Ante las denuncias realizadas por parte de las minorías hindúes y cristianas sobre el incremento de los secuestros de niñas y adolescentes que son forzadas a contraer matrimonio a temprana edad, un grupo de expertos de Naciones Unidas exigió a las autoridades de Pakistán que, a la brevedad, tomen las medidas necesarias para frenar los matrimonios infantiles y las conversiones religiosas forzadas.
De acuerdo con diferentes medios, el grupo de Naciones Unidas, señaló estar preocupado por la situación, ya que cientos de niñas de tan solo 13 años de edad están siendo secuestradas y obligadas a casarse con hombres mayores que ellas, y coaccionadas para convertirse al islam; por lo que instó al Gobierno pakistaní a tomar medidas de forma inmediata para prevenir estos actos que vulneran los derechos humanos.
Por otro lado, expresó que es lamentable que el sistema judicial de ese país no apoye a las víctimas, quienes también son amenazadas por grupos fundamentalistas islámicos, a pesar de que la legislación nacional prohíbe estas prácticas.
Violencia de género
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), los matrimonios infantiles forzados y las uniones tempranas son prácticas nocivas que impactan negativamente en el desarrollo integral de niñas y adolescentes, ya que las expone a violencia, embarazos adolescentes y sobrecarga de trabajo de cuidados.
Además, estas prácticas se relacionan con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales y políticas inadecuados, limitados o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes.
Asimismo, impiden que niñas y adolescentes, principalmente de zonas rurales que forman parte de hogares en situación de pobreza y con menor acceso a la educación, alcancen la autonomía física, económica y que participen en la toma de decisiones.
Cabe mencionar que en el 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación de los derechos humanos y una práctica nociva que impide que las personas lleven una vida libre de violencia, y que tiene consecuencias múltiples y negativas para el disfrute de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.
