Por: Nora Ruvalcaba, Senadora de la República Mexicana
En democracia, la confianza no se decreta: se construye. Y se construye, sobre todo, cuando se vigila el dinero público con rigor y sin concesiones.
La próxima designación en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no es un relevo administrativo. Es una definición sobre el tipo de país que queremos en materia de rendición de cuentas.
La ASF audita el destino de miles de millones de pesos del presupuesto federal, revisa transferencias a estados y municipios, analiza megaproyectos, contratos de largo plazo y fideicomisos. Puede promover responsabilidades administrativas y penales. Su titular no solo encabeza una institución técnica: fija el estándar ético de la fiscalización en México.
Por eso, los antecedentes importan. Y pesan.
El caso de la empresa Next Energy en Aguascalientes es un referente inevitable en esta discusión. El proyecto contemplaba compromisos financieros de largo plazo por alrededor de 28 mil millones de pesos.
No es una cifra menor ni abstracta
28 mil millones de pesos equivalen a varios años de inversión social estatal. Representan hospitales regionales, infraestructura carretera estratégica, programas de apoyo productivo, sistemas de agua potable. Son recursos que, de comprometerse bajo esquemas riesgosos o financieramente desproporcionados, limitan la capacidad presupuestal de generaciones enteras.
Cuando una operación de esa magnitud genera cuestionamientos públicos sobre su estructura contractual y su impacto en el erario, el estándar para cualquier designación relacionada con la fiscalización debe elevarse, no relajarse.
Aquí no se trata de descalificar personas. Se trata de proteger las instituciones.
La ASF necesita algo más que solvencia técnica: necesita credibilidad intacta. Porque la fiscalización es, ante todo, un ejercicio de confianza pública. Si quien audita llega con dudas razonables sobre decisiones previas de alto impacto financiero, cada revisión futura se verá filtrada por esa sombra.
México enfrenta un escenario fiscal complejo: presiones en el gasto social, compromisos crecientes en pensiones, proyectos de infraestructura de gran escala y márgenes presupuestales estrechos. En este contexto, la vigilancia del gasto no puede debilitarse ni un milímetro.
La Cámara de Diputados no solo designará a una persona. Definirá el mensaje institucional hacia la ciudadanía: si el estándar será el mínimo legal o el máximo ético.
La rendición de cuentas no es un discurso; es una práctica constante que comienza con decisiones congruentes. Cuando se trata de recursos públicos, la percepción importa tanto como la legalidad. Porque la confianza no solo debe existir: debe sentirse.
El dinero público no admite dudas. Y la institución encargada de vigilarlo tampoco debería admitirlas.
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