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La técnica al servicio de la patria parece haber sido sustituida, en las oficinas más altas de Zacatenco, por la técnica al servicio de la transa. El Instituto Politécnico Nacional (IPN), pilar de la educación tecnológica en México, atraviesa hoy una de las crisis institucionales más vergonzosas de su historia reciente. No se trata solo de una crisis presupuestal, sino de un colapso ético que ha dejado a la comunidad estudiantil y docente en condiciones de abandono sistémico.
Detrás de este entramado que ha succionado los recursos del Instituto aparece un nombre recurrente: Javier Tapia Santoyo. Quien fuera secretario de Administración hasta diciembre de 2025 no solo cargaba con un historial de irregularidades en su paso por el ISSSTE, sino que operó en el IPN con una impunidad pasmosa.
A pesar de ser multidenunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Tapia Santoyo mantuvo el control de los hilos financieros hasta que la presión de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno obligó a su suspensión. A él se le atribuye no solo el desvío hacia empresas fantasma, sino el intento de suplantar a la histórica Fundación Politécnico con asociaciones civiles “a modo” para triangular cuotas estudiantiles.
La crisis ya no se queda en los mandos medios. La renuncia e investigación en contra del Director General, Arturo Reyes Sandoval, se perciben hoy como inminentes e inevitables. Ya no basta con sacrificar a los directores de Compras y Recursos Materiales; la responsabilidad política y legal apunta directamente al despacho principal.
Reyes Sandoval no solo permitió el ascenso y las maniobras de Tapia Santoyo, sino que hoy enfrenta denuncias penales por peculado y tráfico de influencias interpuestas por la propia comunidad politécnica. El Politécnico se encuentra, de facto, en una situación de desgobierno mientras su titular prepara una salida que parece más una huida que un relevo institucional.
Los riesgos de las copropiedades
Ante el incremento en la demanda de vivienda urbana, la escasa oferta nuevas unidades, ha repuntado la venta de vivienda usada. En ese rubro entra el esquema de copropiedad, una figura común en contextos de patrimonio familiar donde el terreno se fracciona entre la familia y se construyen viviendas donde con el paso de los años viven varias familias, cada una con su casa o departamento.
Las complicaciones surgen al momento de la escrituración, pues aunque físicamente las construcciones parezcan independientes, ante la Tesorería y el marco legal son una sola cosa. Actualmente, existen promotores que facilitan la venta de estos inmuebles, pero al no poder subdividirse formalmente, suelen quedar excluidos del acceso al crédito hipotecario, limitando el mercado a quienes cuentan con posibilidad de hacer el pago con sus propios recursos, o que la venta se realice entre el núcleo familiar.
En el primer caso de quien adquiere la vivienda sin crédito en estas condiciones de copropiedad, el problema está cuando posteriormente descubren una red de complicaciones legales que ni el promotor o la inmobiliaria les comunicaron. Además, emprender acciones legales puede resultar sumamente complejo dado que el resto de los copropietarios no formaron parte del trato original.
La copropiedad se parece más a la figura de un accionista que a la de un propietario ordinario, ya que los derechos se asignan mediante porcentajes indivisos sobre lo que se describa en la escritura. En estas condiciones, cualquier mejora o expansión realizada por un copropietario beneficia al resto, es decir, se puede adquirir más tabiques sin haber movido un dedo.
Desde la perspectiva legal, el Código Civil Federal otorga a los copropietarios el “derecho del tanto” o prioridad de compra; omitir este protocolo puede terminar en una cesión de derechos imposible de inscribir ante el Registro Público de la Propiedad.
Esto deja la inversión sin un respaldo jurídico sólido que ampare al comprador. Asimismo, el pago de impuestos suele ser mayor, ya que la valuación catastral considera la suma total de metros construidos de la copropiedad, elevando el costo del predial por metro cuadrado en comparación con una vivienda unifamiliar.
El futuro también puede acarrear otros riesgos, si un solo vecino decide establecer un negocio u oficina, el uso de suelo podría cambiar a valor comercial para todos. Esto elimina automáticamente el acceso a subsidios o condonaciones para el total de los propietarios, dificultando aún más la venta o el mantenimiento del inmueble y dejando para muchos la renta como única alternativa.
Por ello, aunque la copropiedad puede representar aparentemente una inversión muy favorable por el precio atractivo, evitarse una gastritis requiere una dictaminación jurídica especializada para evitarse problemas legales por varios años. Empresas como Kallify, la Legaltech y Proptech, han surgido para evitar este tipo de situaciones y conocer la situación legal real de una propiedad y, en caso de tener problemas, la ruta a seguir para resolverlo, valorando si es conveniente o no la adquisición.
Plan B: sin dientes y sin consenso
Si bien en las encuestas la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum es muy alta, eso no significa que el aparato legislativo esté dispuesto a sumarse incondicionalmente a sus iniciativas, ni siquiera dentro del grupo oficialista.
Para muestra está la aprobación de un mutilado Plan B en la Cámara de Diputados, una iniciativa que perdió fuerza al no incluir la posibilidad de adelantar la revocación de mandato para 2027, lo que desmonta la lógica política que le daba sentido al conjunto.
Más allá del discurso institucional, empatar la revocación con las elecciones intermedias tenía un objetivo bastante evidente: asegurar participación alta y, sobre todo, generar un efecto de arrastre. En una jornada con urnas abiertas, la figura presidencial no compite, pero pesa. Y pesa lo suficiente como para ordenar la elección alrededor de su popularidad. La revocación, bajo ese manto, dejaba de ser un mecanismo de control para convertirse –en los hechos– en una ratificación con efectos colaterales en la disputa legislativa.
¿Podemos hablar de un fracaso? Sí, y mayúsculo. Conviene recordar que el Plan B no nació como una reforma en sí misma sino como una respuesta. Es el segundo intento, la ruta alterna tras el rechazo de la reforma electoral constitucional que no logró los votos necesarios en el legislativo.
La aparente lealtad del Partido del Trabajo terminó por convertirse en la manzana de la discordia, rompiendo el bloque monolítico del partido oficial y de sus aliados. Su negativa fue producto de una decisión muy meditada. Acompañar el diseño original implicaba un juego en el que su peso sería cada vez menor hacia adelante.
La revocación adelantada colocaba a la presidenta en el centro de la contienda de 2027 con un efecto que podía eclipsar a los aliados y reducir su margen de negociación. A eso se sumaban los elementos de la reforma que ponían al descubierto que Morena anticipaba quedarse con todo el pastel. Luego entonces, votar en contra fue, más que una ruptura ideológica, una decisión de supervivencia política.
El caso del Partido Verde —que optó por acompañar— es la clara señal de que dentro de la misma coalición conviven estrategias muy distintas. Con más estructura territorial, presencia en gobiernos estatales y mayor margen de maniobra, su incentivo no era romper, sino permanecer cerca del centro de las decisiones. Es un partido que históricamente ha sabido adaptarse al poder en turno, no confrontarlo. Y en ese cálculo, apoyar una versión recortada de la reforma implicaba más beneficios que costos.
El resultado es una reforma que se mantiene en pie, pero sin su núcleo estratégico. Morena logra avanzar, sí, pero pierde la oportunidad de delinear la nueva hoja de ruta electoral en un momento clave del sexenio. Sus aliados, por su parte, dejaron ver algo que hasta ahora se mantenía contenido: que la coalición no está tan cohesionada como parece. El PT demostró que puede ejercer un veto cuando sus intereses están en juego. El Verde, que puede acompañar sin dejar de negociar. Y entre ambos trazan una línea que explica buena parte de lo que está por venir.
Más allá de que la iniciativa de reforma electoral terminó “pulverizada”, lo que hay que resaltar es que el poder ya no solo se disputa con la oposición; empieza a administrarse dentro de la propia coalición.
El “Plan B pasado por agua” fue aprobado a como diera lugar, pero en el camino dejó expuesto algo más relevante que su contenido: las cicatrices de un proyecto que por primera vez en mucho tiempo mostró que también se gobierna –y se disputa– desde adentro.
Cuando descansar también es avanzar
En el imaginario colectivo, las vacaciones, particularmente los días de Semana Santa, suelen asociarse con una pausa total: desconexión, descanso y, en muchos casos, postergación de decisiones importantes, sin embargo, en el entorno laboral actual, esta narrativa merece ser replanteada.
Hoy, detenerse no necesariamente implica retroceder, por el contrario, puede ser una de las decisiones más inteligentes para avanzar con mayor claridad.
La búsqueda de empleo, como cualquier proceso profesional relevante, no es estática y evoluciona al ritmo del mercado, de la tecnología y de las expectativas de las empresas. Lo que funcionaba hace cinco años, hoy puede ser insuficiente o, en el peor de los casos, contraproducente.
En este contexto, los periodos de pausa se convierten en un activo estratégico. Son momentos ideales para hacer lo que rara vez hacemos en la prisa cotidiana: evaluar con objetividad qué está funcionando, qué no, y qué ajustes son necesarios para ser verdaderamente competitivos.
Porque la realidad es contundente: muchos candidatos siguen operando bajo creencias que ya no responden a las reglas actuales del mercado laboral.
Pensar que la experiencia lo es todo, por ejemplo, es ignorar que hoy las empresas buscan perfiles integrales, donde las habilidades técnicas conviven con competencias digitales y, sobre todo, con habilidades humanas como la adaptabilidad o la comunicación.
Del mismo modo, insistir en currículums extensos o genéricos refleja una lógica que ya no conecta con reclutadores que valoran la claridad, la personalización y la capacidad de síntesis. En un entorno saturado de información, destacar no es decir más, sino decir mejor.
Por ello, Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, recomienda aprovechar estos días no para detener la búsqueda, sino para redefinirla, puede marcar un punto de inflexión.
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