México necesita certidumbre para la inversión en el sector energético: IMCO
México debe ofrecer certidumbre jurídica para atraer inversiones, asegura el IMCO, destacando riesgos de la reforma energética.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advirtió que México enfrenta serios retos en materia de seguridad y transición energética, destacando que la demanda eléctrica crece más rápido que la capacidad de generar energía. A pesar de los compromisos internacionales en materia de energías renovables, estas no se han desarrollado al ritmo necesario, mientras que las redes eléctricas han sufrido de una crónica falta de inversión.
El IMCO señaló que “México necesita certidumbre para la inversión en el sector energético”, esto debido a que “las inversiones en el sistema eléctrico están lejos de las necesidades del país dado el crecimiento de la demanda.” Esto ocurre en un contexto de finanzas públicas presionadas, lo que obliga al sector energético a “aprovechar todas las posibilidades de financiamiento público y privado.”
En cuanto a la reforma constitucional en materia energética que se votará, el IMCO destaca que pretende plasmar en la constitución que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga prevalencia sobre sus contrapartes privados en el sector eléctrico. Además, que pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 de la constitución.
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IMCO: Reformas energéticas y riesgos para la inversión
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De acuerdo con IMCO, el debate en el congreso de la Unión deberá considerar todos los riesgos potenciales que conlleva los cambios constitucionales. Sin embargo, el IMCO destaca implicaciones para la política energética.
Incertidumbre jurídica: Podría enviar un mensaje de inestabilidad legal, afectando no solo al sector energético, sino a toda la economía, cuestionando el compromiso del Estado con el Estado de derecho.
Desincentivación de inversiones: Limitar la entrada de nuevos jugadores en el mercado de generación eléctrica afectaría la eficiencia y aumentaría los costos. Las inversiones en generación han caído drásticamente, de 54.5 mil millones de dólares (2013-2018) a solo 13.4 mil millones de dólares (2019-2024).
Impacto en la transición energética: Favorecer a la CFE por motivos políticos podría tener un impacto negativo en la transición energética al frenar las inversiones privadas en energías renovables.
Financiamiento de infraestructura: Limitar la inversión privada en transmisión y distribución eléctrica (asociaciones público-privadas o instrumentos financieros como los CKD, Cerpi o Fibra E) forzaría a la CFE a financiar toda la modernización, lo cual es crítico debido a la subinversión en redes.
Pérdidas económicas: Transformar a Pemex y la CFE en empresas sin fines de lucro permitiría que operen con pérdidas, afectando gravemente las finanzas públicas.
IMCO concluyó que el Gobierno Federal debe de mandar un mensaje de compromiso con el Estado de derecho y la certidumbre jurídica. Además que de aprobarse, el Poder Legislativo deberá estar especialmente cuidando la redacción plasmada en la legislación secundaria, mitigue en la medida de lo posible en riesgos, para que las empresas públicas no vayan en deterioro en las posibilidades del país, para generar, atraer y retener inversionistas y talento.