participantes han sido recibidos tanto por autoridades locales como federales, de la misma manera que es irrefutable que ni unos ni otros han dado respuesta a sus legítimas demandas, lo cual está generando un clima de frustración entre los agricultores, quienes se sienten engañados, lo que los ha llevado a escalar sus protestas bloqueando carreteras, oficinas gubernamentales y el martes incluso el acceso al aeropuerto internacional de Culiacán.
En Chihuahua, de acuerdo al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, se afirma que hay almacenadas 500 mil toneladas de maíz de la cosecha anterior dado que los precios en el mercado no alcanzan a cubrir los costos de producción. De no llegar los apoyos de manera urgente, los productores enfrentarían una potencial bancarrota que alejaría a la actual administración de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, dado que no deja margen de maniobra el próximo ciclo de siembra.
La Cuarta Transformación ha enfocado su atención en los pequeños productores, muchos de los cuales ven más rentable el alquiler de sus parcelas, pero no por esto dejan de recibir los apoyos del gobierno así como el fertilizante, que acaban ofreciendo al mejor postor; en cambio, para los medianos no hay nada, incluso la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero fue eliminada por el Congreso de forma injustificada. No hay que olvidar que este órgano otorgaba créditos accesibles que abrían la puerta para que agricultores pudieran insertarse en la cadena productiva. La actual administración prometió resolver la crisis del campo pero nunca estuvo más lejos de la realidad.
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