La mayoría calificada, con los de siempre

Conseguir sólo tres votos en el Senado para que Morena y aliados lograran la mayoría calificada en esa Cámara no se veía en absoluto remoto, lo más difícil es que no lo lograran. Este lunes, el futuro coordinador de senadores del Verde, Manuel Velasco, sin precisar intencionalmente, declaró que no les faltan senadores, se está dialogando con todos, y hay una posibilidad muy amplia de lograr la mayoría calificada para aprobar la reforma judicial, misma que fue aprobada ese día, lista para irse al pleno el próximo mes.

De inmediato el foco se dirigió a los dos senadores del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino, quienes no quisieron hacer declaraciones al llegar a registrarse a la Cámara, aumentando las especulaciones. El exhorto a mantener la congruencia de Jesús Zambrano a sus correligionarios se vio más como una confirmación del inminente bandazo, lo cual seguramente abaratará las negociaciones con otras fuerzas para obtener el voto faltante, o hacer los ajustes aritméticos con ausencias a la hora de votar, según sea el caso.

Mientras la atención se concentró en los legisladores del PRD, nadie pensó que el diálogo abierto con todos del que hablaba Velasco pudiera incluir a PRI o Movimiento Ciudadano, partidos que en la actual legislatura ya han votado junto con la mayoría de Morena, Verde y PT. Para facilitar las cosas, Manuel Añorve y Clemente Castañeda se mantienen como coordinadores de sus respectivas bancadas, por lo que “ya se la saben”, como diría el clásico asaltante de microbús.

Es decir, lo único que puede impedir que Morena y compañía no lograran la mayoría cuando quisieran, sería que sus propios aliados se desentendieran, porque PRI y MC siempre dispuestos a negociar.

Inundaciones de Tabasco

A pesar de que Tabasco es, junto con Chiapas, de las entidades menos afectadas por huracanes, es un estado con recurrentes inundaciones, evidente en la ciudad de Villahermosa y, más recientemente, en las obras de la refinería de Dos Bocas, ubicada en el municipio de Paraíso. Algunos han atribuido el problema al desfogue de las presas, lo cual no es así, de acuerdo a Humberto Marengo Mogollón, subdirector General Técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En su participación en los “Diálogos con ingenieros” en el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el cual preside Mauricio Jessurun, el doctor Marengo explicó que Tabasco ha sufrido 28 grandes inundaciones en los últimos 152 años, lo cual demuestra que había inundaciones desde antes de que se construyeran las presas hace casi 60 años, y seguirán habiendo. Asimismo, antes de las presas, se presentaban inundaciones un promedio de una cada 5.4 años, mientras que ahora son cada 7.2 años. Cabe señalar que, de los 461 mil 640 millones de metros cúbicos del total agua renovable del país, alrededor de 125 mil millones corresponden al río Grijalva.

El funcionario de Conagua dijo que las presas son fundamentales para el almacenamiento del agua y para la generación de energía eléctrica, por lo que la alternativa es tener más y mejores presas. Tan sólo el sistema de pesas del Grijalva-Usumacinta genera el 50 por ciento de la energía hidroeléctrica de México, por lo que tanto Tabasco como Chiapas necesitan un plan hidráulico integral.

Por favor… más ideas y menos ocurrencias

Conforme avanzan los trabajos para la aprobación de la reforma al Poder Judicial, parece ser más claro que nos encontramos en una vorágine que terminará por ahogar a los millones de mexicanos que requerimos de un sistema de justicia sólido que responda “seriamente” a las necesidades de un país que representa a la economía número 14 en el mundo, el número 13 en exportaciones y el décimo más poblado. Una responsabilidad inmensa para un legislativo al que parece haberle quedado grande el paquete y que, muy lejos de pensar en las necesidades de una nación descompuesta, se encuentra empeñado en satisfacer los afanes de su caudillo.

A la inexperiencia que habrán de aportar la mayoría de los interesados a ocupar un puesto de juzgador, habrá que sumar su falta de excelencia académica, un ocho de promedio será suficiente para aplicar al cargo, el mínimo que pide el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac o el Instituto Politécnico Nacional para aceptar el ingreso de un alumno; las recomendaciones del vecino (y si es militante de Morena mejor todavía), además de la rifa o insaculación como prefieren llamarle elegantemente los legisladores.

Pero como todas estas barbaridades no parecían suficientes, el trasnochado oficialismo busca retomar una idea que permeó en los años 90 en Colombia para “proteger” a los juzgadores de los narcoterroristas que asolaron al país durante la era de Pablo Escobar. Se trata de los llamados “jueces sin rostro”, básicamente magistrados que operaban bajo las sombras, en pro de resguardar su seguridad y la de sus familias, y que por lo mismo actuaban con una total opacidad, lo que terminó por generar más problemas que soluciones.

La idea no es nueva en nuestro país. En la última década, tras el asesinato de dos juzgadores se planteó esa posibilidad que jamás prosperó debido, entre otras cosas, a que representa una capitulación del Estado que se ve debilitado al tener que ocultar la cara para imponer el respeto a sus leyes; porque contradice al nuevo sistema de justicia penal que busca una impartición de justicia abierta, de cara a la ciudadanía, en donde el transgresor escuche de frente a un juez de que se le acusa y, en su caso, cuál es la sentencia que amerita; por la falta de transparencia que facilitaría la infiltración de grupos criminales que se perderían en el anonimato.

La experiencia internacional demostró que la calificación de “sin rostro” era sólo un decir, no era difícil para las redes delincuenciales rastrear quién se encontraba detrás del escritorio. En contra, los organismos de derechos humanos tanto locales como globales recibieron decenas de denuncias de detenciones injustificadas con juicios sumarios a inocentes, quienes nunca conocieron a su acusador y por lo mismo fueron incapaces de identificar a sus verdugos.

Quizá lo único de bueno que tenga la propuesta es el reconocimiento tácito de la administración de que el Estado no ha tenido la capacidad para proteger a esos juzgadores, muchos de los cuales viven bajo el constante asedio de delincuentes comunes y narcotraficantes, y a los que no se ha cansado de tachar como corruptos.

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