CIDH advierte afectaciones en la independencia jurídica tras la aprobación de la reforma judicial

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su preocupación ante la aprobación del proyecto de reforma constitucional al Poder Judicial, argumentando que podría traer posibles impactos en el derecho de acceso a la justicia, con las garantías de independencia judicial y en la vigencia del Estado de Derecho.

De acuerdo con su comunicado, detalló que “la CIDH reconoce la importancia de una reforma que fortalezca el sistema judicial en México”. Sin embargo, la comisión informó que ha recibido cuantiosa información de parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadoras de justicia sobre las posibles afectaciones que puedan derivar de esta reforma constitucional.

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Preocupación de la CIDH por la reforma judicial

La reforma al Poder Judicial dará paso a la elección popular de jueces, magistradas y ministras del país, ejecutándose en fases entre 2025 y 2027, por lo que la CIDH compartió que “se llamó la atención respecto a lo precipitado de las profundas modificaciones, que podrían tener consecuencias negativas para las garantías de idoneidad y acceso meritocrático a la carrera judicial”.

La Comisión Interamericana expresó que una reforma constitucional de esta envergadura debe conducirse en el marco de un diálogo amplio y debidamente informado. Además, señaló que “en todo caso, una reforma comprensiva del sistema judicial debería abarcar a otras instituciones encargadas de la impartición de justicia, como la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales y las defensorías públicas”.

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Garantías para la independencia

La comisión argumentó que en su informe sobre las “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia”, señaló que “un proceso adecuado de nombramiento y selección constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las personas operadoras de justicia”.

Por otra parte, refirió que “los procesos de selección de las autoridades disciplinarias de la judicatura también deben revestir las garantías de independencia”.

Finalmente, la CIDH enfatizó e instó a las autoridades del Estado a asegurar que toda reforma judicial se realice de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos sobre independencia judicial y acceso a la justicia, y que responda a las necesidades de una justicia expedita y efectiva para su población, sin discriminación.

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