Cámaras de Comercio de EU y Canadá piden a AMLO evaluar las consecuencias de la reforma Judicial
Cámaras de Comercio de EE. UU. y Canadá piden a AMLO y Sheinbaum reevaluar la reforma judicial por su impacto en la inversión.
Las Cámaras de Comercio de Estados Unidos y Canadá han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno entrante de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que reconsideren las implicaciones de la reforma judicial recientemente propuesta. La preocupación se centra en los posibles efectos negativos sobre la inversión extranjera y el ambiente de negocios en México.
A través de comunicados por separado, ambas organizaciones compartieron su inquietud por la reforma judicial, que, según ellas, representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia en el país.
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¿Qué expresaron ambas cámaras de comercio?
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La Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), mediante un comunicado, expresó la preocupación de la comunidad de negocios e inversores de capital canadiense sobre la iniciativa constitucional para reformar el Poder Judicial y la desaparición de diversos órganos autónomos.
“CanCham reitera su compromiso, impulsado desde hace más de 42 años, en la promoción de comercio e inversión entre México y Canadá, y está convencida del inmenso potencial que la sociedad de Norteamérica ofrece a México en los más variados sectores para su modernización e integración creciente”, informó la Cámara.
Por su parte, la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham) emitió un comunicado señalando que, en toda democracia, el camino para fortalecer el Estado de Derecho debe ser evaluado, debatido y enriquecido. “Nuestra Cámara ha analizado a fondo la reforma judicial y ha compartido recomendaciones con el gobierno actual.”
No obstante, ambas cámaras comparten la visión de una integración México-EE. UU. defendida por el embajador Ken Salazar, que busca transformar la región en un ejemplo de prosperidad económica. “Como empresas inversoras en México, generando millones de empleos durante décadas pasadas y futuras, vemos en la reforma judicial riesgos en su independencia y un potencial retraso en la profesionalización de la justicia especializada, un incremento en costos, una reducción en la efectividad del sistema judicial y la generación de incertidumbre para la inversión”, concluyeron.