Donald Trump reunió en la Casa Blanca a los principales ejecutivos de la industria tecnológica y consiguió que OpenAI, Anthropic, Google, Meta, xAI y Nvidia aceptaran un compromiso para reforzar la seguridad de sus modelos de inteligencia artificial.
El truco se esconde en una palabra: voluntario. No es una ley, no establece sanciones y tampoco crea una autoridad pública que pueda exigir su cumplimiento. Trump lo llamó “moralmente vinculante”; jurídicamente, sin embargo, no lo es.
El documento establece cuatro capas de control. Las empresas deberán vigilar internamente sus modelos durante el entrenamiento y despliegue frente a riesgos de ciberseguridad, bioseguridad y amenazas químicas; tendrán equipos internos encargados de comprobar que estos controles funcionen; deberán recurrir a auditores externos independientes y sus consejos de administración tendrán que crear comités independientes para revisar los informes y las medidas correctivas.
Todo eso tendrá un costo para las compañías, pero el acuerdo no establece cuánto, con qué frecuencia deberán realizarse las auditorías ni quién pagará por ellas. Por ahora, el impacto financiero directo no puede cuantificarse.
El acuerdo llega después de incidentes en los que agentes de inteligencia artificial realizaron acciones no previstas en algunos experimentos y después de que OpenAI decidiera frenar el lanzamiento de un nuevo modelo por problemas detectados durante sus propias pruebas de seguridad. La pregunta, por tanto, no es si las compañías cuentan con controles internos; evidentemente los tienen. La cuestión es qué sucede cuando esos controles no son suficientes.
El propio documento deja abierta una puerta a que, con el tiempo, estas medidas puedan convertirse en leyes o regulaciones. Por ahora, sin embargo, la administración Trump optó por otra ruta. El presidente insiste en que Estados Unidos debe mantener la ventaja tecnológica frente a China y ha rechazado esquemas internacionales de regulación de la inteligencia artificial.
Existe además una paradoja. Las mismas empresas que firmaron el compromiso compiten entre sí por desarrollar modelos cada vez más capaces. La seguridad cuesta dinero, tiempo y capacidad de lanzamiento; la carrera tecnológica premia velocidad y nuevos productos. El acuerdo pide a las compañías que incorporen más controles precisamente cuando existen fuertes incentivos comerciales para avanzar rápidamente.
La discusión, entonces, no es solamente tecnológica sino económica ¿Cuánto cuesta desarrollar una inteligencia artificial segura y quién debe asumir el costo? ¿Las empresas que obtienen los beneficios de la tecnología, sus usuarios o eventualmente los gobiernos? Y, sobre todo, ¿quién paga cuando la IA falla? El pacto establece controles, pero deja sin respuesta esa última pregunta. Si las empresas son al mismo tiempo quienes desarrollan la IA y quienes deben vigilarla, ¿no estamos poniendo al zorro a cuidar el gallinero?
El Tesoro no tocó a Marina del Pilar
Este martes, el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra 21 personas y 25 empresas, entre líderes y facilitadores de la “Mayiza”, la fracción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias el “Mayito Flaco”, que operan en Baja California.
La sorpresa del anuncio fue que Marina del Pilar Ávila Olmeda no aparece en la veintena de sancionados, a pesar de que sí está su exesposo, Carlos Torres, y su excuñado, Luis, identificado el primero como operador político de los “Rusos” en la capital del estado, y “utilizar su influencia política para facilitar las actividades delictivas de los cárteles y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California”. Incomprensible que ese nivel de corrupción no alcanzara a la gobernadora de Baja California y su entorno desde que fue presidenta municipal de Mexicali (2019-2021), justo cuando se casó con Torres.
Con todos los antecedentes del retiro de la visa, el divorcio por conveniencia, las explicaciones torpes a los audios filtrados de conversaciones con asesores para evitar cargos y sanciones, pero sobre todo, las reiteradas declaraciones de autoridades estadounidenses de que actuarán contra políticos corruptos que colaboran con los cárteles, la gobernadora bajacaliforniana era la candidata natural a seguir en la lista después de la acusación penal contra su homólogo sinaloense Rubén Rocha Moya.
Por increíble que parezca la fórmula de corrupción sin incluir a Marina del Pilar presentada por el Tesoro estadounidense, finalmente todo indica que los recomendados de Jaime Bonilla -según Ávila- hicieron bien su trabajo, que la gobernadora colaboró y se libró de ser sancionada por OFAC y, probablemente, de ser acusada penalmente. No solo eso, quedó perfilada como su sucesora la senadora Julieta Ramírez, de apenas 31 años, quien fuera su secretaria particular cuando fue munícipe. Nada mal si se compara con el ostracismo en que se encuentra Rocha, aparentemente político más experimentado.
Lo que provoque el anuncio del Tesoro en Baja California es de pronóstico reservado. Apenas el domingo pasado, fue detenido en la CDMX José Ángel Rivera Zazueta, alias “el Flaco”, uno de los sancionados. A fines de agosto, el Consulado de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta sobre amenazas potenciales en Mexicali, reforzándose la seguridad de la capital estatal ante una posible reacción de los “Rusos” por recientes operativos en su contra, al parecer ya desprotegidos por las autoridades locales, y luego de que quedó en evidencia que la gobernadora estaba dispuesta a hablar.
Seminuevos: la garantía que hace la diferencia
La compra de un auto seminuevo dejó de ser una decisión basada únicamente en el precio. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en un mercado donde el 61.6% de las unidades seminuevas son comercializadas por distribuidores, el consumidor también busca certeza sobre el estado del vehículo que va a adquirir.
El reto es que una revisión superficial no permite detectar fallas mecánicas, antecedentes de siniestros, problemas documentales o un mantenimiento deficiente, riesgos que pueden convertir una operación aparentemente atractiva en una verdadera pesadilla.
Desde la perspectiva de Andrés de la Piedra, COO de WAHU, la autotech que está digitalizando el sector de autos seminuevos certificados, la garantía adquiere un papel relevante al funcionar como un mecanismo de confianza, en un mercado donde todavía conviven operaciones formales e informales.
Para el comprador, contar con respaldo ante una falla posterior a la adquisición no solo reduce la incertidumbre financiera, sino que también establece una mayor responsabilidad por parte de quien comercializa el vehículo.
Por ello, la evolución del mercado debería avanzar hacia esquemas donde la certificación mecánica, la revisión documental y la claridad sobre las garantías formen parte de una misma ecuación. En WAHU, este enfoque se traduce en vehículos certificados jurídica y mecánicamente, una garantía de tres meses o 5,000 kilómetros y la verificación de la vigencia de la garantía de fábrica.
La discusión de fondo es cómo construir un mercado de seminuevos más transparente y profesionalizado. Elementos como una inspección de 150 puntos, historial vehicular verificado y mecanismos que permitan al comprador comprobar que el vehículo cumple con lo ofrecido pueden contribuir a cerrar la brecha de información que tradicionalmente existe entre vendedor y consumidor.
Para la industria, ofrecer mayores niveles de certeza no debería entenderse únicamente como un beneficio comercial, sino como una condición para crear confianza y hacer que el mercado de seminuevos sea sostenible.
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