Nuestro canalLa destrucción de los contrapesos democráticos
Si el primer piso de la Cuarta Transformación se construyó sobre un basamento dominado por la opacidad, el segundo piso no hará la diferencia. Siguiendo […]
Si el primer piso de la Cuarta Transformación se construyó sobre un basamento dominado por la opacidad, el segundo piso no hará la diferencia. Siguiendo el legado de su sensei, los legisladores del partido oficial y sus satélites habrán de concretar esta misma semana la desaparición de siete organismos autónomos producto de los avances democráticos que llevó décadas construir a varias generaciones de mexicanos hartos ya de los abusos de poder.
Como se recordará, antes de terminar su mandato (para ser exactos el 5 de febrero), el ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó a su sucesora una serie de directrices para aún en ausencia mantener viva su herencia, lo que quedó plasmado en 20 iniciativas de reforma constitucional, la última de ellas referente a la eliminación de “todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal”. Así, sin más, la justificación ideológica a una demanda de la sociedad civil de crear instrumentos de control independientes de los órganos de gobierno.
Los siete organismos que están viviendo sus últimas horas son: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoradu).
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Los organismos constitucionales autónomos cumplen una función vital dentro de las democracias, ya que contribuyen a garantizar los derechos; actúan como contrapesos de los poderes ejecutivo y legislativo; fomentan la transparencia en la administración pública y promueven la rendición de cuentas ayudando a combatir la corrupción; permiten la representación de sectores de la sociedad que no se encuentran vinculados a los actores políticos contribuyendo a la pluralidad en la toma de decisiones, entre otros factores.
De esta manera el gobierno de la 4T busca convertirse en juez y parte al ser el que regule, evalúe y controle sus propios actos. Los detractores de estas asociaciones esbozan justificaciones que caen en lo baladí: son altamente costosos (de acuerdo a México Evalúa reciben menos del 0.05 % del presupuesto federal); de otro lado, señalan que, lejos de defender los intereses de la ciudadanía, operan a favor de grupos de poder, además aseguran que otras entidades del gobierno ya cumplen con las mismas funciones por lo que pueden ser absorbidas por éstas.
En mucho se asemeja esta Cuarta Transformación al movimiento talibán que en 1996 tomó el poder en Afganistán y que destruyó todo lo que le había precedido bajo el argumento de que era impuro. Los cambios constitucionales que reiterandamente se están haciendo a nuestra Carta Magna hablan de la imposición de una ideología en donde no existe lugar para la disidencia, en donde todo lo que tenga un aroma a neoliberal es “malo”. Estamos ante la consolidación de una nueva secta que controla los destinos del país y eso nunca podrá ser positivo.
Elección judicial: “es lo que hay”
Hasta el martes pasado, para la elección de jueces, magistrados y ministros, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo llevaba inscritas casi 3 mil personas; el Comité del Poder Ejecutivo mil, y el del Poder Judicial, sólo 135. Es decir, poco más de 4 mil aspirantes, con fecha límite de registro el próximo domingo, por lo que el tiempo apremia, ya ni hablar de los problemas logísticos del INE para organizar la elección.
Son 881 cargos los que se disputarán en la elección judicial del 2025. Se votará por nueve ministros de la Corte (de periodos de 8, 11 y 14 años, de acuerdo al número de votos), magistrados y magistradas de tribunales de circuito, juezas y jueces federales, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de salas regionales de la Ciudad de México, Toluca, Guadalajara, Monterrey y Xalapa.
Salvo excepciones como la de Guillermo Valls Esponda, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y de Roberto Gil Zuarth, quienes han anunciado que buscarán ser ministros por voto popular, no se ve interés y sí mucho rechazo y desprecio por parte de integrantes del Poder Judicial y de la mayoría de los gremios de abogados en participar en el proceso, pues hacerlo sería convalidar una reforma judicial a la que se siguen oponiendo. Desafortunadamente su negativa deja libres amplios espacios que seguramente serán llenados más fácilmente por quienes diseñaron las nuevas reglas del juego.
Se requieren por lo menos 5 mil 410 aspirantes, de los cuales mil 793 participarán en la elección, luego de verificarse requisitos de legibilidad, entrevistas y sorteo para definir a los candidatos. Por si fuera poco, el 70 % de los registrados son hombres, por lo que, entre el ajustado número de participantes, la criba de los requisitos y cuota de género, difícilmente se ve que los Comités de Evaluación tengan mucho de dónde escoger y encontrar a las y los futuros “benitos juárez”, sino tomar de “lo que hay”.
Dado el plazo de cierre de la convocatoria y la escasa participación, no extrañe que en próximos días se vea una avalancha de abogadas y abogados de perfil morenista acudiendo a registrarse, sobre todo en los Comités Legislativo y Ejecutivo. Nuevamente, a pesar del número, habrá de elegirse de entre lo que se encuentre, y si la mayoría son de color guinda, pues seguramente es lo que predominará en la boleta, ya ni hablar de capacidades y experiencia, donde lo rescatable serán los de la camarilla de Arturo Zaldívar.
Dejar el campo libre para que llegue con lo que se cuente a ocupar esos lugares en el Poder Judicial es apostar la colapso del sistema de impartición de justicia, el cual, de por sí, no es ni pronto, ni expedito, ni imparcial, y sí tiene mucho de la corrupción que hoy se le critica, pero que no se ve que la solución planteada lo vaya a corregir, por el contrario, tiene muchas posibilidades de agravarse.
