En junio próximo tendremos presidenta, con “a”, eso ya lo sabemos todas. Lo que no sabemos es cuán profundas y comprometidas serán las políticas públicas a favor de las mujeres, pues la evidencia indica que la llegada femenina a cargos ejecutivos públicos no garantiza una agenda de cambios sustantivos a favor de la equidad e igualdad entre géneros.
En parte por falta de compromiso, y también por factores estructurales que continúan limitando el desarrollo personal de las mujeres en el país.
Sólo el 44.9% de las mexicanas en edad de trabajar están empleadas. Es la tercera tasa de empleo femenino más baja de la OCDE, después de Turquía (28.7%) y Grecia (41.7%); y muy por debajo del promedio general (60.1%). Los hombres mexicanos, por el contrario, tienen tasas de empleo relativamente altas (el 78.5% están empleados), lo que da lugar a una de las mayores brechas de género en el empleo en los países miembros de la OCDE.
Las brechas tienden a aumentar durante los años de formación de la familia, ya que la maternidad tiene hoy efectos negativos sobre la participación de la mujer en la fuerza de trabajo, su remuneración y su progresión profesional. Esto ocurre, sobre todo, cuando la oferta de servicios públicos de calidad para el cuidado infantil no cubre la demanda, como es el caso en México.
De ahí que uno de los mecanimos más relevantes para evaluar por quien votar en junio sea el nivel de compromiso y profundidad que tengan las candidatas a favor de un Sistema Nacional de Cuidados que erradique la percepción de que trabajo y maternidad son incompatibles.
Un alto nivel de compromiso con la inclusión desde una perspectiva estructural que reformule el ecosistema de incentivos a la participación económica femenina, no con dádivas, sino con instituciones que faciliten la incorporación de las mexicanas al mercado laboral para superar pobreza y fomentar movilidad social.
No hay mejor indicador del compromiso político con la prosperidad femenina que este. No hay mayor demanda y presión a ejercer sobre los programas de gobierno que esta.
La agenda debe incluir también una propuesta clara, suficiente y realizable que impulse condiciones laborales más favorables para las mujeres trabajadoras mexicanas y sus familias. Una agenda que replanteé de fondo cómo sí podemos generar poder económico y de consumo en todas. Un verdadero protocolo de inclusión pasa por fortalecer la cartera de las mujeres y el efecto dominó que ello conlleva para el ejercicio pleno de sus libertades.
Derivado se entiende que un Sistema Nacional de Cuidados reducirá la discriminación por maternidad, respaldara la lactancia materna con horarios flexibles y salas adecuadas, y abogará por licencias de maternidad (y también de paternidad) que reflejen las responsabilidades y necesidades familiares.
Abogo porque el gobierno priorice a las mujeres y las madres en el presupuesto de egresos asignando recursos a políticas públicas que realmente las respalden y fortalezcan.
Urge regresar las guarderías infantiles para las madres trabajadoras, urgen políticas más justas para las madres trabajadoras y personas cuidadoras, mejorando progresivamente: prestaciones, licencias, permisos, políticas de conciliación trabajo-familia.
Es urgente que las evaluaciones serias con un enfoque trascendente, como el que realizó Mamá Godín, puedan impulsarse desde lo público para darle visibilidad nacional y local a las buenas prácticas que algunas empresas ya hacen.
Es apremiante tener un ecosistema de cambios profundos que sea abrazado con convicción por un gobierno con relevante vocación humanista que construya país para todos. Un nuevo gobierno que apueste por el Sistema Nacional de Cuidados y los efectos en la productividad de mujeres y de país. Ahí está clara la demanda, ahí está la nueva oportunidad.
