Accionistas minoritarios de CV Directo estiman que, los actos fraudulentos de Luis Epelstein Rapaport y Samuel Epelstein Mussan, participantes de la mayoría de acciones de la compañía, han alcanzado un monto de 650 millones de pesos.
Las acciones de los Epelstein que alimentan la batalla legal al interior de CV Directo incluyen gastos irregulares, operaciones opacas y la obtención de créditos de las instituciones de BBVA y Citibanco, mismos que se hicieron con cargo a la compañía y sin el consentimiento del consejo de accionistas.
Aunado a ello, Luis y Samuel han presionado a la parte minoritaria, con un precio de compra de acciones 60 por ciento por debajo del precio que estaban dispuestos a vender.
Frente a las acusaciones, los Epelstein se han pronunciado, y negaron a La Jornada el fraude y daño patrimonial del cual están siendo acusados. “Es totalmente falso”, aseguran.
La controversia legal de CV Directo: la jueza Malpica, simulación y corrupción
Adicionalmente, aseveraron que han recibido amenazas y las consecuencias de una campaña de desprestigio en los medios de comunicación, sometiéndolos a “procedimientos legales totalmente improcedentes”.
Mientras que los socios minoritarios señalaron su estrategia opaca y corrupta, la parte mayoritaria presume transparencia. “Quienes iniciaron el pleito legal han estado al tanto de todos los movimientos financieros y administrativos de la empresa”, dicen.
Batalla legal en CV Directo: una historia de corrupción en beneficio de los Epelstein
Al exterior, la justicia mexicana ha demostrado la corrupción que le caracteriza, pues los Epelstein se han visto beneficiados por Rafael Guerra, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en medidas conducidas a través del abogado David Cohen Sacal.
A la historia de impunidad se suma la jueza Magdalena Malpica Cervantes, titular del Juzgado Noveno Civil, quien forma parte de un juicio simulado y manipulado para encubrir el delito empresarial dentro de CV Directo.
En medio de los obstáculos y de la transgresión Estado de Derecho, la facción de la minoría ha tenido que recurrir a instancias internacionales como el Estado Mexicano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto a procedimientos en Estados Unidos, con el respaldo de la Foreing Corruption Practices Act (FCPA).