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En el tablero del poder corporativo en México, pocos jugadores dominan el arte de la provocación y el litigio con la maestría de Ricardo Salinas Pliego. Lo que para cualquier mortal sería una pesadilla financiera, una montaña de deudas fiscales y reclamos de bonistas internacionales, para el dueño de Grupo Salinas parece ser simplemente otro lunes en la oficina.
La estrategia es tan audaz como sistemática: retardar, agotar y amparar. La reciente maniobra de TV Azteca para refugiarse en la Ley de Concursos Mercantiles no es un grito de auxilio, sino un movimiento táctico de ajedrez. Al declararse en este estado, la empresa busca un “paréntesis” legal que suspenda las ejecuciones de deuda.
Lejos de ser una admisión de derrota, es una herramienta para frenar el cobro inmediato de los acreedores (especialmente los fondos de inversión de EEUU), forzar una quita o condonación de intereses, apostando al “desgaste” de quien presta y mantener el control operativo, asegurando que el timón de la televisora no cambie de manos mientras se dirime el pleito.
Si con la administración de López Obrador hubo una guerra de declaraciones y “abrazos” fiscales no correspondidos, con el gobierno de Claudia Sheinbaum la narrativa parece subir de tono. Salinas Pliego no solo pelea por dinero; pelea por demostrar que su hegemonía está por encima de los ciclos sexenales.
Al utilizar el amparo como una extensión de su voluntad, el empresario envía un mensaje claro a Palacio Nacional: la ley es interpretable y el tiempo es su mejor aliado. No se trata solo de evitar sanciones, sino de burlarse de la capacidad coercitiva del Estado, sugiriendo que, sin importar quién porte la banda presidencial, su imperio es inexpugnable.
El peligro de este modelo no radica solo en los miles de millones de pesos que dejan de entrar a las arcas públicas, sino en el precedente. Si el sistema judicial permite que el concurso mercantil se convierta en una guarida para evitar responsabilidades fiscales, la señal para el resto del sector empresarial es devastadora: pagar impuestos es opcional si tienes suficientes abogados y canales de televisión.
Al final del día, mientras los procesos legales duermen el sueño de los justos en los tribunales, Salinas Pliego sigue operando, adquiriendo y, sobre todo, opinando. La pregunta no es si puede pagar, sino si existe en México la voluntad política y judicial para obligarlo a hacerlo.
¿Gasolinazo por Irán?
Alrededor del 20 por ciento del petróleo que se consume en el mundo, pasa por el Estrecho de Ormuz, el cual está bloqueado por Irán, afectando el abasto a varios países, principalmente de Asia, además del mercado mundial, con alzas en los precios del petróleo y la incertidumbre de cuánto pueda durar el conflicto.
Se discute si esto provocará un alza en el precio de la gasolina en México. Hay tres elementos para desestimar esa posibilidad, por lo menos en este semestre. El primero es, precisamente que el pacto con los gasolineros para mantener el precio de la magna se revisan sus condiciones cada seis meses, siendo la siguiente en julio.
El segundo, es la prioridad que se ha dado al consumo interno del petróleo, con el consecuente aumento en la producción de gasolinas; precisamente el año pasado, Pemex produjo un promedio de 908 mil barriles diarios de gasolinas, diésel y turbosina, entre otros combustibles, el nivel más alto en 20 años.
El tercero lo refirió la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera de este miércoles, y es la posibilidad de aplicar un subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), para reducir el impuesto y no se afecte al consumidor. La alternativa se ve como para un escenario de conflicto prolongado que mantenga encarecido al mercado, no para aplicarse en los próximos cinco meses, aunque será tiempo suficiente para ver cómo evoluciona el escenario y determinar si se procede o no y en qué plazo.
Cabe recordar que en las negociaciones de principios del año pasado entre gobierno y gasolineros para establecer el precio fijo de la gasolina, a pesar de los argumentos y solicitudes de los empresarios para bajar el IEPS, la parte gubernamental no se movió ni un ápice, reduciéndoles el margen de ganancia sin perder en la recaudación. Entonces, y salvo que algo muy grave ocurra, todo indica que habrá magna a 24 pesos por lo menos hasta julio.
El “no” de España a una guerra sin aval internacional
La confrontación bélica que vive Irán con Israel y Estados Unidos empezó a reavivar otras “pequeñas” guerras. La relación entre el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente norteamericano, Donald Trump, atraviesa uno de sus momentos tensos. El discurso pronunciado el miércoles en la tarde por el mandatario ibérico no dejó lugar a la ambigüedad: España —dijo— no autorizará el uso ofensivo de su territorio para una acción militar contra la República Islámica si esta no cuenta con el aval explícito del derecho internacional y de los mecanismos multilaterales.
El núcleo del conflicto se puede observar desde dos ángulos distintos, el estratégico y el jurídico. Mientras para Washington la utilización de infraestructuras aliadas agiliza despliegues y reduce tiempos logísticos, para Madrid, permitir que las instalaciones se empleen en un ataque sin mandato internacional implicaría asumir una corresponsabilidad política y jurídica con la que no quiere cargar, sobre todo, a espaldas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Son dos las bases en las que Estados Unidos tiene presencia en España: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón de la Frontera. Rota alberga cuatro destructores del sistema Aegis, integrados en el escudo antimisiles de la OTAN y constituye una pieza crítica en la arquitectura del flanco sur europeo. Morón ha servido como plataforma logística para operaciones en África y Medio Oriente. En conjunto, miles de efectivos estadounidenses se alternan por esas instalaciones, que además generan un impacto económico significativo en sus regiones. Sin embargo, el marco jurídico —heredero de los pactos de Madrid de 1953 y sus actualizaciones— establece que el uso de las bases se realiza bajo soberanía española y conforme a acuerdos bilaterales específicos, por lo que España no está cometiendo ninguna acción ilegal.
Aquí cabe un paréntesis para dimensionar la diferencia abismal entre ambos países. Mientras Estados Unidos destina más de 800 mil millones de dólares anuales a la defensa, España invierte poco más de 20 mil millones, alrededor de 1.4% de su PIB, por debajo del objetivo de 2% fijado por la OTAN. En términos comerciales, el intercambio bilateral ronda los 50,000 millones de dólares con un superávit favorable a los norteamericanos. Para España, Estados Unidos representa entre el 4% y el 5% de su comercio exterior; para Washington, España es un socio relevante pero intermedio dentro del mercado de la Unión Europea. Es decir, el daño potencial de una ruptura sería serio, pero no catastrófico, y además estaría condicionado por la normativa europea.
En el momento en que Trump amenaza con represalias comerciales por la negativa española a facilitar operaciones contra Irán, evidentemente entramos en una dimensión política difícil de sostener jurídicamente. Puede recurrir a instrumentos ejecutivos para imponer aranceles o restricciones, pero una ruptura diplomática formal o un rediseño estructural de la relación comercial implicaría marcos legales complejos y la intervención del Congreso de los Estados Unidos.
Sánchez se fortalece frente a su electorado y lo sabe. Aplica una fórmula sencilla: defensa de la soberanía, apego al derecho internacional y rechazo a una guerra con Irán sin aval multilateral. Su narrativa conecta perfectamente con otros momentos históricos, como el referéndum de 1986 sobre la permanencia de la OTAN, donde la cuestión de las bases y la autonomía estratégica ya dividía a la sociedad española. A nivel europeo España se alinea con quienes abogan por una política exterior menos subordinada a las decisiones unilaterales de Washington.
España no está abandonando a la OTAN ni rompiendo con Estados Unidos; está marcando un límite concreto ante acciones militares contra Teherán. Trump mide fuerza y cohesión aliada; Sánchez mide legitimidad jurídica y respaldo interno. La elección está abierta: legitimidad frente a fuerza. Y cuando ambas se tensionan, no siempre gana quien tiene más poder, sino quien logra sostener mejor sus principios sin romper los puentes que afirma defender.
El crédito automotriz: entre el riesgo y la inclusión
En 2025, entre el 77% y el 80% de los autos se comercializaron mediante financiamiento. El crédito automotriz se consolidó como el principal motor de ventas tanto de vehículos nuevos como seminuevos, y todo apunta a que esta tendencia continuará en 2026. Los principales beneficiados son consumidores con ingresos fijos, profesionistas en etapa de crecimiento y usuarios que aprovechan productos financieros flexibles y digitales para acceder a mejores condiciones, ya sea en autos nuevos o seminuevos.
Para los otorgantes, instituciones financieras y plataformas digitales, el mercado está favoreciendo a quienes comprenden mejor los perfiles de sus clientes. Aquellos que integran modelos que van desde el crédito tradicional hasta esquemas híbridos como el leasing están logrando ampliar su base sin deteriorar la calidad de la cartera. Porque hoy no se trata solo de colocar más créditos, sino de colocarlos con mayor precisión y sostenibilidad.
El reto estratégico persiste en los segmentos que exigen mecanismos más sofisticados para incorporar a quienes aún no cumplen con el perfil crediticio tradicional, pero demuestran capacidad de pago comprobable. En un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, quien logre equilibrar inclusión financiera, rentabilidad y una gestión prudente del riesgo no solo ganará participación de mercado, sino que marcará el rumbo del financiamiento automotriz en los próximos años.
La revolución patrimonial femenina
En México está ocurriendo una transformación silenciosa que no siempre ocupa las primeras planas: la revolución patrimonial femenina. Hoy, el 33% de los hogares del país —más de 11 millones— son encabezados por mujeres y el 41% de las hipotecas están a su nombre. No es un dato menor: es una señal de que las mujeres no solo sostienen la economía cotidiana, sino que están tomando decisiones estructurales de largo plazo.
Pero esta realidad convive con una contradicción profunda: las mujeres ganan en promedio 34% menos que los hombres, ocupan solo una cuarta parte de los cargos directivos en el sector financiero y apenas 15.9% de los puestos en constructoras ¿Cómo se explica que, enfrentando brechas salariales y techos de cristal, estén asumiendo una parte cada vez más relevante del mercado hipotecario?
La respuesta apunta a una combinación de resiliencia, necesidad y visión estratégica. Para millones, adquirir una vivienda no es solo cumplir una meta personal; es blindarse frente a la vulnerabilidad económica, asegurar estabilidad para sus familias y construir autonomía en un entorno laboral todavía desigual.
La pregunta incómoda es si el sistema financiero está diseñado para acompañar esta nueva realidad o si se beneficia de ella sin transformarse ¿Existen productos crediticios adaptados a trayectorias laborales intermitentes? ¿Se reconoce la diversidad de modelos familiares encabezados por mujeres? Si no se ajustan las reglas del juego, el discurso de inclusión corre el riesgo de convertirse en retórica.
En ciudades como la Ciudad de México, la ubicación se vuelve una variable de poder. Vivir cerca del trabajo, en entornos seguros y conectados, impacta directamente en la productividad, el ingreso y la calidad de vida. La vivienda vertical bien ubicada —como la que propone University Tower dentro de este nuevo panorama urbano— no solo representa plusvalía, significa tiempo recuperado, menor riesgo y mayor capacidad de decisión sobre la propia agenda. Para muchas mujeres, eso es parte esencial de su estrategia patrimonial.
Cerrar la brecha de género en el acceso a vivienda no es un gesto simbólico, es una estrategia económica nacional. Si las mujeres ya son un motor de más de 90 mil millones de pesos al año, la pregunta es cuánto más podría crecer México si el ecosistema financiero, urbano y empresarial estuviera realmente alineado con su potencial.
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