En el contexto de los cambios políticos y económicos en México, la administración de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha lanzado una reforma en el sector eléctrico que busca transformar la manera en que se genera y distribuye la energía en el país.
Esta reforma desmantela la hecha por el presidente Enrique Peña Nieto y es parte de un marco más amplio de cambios impulsados por la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien ha mostrado un fuerte interés en fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y replantear la política energética nacional. Desde la apertura del sector a la inversión privada en 2013, han habido controversias sobre la competitividad del mercado, las tarifas eléctricas y el acceso a la energía.
Uno de los pilares de la reforma es devolver a la CFE su rol preeminente en el sector eléctrico. La propuesta incluye medidas que limitan la capacidad de las empresas privadas para operar en el sector, priorizando la generación y distribución de energía por parte de la CFE, aunque esto no significa que evite la inversión privada ni extranjera.
A pesar de su enfoque en la CFE, la reforma busca garantizar la transición hacia fuentes de energía más sostenibles. Se promueve el uso de energías renovables, pero dentro de un marco en el cual la CFE controla la mayoría de la generación.
Un objetivo crucial es garantizar que todos los mexicanos tengan acceso a electricidad, especialmente en comunidades marginadas. La reforma propone subsidios y tarifas accesibles para poblaciones vulnerables.
La administración de Sheinbaum argumenta que la reforma ayudará a estabilizar las tarifas eléctricas, que han sido objeto de críticas por sus variaciones en los últimos años, afectando a los consumidores y a los sectores productivos.
Sin embargo, no hay que desestimar las implicaciones que esta reforma tiene en la confianza de los empresarios, aunque la centralización de la generación eléctrica podría reducir la dependencia de capital extranjero y mantener los recursos energéticos bajo control estatal.
En cuanto a impacto ambiental, se espera que un ordenamiento más estructurado de la generación y distribución de energía permita impulsar proyectos de energías renovables y, potencialmente, reducir la huella de carbono del país; los opositores al cambio han señalado varios riesgos, como que podría desincentivar la inversión privada, disminuir la competencia y, como consecuencia, afectar la calidad del servicio y las tarifas.
A esta contrarreforma se enfrenta también a un panorama de descontento social por los posibles aumentos en la carga fiscal y la inseguridad jurídica que pueden surgir de la falta de claridad en el marco para las inversiones privadas.
Su primera prueba será superada en el Congreso, pero qué dirán sobre esto nuestros socios comerciales, pues sus intereses pueden verse afectados y las reglas de operación del T-MEC indudablemente han sido violadas ¿Qué debemos esperar: diálogo o represalias?
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Renunciar a “un montón de dinero”
Finalmente, antes de cumplirse el plazo del 31 de octubre, los ocho ministros que no participarán en el proceso electoral de la Suprema Corte, entregaron su renuncia al Senado para ser efectiva con fecha 31 de agosto de 2025. Las tres restantes -Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres-, participarán en la elección de ministros. Cómo estarán las cosas que, con todo el escándalo de su tesis, Esquivel se ufana que buscará la presidencia del nuevo Poder Judicial.
Aquellas renuncias que para algunos fueron un acto de dignidad, tienen poco de eso. Es el simple cumplimiento del ordenamiento legal contemplado en la reforma judicial aprobada, y que es aplicable para que los togados salientes se vayan con sus haberes, con “un montón de dinero” a decir de la presidenta Sheinbaum, pero que es a lo que tienen derecho, lo cual no impide que se salven del escarnio público de la 4T.
En medio de versiones respecto a que la ministra presidenta Norma Piña presentaría su renuncia después de la fecha límite para no ser beneficiaria de sus haberes de retiro, sólo una de los ocho se atrevió a dar el paso: Margarita Ríos Farjat.
Independientemente de que su edad le permite tener un buen panorama laboral, renunciar a una pensión sustanciosa como una forma de rechazo a los términos de la reforma judicial para donarla a niñas y niños en situación vulnerable es una decisión esa sí, digna y que le da una calidad moral que no tendrán ninguna ni ninguno de sus pares en lo que resta de lo que queda de tiempo a la actual Suprema Corte, empezando por la sesión del 5 de noviembre, donde se analizará el proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reforma judicial.
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