Con el propósito de salvaguardar el patrimonio de las mujeres que son víctimas de violencia, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que adiciona la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El documento que fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, busca que, en el momento en el que se emita la orden jurisdiccional, además de exigir al agresor que desocupe el domicilio que cohabita con la víctima; también se garanticen las obligaciones contractuales respecto a la propiedad; y se imposibilite la venta o renta de los bienes comunes que estén en sociedad conyugal.
Protección de los bienes
Del mismo modo, también se le informará que debe abstenerse de llevar a cabo la enajenación de bienes que tengan en común, incluyendo el menaje del hogar conyugal, es decir, todos aquellos artículos, mercancías, muebles, ropa, libros, libreros, o aparatos electrónicos.
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Lo anterior deberá realizarse conforme a lo establecido en los Códigos Civiles vigentes de las entidades federativas donde se implementen.
Asimismo, se le solicitará una fianza para garantizar que no hará mal uso de los bienes en común de los cuales él tenga la posesión.
El dictamen también expone, que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), fomentar y facilitar que las mujeres víctimas de violencia tengan acceso a programas o créditos para la adquisición o mejoramiento de la vivienda.
Impedir que las mujeres sean chantajeadas
En este contexto, la diputada Itzel Josefina Balderas Hernández del Partido Acción Nacional (PAN), quien promueve esta iniciativa; resaltó que el objetivo de la misma es impedir que los violentadores utilicen la casa o bienes patrimoniales como medio para chantajear a las mujeres que son víctimas.
De igual forma, se busca que, a través de la Sedatu, se otorguen facilidades para que las víctimas de violencia adquieran o mejoren su vivienda.
Balderas Hernández, precisó que, actualmente las órdenes de protección emitidas por un juez o una jueza, permiten frenar la conducta violenta hacia la mujer, sin embargo, la desocupación del domicilio conyugal por parte del agresor resulta insuficiente.
La diputada argumentó que después de abandonar el domicilio conyugal, los violentadores “ponen en venta la propiedad o los bienes, incluyendo el menaje del hogar; con la intención de que las víctimas se sientan atadas o dependientes de sus agresores por miedo a perder su vivienda o patrimonio”.
Finalmente, resaltó que existe una deuda histórica con las mujeres en México y con este dictamen se busca resarcir una mínima parte de las injusticias que viven.
“Hay mucho por legislar en favor de la mujer. Estamos obligadas y obligados a garantizar a las mujeres mexicanas el acceso a la justicia”, concluye.
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