AMLO y su reforma electoral

Engendrado en la vieja escuela del Revolucionario Institucional, Andrés Manuel López Obrador no niega sus orígenes. Pese a su ya consabido mantra del “no somos iguales”, su estilo de gobernar no es muy diferente al de sus hermanos de padre que también emergieron del PRI: crear una base electoral sustentada en la dependencia de las clases más necesitadas a través de programas clientelares; aplicar el “mayoriteo” en las cámaras para legislar a favor de sus intereses; e incluso el llamado “dedazo” se mantiene con vida, porque aunque haya destapado a tres posibles candidatos, desde ya está claro hacia a donde apunta su índice.

Siguiendo el ejemplo de sus predecesores, el presidente busca retener el poder para sí y para los suyos. Seis años no es suficiente para terminar de romper el país, ya desaparecieron un alto número de los organismos autónomos, ya se desacreditó a las organizaciones de la sociedad civil, ya se extinguieron los fideicomisos que daban soporte a muchas instituciones para no depender de un paternalismo gubernamental que no mira de igual manera a todos sus hijos, el presidente quiere más y no quiere correr riesgos.

A López Obrador no le gusta el Instituto Nacional Electoral (INE) como está porque no puede meterle mano porque, pese a ser el “rey la de popularidad”, no tiene la garantía de que sus “corcholatas” podrán mantener viva su inercia y eso lo pone de mal humor. Se observa en la virulencia de sus comentarios cuando se refiere a los “privilegios” de quienes trabajan para el organismo.

Pero el presidente es predecible, su lógica es siempre la misma, primero desacreditar desde el púlpito matutino, utilizar operadores para ablandar a los legisladores del PRI bajo amenaza de revelar sus secretos más oscuros, para finalmente utilizar como ariete a los incondicionales de su partido en el Congreso quienes aplican el ya mencionado “mayoriteo”.

El presidente quiere una reforma electoral que niegue una lucha de décadas por crear un organismo genuinamente democrático y autónomo, plantea el renacimiento de un organismo regresivo en donde desde el Ejecutivo se definan los quiénes y los cómos, un órgano que centralice las elecciones contraviniendo el federalismo, en donde los consejeros sean electos no por su capacidad sino por una votación en donde la política cuente más que el conocimiento; con un presupuesto que sea insuficiente para garantizar una elección “limpia” en la que todos podamos participar sin la intervención del Estado.

La reforma de AMLO “barre” parejo. Propone desaparecer a los legisladores plurinominales, olvidando que estos representan los intereses de amplios sectores de la población; el Senado se reduce de 128 a 96 senadores y se reduce el número de legisladores locales.

Para hacernos una idea de la “profunda transformación” que nos ofrece el presidente, en la actualidad Morena cuenta con el 55% de los legisladores en la Cámara de Diputados, si desaparecieran los plurinominales tendría el 75% cantidad más que sobrada para hacer cambios constitucionales a placer. En el Senado, Morena tiene actualmente el 59% y sin los plurinominales quedaría en 63%.

Tras la ruptura a la moratoria constitucional promulgada por la oposición en junio podría pasar lo impensable y entonces sí que regresaríamos a un nuevo periodo oscurantista.

El peor enemigo de Morena

Cuando Layda Sansores anunció que tocaba el turno de Ricardo Monreal en su transmisión de redes sociales de Martes del Jaguar, hubo muchas especulaciones de lo que se presentaría, dados los antecedentes del senador zacatecano y sus hermanos, esperándose que la gobernadora campechana se fuera a la yugular de Monreal.

No fue así. Sansores presentó unas conversaciones de WhatsApp entre Monreal y el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, quien debería deshacerse ya de su teléfono celular, y que sólo suman una raya más al desprestigio de ambos tigres; donde lo más preocupante es quién es el responsable de las intervenciones a las comunicaciones de “Alito” y que le hace llegar las grabaciones a la gobernadora, a todas luces ilegales.

Como lo planteó Layda, el pleito es interno y el objetivo es marginar a Monreal de Morena, orillarlo a salirse del partido, justo cuando ya se sentía incluido entre las “corcholatas” y hasta envalentonado con aquello de “caballo que alcanza, gana”. Y para que quede claro de parte de quién, el presidente López Obrador expresó su cariño y respeto por Sansores, al igual que Claudia Sheinbaum, quien está convencida de que Monreal estuvo detrás de la derrota en las elecciones de 2021 en la capital.

Ante una oposición mediocre y alicaída, el peor enemigo de un morenista es otro morenista. Como ejemplo más evidente está el caso de la disputa por la candidatura por Coahuila, entre el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, y el senador Armando Guadiana, quien de paso se va en contra del vocero presidencial Jesús Ramírez.

Pero no es el único, otro que se perfila es en Tabasco, donde hay una confrontación entre los grupos del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien le tiene mucho apego a su tierra, y el de Javier May, titular de Fonatur, quien tiene prisa por terminar el Tren Maya para irse de campaña de gobernador.

El trato a Monreal es mensaje a todos en el partido: quien no se alinee a lo que quiere el presidente, que se vaya. Habrá que ver si los incondicionales, como Layda, le alcanzan a López Obrador para mantener la unidad de Morena al 2024. Es probable que lo logre. Lo que es remoto es que Morena sobreviva a su caudillo.