El Primer Taller de Planeación Regional en Infraestructura al 2050, Región Noreste, realizado por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI México) en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), merece más atención de la que suele prestarse a este tipo de iniciativas.
Que nueve organizaciones de ingeniería, construcción y finanzas se hayan coordinado para impulsar una visión de Estado de largo plazo no es un gesto menor en un país donde la infraestructura ha sido con frecuencia rehén de la coyuntura política y de ocurrencias sexenales.
Como advirtió Fernando Gutiérrez Ochoa, coordinador ejecutivo del CPI, ante secretarios de Obras, funcionarios estatales y municipales: “La infraestructura que tendrá México en 2050 se decide hoy”.
El diagnóstico de fondo que justifica esta iniciativa es tan evidente como incómodo: la planeación fragmentada y de corto plazo ha dejado proyectos inconclusos, prioridades cambiantes y regiones enteras con desafíos estructurales sin resolver.
El Noreste, elegido como punto de partida por el CPI México por su peso industrial, exportador y logístico y por su integración con Texas y Norteamérica, enfrenta retos compartidos en agua, energía, movilidad urbana y conectividad.
Que más de 120 especialistas se sienten con autoridades estatales y municipales en cuatro mesas de trabajo para identificar prioridades y construir insumos técnicamente sustentados es exactamente lo que debería ocurrir antes de decidir dónde se invierte cada peso público, no después. La elección de la sede universitaria, además, fue una señal: la academia debe formar parte del diseño, no solo de la ejecución o de la evaluación tardía.
Es por ello que el Consejo de Políticas de Infraestructura no reunió a funcionarios del Noreste para proponer ni recabar proyectos, sino a identificar necesidades y oportunidades, de las que se deriven las propuestas. Por eso el taller del Noreste debe evaluarse n por su continuidad: por la capacidad de construir agendas regionales replicables, de sentar bases de interlocución que sobrevivan a cambios de administración y de convertir el conocimiento local en propuestas concretas con viabilidad técnica, ambiental, social y financiera.
Si el CPI logra que la infraestructura de 2050 se decida hoy con visión de Estado y no con urgencias electorales, habrá prestado un servicio público de primer orden. La diferencia dependerá de la constancia y de la presión ciudadana para exigir que las propuestas se conviertan en políticas.
Lagarde sale del Banco Central Europeo
Christine Lagarde anunció su dimisión como presidenta del Banco Central Europeo con fecha 7 de febrero, casi nueve mese antes de que concluya su periodo. Aunque no lo expresó, el motivo es su país natal: el 17 de abril se celebran elecciones presidenciales en Francia y, si ningún candidato tiene mayoría, segunda vuelta el 2 de mayo, y la ultraderechista Marine Le Pen encabeza las encuestas.
Con su decisión, Lagarde cierra la posibilidad de que, en caso de resultar electa, Le Pen influya en el nombramiento de su sucesor, y le da libertad para manifestarse durante el proceso electoral, lo que no podría hacer al frente del BCE y, aunque por el momento se descarta que busque la candidatura presidencial, todo puede suceder a principios de febrero. Cabe recordar que Lagarde hizo su carrera política en Francia como ministra de Comercio, luego Agricultura y finalmente de Economía, Industria y Empleo, de donde saltó al Fondo Monetario Internacional (FMI), para finalmente llegar al frente del Banco Central Europeo en 2019.
El procedimiento que seguirá en su momento será un debate y acuerdo sobre las candidaturas por parte de los ministros de Economía de la zona euro, y una votación del Consejo Europeo mediante una decisión por mayoría cualificada reforzada, es decir, al menos el 72 % de los países de la eurozona que representen como mínimo el 65 % de la población. Se espera que antes de que termine el año se tenga el nombre de quien releve a Lagarde.
Dos nombres se mencionan como principales aspirantes: el neerlandés Klaas Knot, gobernador del banco central de los Países Bajos durante 14 años, con muchas posibilidades de lograr consenso en torno suyo; y el español Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España durante seis años y director general del Banco de Pagos Internacionales.
¿Pacto de caballeros?
Donald Trump convirtió el rechazo a una derrota electoral en una constante. Después de perder las elecciones presidenciales de 2020, se negó a reconocer el resultado y sostuvo acusaciones de fraude que no consiguieron demostrar que se hubiera alterado el desenlace. Ahora, frente a las elecciones legislativas en Estados Unidos, ha vuelto a poner en duda la legitimidad de los resultados si a su juicio no son honestos.
Brasil acaba de vivir una situación parecida. Luiz Inacio Lula da Silva obtuvo la reelección el domingo 25 de octubre, con 51.8% de los votos, frente a Flávio Bolsonaro, quien perdió por más de cuatro millones de sufragios. El senador anunció que pediría la anulación de los comicios por una decisión judicial que amplió el horario de votación en algunas zonas.
Sin embargo, la extensión había sido solicitada por ambas campañas, incluida la suya. La reacción recuerda a la de su padre, Jair Bolsonaro, después de perder frente a Lula en 2022. Cambian los candidatos, pero persiste la dificultad de aceptar que las urnas pueden cerrar el camino al poder.
México conoce bien esta historia. En 2006, Andrés Manuel López Obrador rechazó el fallo del Tribunal Electoral que confirmó la victoria de Felipe Calderón, denunció fraude y se proclamó presidente legítimo.
La elección había sido muy cerrada y hubo irregularidades que el tribunal examinó, pero concluyó que no justificaban anularla. López Obrador mantuvo su rechazo y encabezó movilizaciones, incluido el plantón en Paseo de la Reforma.
El episodio dejó una marca en la vida política del país y recuerda que la controversia electoral no pertenece a una sola ideología. Cuando se disputa el poder, la tentación de desconocer un resultado puede aparecer en más de un partido.
Impugnar una elección no es lo mismo que desconocerla. Las denuncias deben investigarse y los tribunales tienen que resolver las controversias. Lo que cambia las cosas es que las acusaciones sustituyan a las pruebas o que el resultado se considere válido únicamente cuando favorece al reclamante. Las reglas electorales perderían sentido si cada candidato pudiera decidir por su cuenta cuándo reconocerlas y cuándo rechazarlas.
Aceptar una derrota tampoco exige felicitar al adversario ni renunciar a las propias convicciones. Significa reconocer que ir a las urnas tiene consecuencias y que el poder no pertenece a quien lo reclama con mayor insistencia. El candidato vencido conserva su derecho a criticar, organizar a sus seguidores y volver a competir. Lo que no puede hacer es atribuirse una autoridad superior a la de las instituciones encargadas de resolver la elección.
Las consecuencias van más allá de una disputa entre políticos. Cada acusación sin sustento alimenta la sospecha de que las elecciones están arregladas y de que votar de poco sirve cuando el ganador no es el esperado. La desconfianza alcanza a las autoridades, a los tribunales y a los propios ciudadanos. Después, reconstruir la credibilidad cuesta mucho más que pronunciar un discurso la noche de la derrota.
¿Pacto de caballeros? No hace falta un acuerdo entre rivales ni un gesto de cortesía para entender lo elemental: quien busca gobernar debe aceptar que también puede perder. La democracia no garantiza la victoria a nadie; establece reglas para decidir quién gobierna y cómo se transfiere el poder. Si cada candidato reconoce las urnas solo cuando gana, ¿qué queda de la competencia democrática?
Reducir la jornada laboral: el reto de trabajar mejor y vivir mejor
La reducción gradual de la jornada laboral en México, que comenzará en enero de 2027 con un máximo de 46 horas semanales y avanzará hasta alcanzar las 40 horas en 2030, representa una transformación que va más allá de los horarios. Para las organizaciones, implica replantear sus dinámicas de trabajo y productividad; para los colaboradores, supone desarrollar nuevas formas de administrar el tiempo, establecer prioridades y responder a los objetivos sin comprometer su bienestar.
La transición hacia jornadas más cortas exige fortalecer una cultura laboral enfocada en resultados, donde la planeación, la comunicación y la colaboración sean fundamentales. Identificar las actividades prioritarias, reducir las distracciones, optimizar las reuniones y coordinar responsabilidades permitirá aprovechar mejor el tiempo disponible. En este escenario, el liderazgo tendrá un papel determinante para establecer expectativas claras y facilitar que los equipos se adapten a nuevas formas de organización.
Asimismo, la actualización profesional será clave para responder a las exigencias de este cambio. Desarrollar competencias digitales, incorporar herramientas de automatización y fortalecer habilidades como la resolución de problemas y la gestión de proyectos puede contribuir a mejorar la eficiencia. Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, reconoce que la adaptación al nuevo entorno laboral requiere tanto iniciativa individual como condiciones organizacionales que impulsen el aprendizaje continuo y la mejora de los procesos.
Sin embargo, el éxito de esta transformación no deberá medirse únicamente por el cumplimiento de los objetivos en menos horas, sino también por su impacto en la calidad de vida de las personas. Aprovechar el tiempo libre para descansar, convivir y atender el bienestar personal forma parte del propósito de avanzar hacia un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal. El verdadero desafío será construir una cultura en la que la eficiencia y el bienestar se refuercen mutuamente, haciendo de la reducción de la jornada una oportunidad para evolucionar hacia un mercado laboral más productivo y sostenible.
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