A principios de marzo, autoridades municipales del sur de Veracruz se quejaron por la presencia de chapopote en las playas, afectando a la fauna, manglares, lagunas, así como actividades como pesca y turismo.
A pesar de ello, ninguna autoridad federal ni estatal acudió a atender a los afectados, menos aún a explicar el origen del desastre. Unos días después, fueron las autoridades de Tabasco las que presentaron una denuncia ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) por la presencia de hidrocarburo en sus costas.
El caso fue intrascendente en medio de otras noticias relevantes del sector energético, particularmente el alza del precio del petróleo con la guerra en Irán, la ratificación del acuerdo gasolinero y hasta los XV años de la hija del empresario petrolero tabasqueño. Como nadie sabía de dónde provenía o qué había provocado la presencia del hidrocarburo, y menos que alguien estuviera investigando, parecía que la apuesta era que no pasara a mayores.
Fue como 10 días después que Pemex dijo que el chapopote no correspondía a sus operaciones pero, generosamente dirían, tomaría acciones responsables y solidarias en apoyo al medio ambiente y a las comunidades costeras.
De paso, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, comentó que se trataba de un derrame de crudo en las costas de ese estado, originado por un barco de una empresa petrolera privada que no trabaja con Pemex, que opera en el litoral de Tabasco y, para más señas neoliberales, cuya concesión se otorgó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un par de días después, corrigió y dijo que las autoridades serían las que determinen el origen y responsabilidad.
A 20 días de registrado, grupos ambientalistas hablan de un derrame de 630 kilómetros de litoral, lo cual da una idea de extensión, pero no de cantidad. No se trata de desacreditar sino de dimensionar de qué estamos hablando y que fue lo que, todo indica, no se atendió oportunamente. El problema es que del lado oficial nadie ayuda a entender qué sucedió.
Evidentemente alguien no hizo la tarea de investigar de inmediato y recabar las pruebas necesarias, porque apenas ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de un grupo interinstitucional -Marina, Semarnat, Profepa, Pemex, ASEA y FGR-, donde se espera que se pueda determinar el origen del derrame con todo y el nombre de la empresa privada responsable pues, de acuerdo a la presidenta, Profepa no la tiene del todo identificada.
Extraño que no se diga el nombre, tratándose de una tendencia de los gobiernos de la 4T de evidenciar y hasta difamar a cualquiera en la mañanera, sea probable responsable o no, y a pesar de que el 16 de marzo pasado, Ricardo Raphael, en su columna de Milenio, reveló que muy probablemente se trata de un barco de ENI, la petrolera italiana, lo cual nadie ha confirmado ni desdicho.
La indolencia apunta a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la cual tenía por lo menos una denuncia de las autoridades tabasqueñas desde principios de mes, donde Rebeca Olivia Sánchez Sandín no llegó a cobrar su tercera quincena, y fue sustituida por Andrea González Hernández. Curiosamente, ambas provenientes de la Profeco, donde Sánchez Sandín fue subprocuradora de Servicios, y González subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza. Ojalá que ahora sí funcione la recomendación de Iván Escalante.
SAT: entre la fiscalización y la sospecha
Hay algo que suena desafinado en la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de revocar la autorización a más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil para recibir donativos deducibles.
Para estas agrupaciones, la deducibilidad no es simplemente un pormenor fiscal; es la columna vertebral de su financiamiento. Sin este incentivo, donar se vuelve más caro, menos atractivo y, en muchos casos, deja de ocurrir. El efecto no es inmediato, pero sí inevitable: menos recursos, menos programas, menos alcance. Es un rayo silencioso que termina dejando huecos en lugares muy concretos, sobre todo en temas que incomodan al Estado: derechos humanos, violencia de género, acompañamiento a víctimas, vigilancia del poder.
El SAT, por supuesto, tiene su propia versión. Habla de incumplimientos, de reglas que no se respetan, de la necesidad de poner orden en un sistema donde han habido abusos, argumentos todos respetables. Nadie puede defender un esquema que permita simulaciones o privilegios fiscales disfrazados de filantropía. Porque sí, la ley permite cancelar autorizaciones, pero no obliga a hacerlo de forma automática ni indiscriminada.
Ahí empieza el problema: lo que estamos atestiguando no es un proceso gradual —advertir, corregir, sancionar—, sino una lógica mucho más abrupta: incumples, sales. Y es ahí en donde se está perdiendo la proporcionalidad. No es igual una organización que omitió un reporte a una que desvió recursos. En la práctica, ambas pueden terminar con la misma sanción. Una “simplificación administrativa” demasiado conveniente.
Otro de los cuestionamientos recae sobre la discrecionalidad. Muchas de las causales de revocación son lo suficientemente amplias como para permitir diferentes criterios de aplicación. “Incumplimientos”, “inconsistencias”, “irregularidades”. Conceptos válidos, pero también abiertos. Si a esto agregamos que no hay explicaciones detalladas caso por caso, lo que queda es un terreno fértil para la sospecha. Y no es que necesariamente haya una intención política en todos los casos; lo que sí hay con toda certeza es un diseño que permite que la haya.
En un tono bastante fuerte, Amnistía Internacional criticó la decisión, sugiriendo que, bajo el discurso de la transparencia, se termina restringiendo el margen de acción de la sociedad civil. Y no hablamos de una teoría; es un patrón que se ha visto en otros países y que, poco a poco, empieza a tomar forma en el nuestro.
La lista no es neutra; basta ver el pedigrí de algunas de las organizaciones afectadas, entre las que se encuentran México Evalúa, Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad, todas ellas con un denominador común. Han sido voces críticas, incómodas, insistentes frente al poder. No son las únicas, ni representan todo el universo de las agrupaciones afectadas, pero su presencia en la lista cambia la lectura.
Lo más delicado está hacia adelante: el mensaje que deja es que operar como organización en México implica moverse en un terreno cada vez más fangoso, más vigilado y menos predecible. Y eso tiene consecuencias. Menos donantes dispuestos, más tiempo en trámites, mayor incertidumbre. En otras palabras: menos margen para hacer lo que, en teoría, se supone que estas organizaciones deben hacer.
Cuando las ONG se debilitan, advirtió Amnistía Internacional, crecen la corrupción y los abusos y es que la sociedad civil no solo reparte apoyos o ejecuta proyectos; también observa, documenta, cuestiona. Es un contrapeso. Y los contrapesos suelen sacar ronchas a algunos gobiernos.
Que quede claro: no es solo atribución sino obligación del SAT vigilar y sancionar; el problema está en cómo lo haga. Porque cuando no hay matices ni claridad, la fiscalización deja de ordenar y empieza a inquietar.
La puerta giratoria; justicia a conveniencia
La política exterior y de seguridad en nuestro país se ha convertido en un ejercicio de equilibrismo retórico donde los hechos suelen desmentir a los discursos antes de que termine la “mañanera”.
El caso más reciente, y quizás uno de los más simbólicos por la carga de impunidad que arrastra, es la liberación de la hija de Ismael Zambada, Mónica del Rosario Zambada Niebla.
Mientras el aparato gubernamental se llena la boca hablando de soberanía y del fin de los privilegios, la realidad nos entrega una postal de inconsistencia que erosiona la poca confianza institucional que queda.
No se trata solo de un trámite legal o de una falta de pruebas; se trata del mensaje que se envía. El gobierno ha construido una narrativa basada en la supuesta persecución de las estructuras financieras y familiares del crimen organizado. Sin embargo, cuando los peces gordos tocan la red del sistema judicial, parecen volverse invisibles o, peor aún, beneficiarios de una “laxitud” que no conoce el ciudadano común.
¿Cómo explicarle al país que, mientras se estigmatiza a sectores enteros de la sociedad civil, los herederos de los imperios delictivos entran y salen de la jurisdicción estatal con una facilidad pasmosa? La inconsistencia es el sello de la casa.
En el discurso: cero impunidad y combate a las raíces del mal; en los hechos: una justicia que parece tener un radar selectivo, desactivándose ante apellidos que pesan demasiado.
La narrativa oficial suele culpar a factores externos o a administraciones pasadas por la violencia sistémica. No obstante, al permitir estas pifias judiciales, el Estado abdica de su responsabilidad primaria. No se puede exigir respeto a la soberanía nacional frente a agencias extranjeras cuando, en casa, la estructura de justicia se dobla frente a los intereses de las dinastías del narcotráfico.
La liberación de la hija del “Mayo” no es un evento aislado; es un síntoma de un sistema que prefiere el control de daños comunicativos antes que la eficacia jurídica. Si la narrativa no coincide con la práctica, lo que queda no es un proyecto de nación, sino un guion de ficción que se desmorona frente a la realidad de la calle.
La justicia que se comunica no es la misma que se aplica. En este juego de espejos, el único perdedor sigue siendo el Estado de derecho.
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