2025 pasará a la historia como el año del inicio de la Reforma al Poder Judicial de la Federación, una reforma que más que buscar el fondo en el funcionamiento de este órgano fundamental para todos los mexicanos, principalmente para los sectores más desfavorecidos que hoy no tienen acceso a la justicia, pretende reasignar los cargos en beneficio de una nueva clase política que ya colonizó tanto al poder ejecutivo como al legislativo.
En esta primera etapa serán electos 881 funcionarios entre los que destacan 464 magistrados y magistradas de tribunales de circuito, 386 juezas y jueces federales; cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los cargos restantes (aproximadamente la mitad) serán seleccionados durante 2027. Se trata de un proceso que no solo trae dudas y preocupaciones debido a la ligereza con la que se valoró a los candidatos poniendo en grave riesgo la independencia del Poder Judicial de la Federación, sino que también siembra suspicacias respecto a las reglas poco claras en el desarrollo de las campañas particularmente en lo que se refiere a su financiamiento y en como impedir que este nuevo órgano sea infiltrado por fuerzas ajenas a su razón de ser.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirma que con la elección de jueces México se convertirá en la nación más democrática del mundo, sin tomar en consideración que a diferencia de lo que ocurre en política la labor de los juzgadores requiere un alto grado de experiencia y especialización algo que difícilmente puede quedar de manifiesto en una boleta y que rebasa por mucho la capacidad de los ciudadanos para discernir entre decenas de nombres de quienes serán las personas más aptas para ocupar los cargos.
Tremenda responsabilidad será la que enfrente el Instituto Nacional Electoral para organizar un proceso que supera con mucho a las elecciones generales de junio pasado. De un presupuesto solicitado de 13 mil 205 millones de pesos solo quedaron seis mil 219 millones de pesos una cantidad insuficiente para la instalación de las casillas necesarias (apenas el 43% de las requeridas) para que el voto sea accesible a todos los ciudadanos sin tener que recorrer grandes distancias; para la capacitación de funcionarios e incluso para la papelería requerida para el buen funcionamiento durante la jornada de votación poniendo en entredicho la calidad y la transparencia a lo largo de todo el proceso.
Más allá de los costos, nos encontramos frente al proceso electoral más complejo en la historia de nuestro país, con boletas con decenas de nombres inidentificables para la mayoría de la ciudadanía que acudirá a emitir su voto. Con pocas casillas y tanto por definir se estima que cada ciudadano deberá dedicar al menos 15 minutos para marcar todas las opciones de su preferencia haciendo el proceso largo y tedioso. Los cálculos son que se duplique el número de boletas impresas con relación a la elección de 2024, hablamos de cerca de 600 millones de boletas, por lo que se estaría aprobando la utilización de papel bond reduciendo por supuesto la seguridad en el material electoral generando mayor incertidumbre.
El 30 de marzo darán inicio las campañas mismas que se prolongaran durante 60 días, la hora crítica para una idea que tuvo su origen el sexenio pasado, pero por cuyos resultados, buenos o malos, deberá entregar cuentas la presente administración.
Trump y la electromovilidad
En 2021, el presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva con una ambiciosa meta de electromovilidad: que los vehículos eléctricos representen la mitad de las ventas de automóviles nuevos en 2030 y que sólo se vendan modelos “cero emisiones” en 2035. En el evento estuvieron presentes las cabezas de General Motors (GM), Ford y Stellantis, los todavía conocidos como los “Tres Grandes de Detroit”.
En octubre de 2024, Carlos Tavares, CEO de Stellantis -el conglomerado automotriz ítaloestadounidense que agrupa 14 marcas, entre ellas Chrysler, FIAT, Dodge, Peugeot, Citroën y Jeep-, advirtió que la transición hacia los vehículos eléctricos es una trampa en la que nadie en la industria ha salido avante, debido a cuatro razones: no es rentable para nadie operar los negocios de autos de combustión y eléctricos al mismo tiempo; la transición será más larga, las regulaciones son excesivas y los plazos difícilmente se cumplirán.
Tavares dejó la dirección de Stellantis el 1 de diciembre pasado, pero su advertencia quedó en el aire. Volkswagen está en una reestructuración radical, que incluye cierre de fábricas en Alemania y más de 35 mil despidos al 2030; Honda y Nissan trabajan en su fusión y Tesla enfrenta una fuerte competencia de los vehículos chinos, particularmente de BYD, que ofrece autos eléctricos de alta gama a precios más accesibles; en todo el mundo, Estados Unidos incluido, falta todavía contar con una red de suministro de energía para VE. Lo que es más serio, la industria minera es escéptica respecto a cubrir la demanda de minerales raros requeridos para las baterías sin una actividad minera más agresiva, a cielo abierto y submarina, con los daños ecológicos que eso implica.
Donald Trump ha sido ambiguo y es una incógnita lo que resuelva: se ha manifestado en contra de la orden ejecutiva de electromovilidad, congruente con su posición a favor de los combustibles fósiles, incrédulo del cambio climático y en pro de rescatar a la emblemática industria automotriz estadounidense; aunque tras el apoyo de Elon Musk a su campaña se manifestó a favor de los autos eléctricos, disparando las acciones de Tesla.
Echar atrás la orden ejecutiva de electromovilidad o retrasar sus metas podría dar un respiro a la industria automotriz, dando margen para avanzar en motores de combustión menos contaminantes u opciones verdes más rentables, como el hidrógeno verde. Sin embargo, deshacer o modificar la política de electromovilidad no será inmediato y es muy complejo, pues se necesitan varias reformas a leyes federales en el Congreso, eso sin contar la legislación en estados que han avanzado con políticas de cero emisiones, como California, uno de los mayores mercados de autos en el país, donde puede haber oposición a los cambios.
Quienes tendrán la última palabra no serán los políticos. Si se ven más ventajas en el mediano y largo plazo en los vehículos eléctricos que actualmente están circulando, habrá más ventas de los mismos. Si los consumidores encuentran más inconvenientes -en recarga, baterías, autopartes-, optarán por regresar o mantenerse en la recarga de gasolina, por lo menos hasta que haya una opción más rentable y menos contaminante.