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La reciente decisión de Andrés Manuel López Beltrán de separarse de la Secretaría de Organización de Morena para buscar una diputación federal por Tabasco no es un movimiento político aislado. En el clima de crispación que atraviesa la política mexicana, este paso ha sido interpretado por sus críticos como un intento de blindaje político, la búsqueda de un fuero, ante una serie de señalamientos que, aunque han sido desmentidos en diversas ocasiones, han ganado una persistente tracción mediática y política.
Desde hace tiempo, la figura de López Beltrán ha estado envuelta en narrativas que lo vinculan con presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y supuestos nexos con redes de contrabando de combustible (el denominado “huachicol fiscal”). Aunque instancias como Verificado MX han desmentido categóricamente la existencia de investigaciones formales o fichas de búsqueda por parte de autoridades estadounidenses, la narrativa persiste.
El uso de nombres de alto perfil en supuestas “listas” o investigaciones internacionales se ha convertido en una herramienta política recurrente. En este caso, la oposición ha capitalizado el temor o la duda pública para sembrar la idea de que su carrera por un escaño es, en realidad, una huida hacia adelante, una forma de obtener protección ante una hipotética justicia internacional que, hasta la fecha, sigue sin materializarse en actos procesales concretos.
Para sus detractores, el caso de “Andy” es el símbolo de los vicios que prometieron combatir: el nepotismo, el uso de la estructura partidista para beneficios familiares y la incapacidad de despegarse de la sombra del “hechicero de Macuspana”. Para sus defensores, se trata de una persecución política sistemática, orquestada por sectores que, al no poder derrotar al movimiento en las urnas, buscan desprestigiar a sus figuras clave a través de la calumnia y el linchamiento mediático.
La candidatura de López Beltrán no solo es una prueba para su (in)capacidad política individual, sino una prueba para el propio partido. En un momento donde el gobierno de Claudia Sheinbaum busca imprimir su propio sello y distanciarse de los lastres del pasado, la figura de Andy resulta incómoda. Su presencia en la boleta será leída por unos como una consolidación de poder y por otros como un error de cálculo que solo aviva las brasas de una confrontación innecesaria.
Colombia después de Petro
El domingo, cuando los colombianos acudan a las urnas para elegir presidente, en realidad también estarán votando sobre el legado político de Gustavo Petro. Ahí se definirá si logró consolidar una fuerza política permanente o si terminará siendo apenas un episodio excepcional dentro de la historia de ese país.
Durante décadas Colombia fue vista como una de las democracias más conservadoras y estables de América Latina. Mientras gran parte de la región oscilaba entre populismos, nacionalismos, dictaduras militares o izquierdas revolucionarias, el sistema colombiano se mantuvo relativamente contenido alrededor de coaliciones liberales, conservadoras y grupos regionales. Incluso en los años más intensos del giro progresista latinoamericano, Colombia permaneció al margen. Ni Hugo Chávez, ni los Kirchner, ni Evo Morales lograron alterar realmente el equilibrio político colombiano.
Su irrupción al poder en 2022 no representó únicamente una alternancia. Fue una ruptura cultural. Por primera vez la izquierda no aparecía como una fuerza marginal, insurgente o testimonial, sino como una opción real de gobierno con capacidad de disputar el control del Estado. Y justamente por eso la presidencia de Petro terminó adquiriendo un tono mucho más emocional y polarizante que administrativo.
Al igual que ocurrió en México en 2018, Petro construyó toda su narrativa alrededor de la confrontación del “cambio” contra las élites tradicionales, la “Colombia del pueblo” contra los privilegios históricos, la transformación social contra el viejo orden económico y político.
El problema de un liderazgo de ese tipo es que rara vez deja intacto el sistema político. Cuando un gobierno convierte cada elección, cada reforma y cada debate en un plebiscito moral, termina empujando a sus adversarios hacia posiciones más extremas, y eso es lo que hoy pasa en Colombia.
Las encuestas reflejan justamente esa transformación. El oficialista, Iván Cepeda, ronda el 35% de las preferencias, mientras el ultraderechista Abelardo de la Espriella se mueve cerca del 33%. El dato verdaderamente revelador no es quién encabeza la contienda, sino el colapso del centro político, cuyos candidatos apenas sobreviven políticamente ubicándose con cerca del 2% de las preferencias.
Paradójicamente, Petro podría terminar fortaleciendo a una derecha más radical que la que existía antes de su llegada. Una derecha menos institucional y más identitaria, mucho más dispuesta a utilizar discursos de orden, seguridad y nacionalismo político como respuesta al desgaste del progresismo. Ya no estamos viendo simples alternancias ideológicas, sino procesos de reconfiguración emocional de la política.
Andrés Manuel López Obrador cambió el lenguaje político mexicano frente a sus adversarios. Nayib Bukele redefinió el debate de seguridad en Centroamérica. Javier Milei movió la discusión económica hacia terrenos que parecían impensables. Jair Bolsonaro transformó la derecha brasileña. Y ahora Petro parece haber hecho algo similar.
Su gobierno deja un balance discutible: hay avances sociales, sí, pero también desgaste en seguridad, inversión, gobernabilidad y estabilidad institucional. La llamada “Paz Total” terminó chocando con la realidad de un país donde los grupos armados, el narcotráfico y las economías ilegales siguen teniendo una enorme capacidad territorial. Paralelamente aparecieron escándalos de corrupción –en los que se vio involucrado su hijo– que golpearon la narrativa ética con la que llegó al poder.
Pero por lo que trascenderá Petro –para bien o para mal– es por haber logrado mover el mapa político de Colombia. Hoy, las elecciones empiezan a vivirse como disputas existenciales entre proyectos incompatibles de país.
La CNTE y la prueba para Pablo
Esta vez los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no llegaron al Zócalo. Contenidos por policías, vallas y uso de extintores -que algunos creyeron gases lacrimógenos-, el contingente magisterial fue contenido en avenida 5 de Mayo, donde se quedaron a acampar. Por lo pronto, la cabeza de playa quedó instalada a unos metros de la Plaza de la Constitución donde previsiblemente no se quitará probablemente hasta que termine el Mundial de Futbol.
Surgida en 1979 como una disidencia del oficialista Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), históricamente la Coordinadora ha recurrido a paros, marchas, mítines y bloqueos, para exigir el cumplimiento de demandas irreales, sabiendo que siempre obtendrán algo a cambio para suspender sus acciones y que podrán regresar en cualquier momento exigiendo imposibles. Por obvias razones de incumplimiento, desde hace ya unos años las exigencias se mantienen iguales: aumento del 100 por ciento al salario y la abrogación de la Ley del ISSSTE, particularmente la desaparición de las Afores.
Ya desde hace unos meses, la CNTE amenazó con movilizaciones para obstaculizar la realización de la justa mundialista en la capital del país, lo cual era la verdadera razón detrás de la propuesta fallida de adelantar las vacaciones un mes, porque la Coordinadora es muy combativa, pero solo en periodo de clases. Cabe señalar que la CNTE se integra de nueve secciones de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y CDMX, por lo que no tiene presencia en Jalisco ni Nuevo León. La jugada del gobierno no funcionó, y ahora se tiene que aplicar el plan B: contener con el uso de la fuerza pública.
El escenario no es fácil, considerando que, por un lado, desde 1968, el gobierno federal evita cualquier acción policial que parezca represión, máxime tratándose de Claudia Sheinbaum quien, entre sus primeras acciones como jefa de Gobierno, tuvo a bien supuestamente desaparecer el cuerpo de granaderos capitalino (supuestamente, porque en los hechos, sigue habiendo policías antimotines). Por otro, si algo quiere la CNTE es victimizarse y acusar al gobierno de represor, por lo que cada partido mundialista en el Azteca será oportunidad para ello.
El trabajo rudo de la primera línea le tocará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Pablo Vázquez, quien deberá actuar en circo de varias pistas para contener a los profesores disidentes, garantizar el acceso de aficionados y equipos al estadio, atender la seguridad y tránsito cotidiano, y hasta actuar si las lluvias causan problemas. Al gobierno federal -léase Guardia Nacional, Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad-, le tocará proteger instalaciones estratégicas, incluidos estadios y aeropuertos, esperando no tener de frente a un profesor de la CNTE.
Difícil, pero deseable y no imposible, que esa primera línea de policías capitalinos resulte exitosa, conteniendo a los integrantes de la CNTE sin darles pretexto para alegar represión, y al mismo tiempo sin que causen daños significativos por la ciudad. La prueba de fuego es para el secretario Pablo Vázquez. El impacto puede alcanzar hasta la presidenta, pasando por su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana nieto, por cierto, del General Marcelino García Barragán, quien fuera secretario de la Defensa cuando los hechos del 2 de octubre de 1968.
El adiós corporativo: la conversación pendiente en México
En un entorno donde las empresas hablan de bienestar, cultura organizacional y experiencia del colaborador, hay una conversación que sigue quedando fuera de foco: cómo se despide a las personas. El “Termómetro Laboral” de OCC, la bolsa de trabajo en línea líder en México, revela que 7 de cada 10 trabajadores en México desconocen qué es un proceso de offboarding o nunca identificaron haber pasado por uno.
La cifra no solo refleja una falla administrativa; exhibe una deuda emocional y cultural de muchas organizaciones con quienes forman —o formaron— parte de ellas. Porque la relación laboral no termina únicamente con una firma o una liquidación: termina cuando ambas partes logran cerrar el ciclo con claridad, respeto y acompañamiento.
Durante años, el mundo corporativo concentró sus esfuerzos en atraer talento y fortalecer el onboarding, pero dejó la salida laboral en una especie de limbo operativo donde predominan la prisa, la incertidumbre y el silencio.
En un contexto marcado por reestructuras, automatización, presión por resultados y cambios constantes en los modelos de trabajo, desvincularse de una empresa puede convertirse en una experiencia desestabilizadora; no es solo perder un ingreso, implica enfrentar un golpe a la identidad profesional, la estabilidad emocional y la confianza personal.
Por eso resulta relevante que 24% haya señalado que recibió información clara sobre su compensación económica, porque cuando las empresas no comunican con transparencia, dejan espacio a la ansiedad, la desinformación y el desgaste.
Las organizaciones necesitan entender que el offboarding también construye marca empleadora. La manera en que una empresa acompaña la salida de un colaborador envía un mensaje poderoso hacia adentro y hacia afuera: habla de sus valores, de su nivel de empatía y de la congruencia entre el discurso y la práctica. En la era de la hiperconectividad, las malas experiencias laborales no se quedan en privado; moldean percepciones, afectan la atracción de talento e incluso impactan la confianza de clientes e inversionistas.
La lectura de fondo para las empresas es clara: el futuro del trabajo se define también por cómo se deja ir a las personas. Hablar de bienestar laboral implica reconocer que los ciclos laborales tienen principio y fin, y que ambos momentos merecen atención estratégica.
El offboarding no debería verse como un trámite de Recursos Humanos, sino como una práctica de liderazgo organizacional. Las compañías que entiendan la importancia de cerrar ciclos con claridad y sensibilidad serán las que logren construir relaciones laborales más sanas, sostenibles y humanas.
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