Por Miguel Tello
¿De qué sirve que una economía crezca si sus beneficios no llegan a quienes más los necesitan? Durante décadas, el debate económico se concentró en la estabilidad de los mercados, la disciplina fiscal y la atracción de inversiones. Son indicadores importantes, pero insuficientes para medir el desarrollo si no se considera cómo vive la población.
Las experiencias de España, México, Brasil y Portugal permiten ampliar esta discusión. Pedro Sánchez, Andrés Manuel López Obrador, Luiz Inácio Lula da Silva y António Costa gobernaron en contextos distintos, pero compartieron una prioridad: colocar el bienestar de los sectores más vulnerables en el centro de las decisiones públicas.
En España se fortaleció el salario mínimo, se impulsaron reformas laborales y se ampliaron los mecanismos de protección social. México registró una recuperación significativa del salario mínimo, fortaleció las pensiones para adultos mayores y logró una reducción histórica de la pobreza. Brasil avanzó en el combate al hambre y amplió las transferencias sociales, mientras Portugal mejoró los ingresos laborales y registró avances en empleo y reducción de la exclusión social.
Estos resultados muestran que la política económica puede incorporar objetivos de justicia social sin renunciar al crecimiento. No significa que los cuatro gobiernos hayan aplicado las mismas medidas ni que sus administraciones estuvieran exentas de dificultades, sino que existen alternativas para atender la desigualdad desde la acción del Estado.
Durante mucho tiempo se presentó como inevitable una elección entre estabilidad económica y bienestar. Sin embargo, la pobreza también tiene costos: limita las oportunidades educativas, deteriora la salud, reduce la productividad y dificulta el desarrollo de las siguientes generaciones.
Por eso, discutir la sostenibilidad de las políticas sociales exige considerar tanto su financiamiento como las consecuencias de mantener a millones de personas sin ingresos suficientes ni oportunidades de desarrollo. La responsabilidad fiscal y la justicia social no tendrían por qué ser objetivos contrapuestos.
La continuidad de esta agenda tampoco debe entenderse como nostalgia o fidelidad a un líder. Los avances sociales pueden perderse cuando cambian las prioridades gubernamentales y se debilitan los mecanismos de protección de quienes más los necesitan.
En México, el desafío es consolidar lo alcanzado y acompañarlo de mejores servicios públicos, empleos de calidad y oportunidades para las nuevas generaciones. Defender las políticas de bienestar también implica evaluarlas, corregir sus deficiencias y garantizar que produzcan resultados.
La pregunta de fondo no es si debemos elegir entre crecimiento económico y justicia social, sino cómo conseguir que ambos avancen juntos. El verdadero progreso debe reflejarse en el ingreso de los trabajadores, la seguridad de los adultos mayores y las oportunidades de las familias.
Esa es la agenda que vale la pena seguir construyendo: una en la que el éxito económico también se mida por el bienestar de las personas.
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