El pasado jueves, fuerzas federales detuvieron en Santa Fe a Zhi Dong Zhang, quien tiene orden de extradición a Estados Unidos acusado de tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetaminas; lavado de dinero y asociación delictuosa, por sus vínculos tanto con el Cártel Jalisco Nueva Generación como con el Cártel de Sinaloa.
Aunque las acciones en nuestro país contra la delincuencia organizada de origen chino han sido más bien aisladas, son ejemplo del poder y alcance de estas organizaciones asiáticas. Muestra de ello, la detención en 2007 de Zhenli Ye Gon, chino nacionalizado mexicano, y récord mundial del mayor aseguramiento de dinero en efectivo: 207 millones de dólares, ubicados en su residencia en Lomas de Chapultepec. Como se recordará, Zhenli se dedicada a la producción de seudoefedrina en nuestro país, para abastecer a los cárteles del precursor para la elaboración de metanfetaminas.
Más recientemente, aunque menos recordado, en mayo de 2018, en dos cateos en la colonia Ampliación Granada de la Ciudad de México, fueron detenidos seis ciudadanos chinos y cuatro mexicanos con 10.5 millones de dólares y 95 mil pesos mexicanos. Las investigaciones arrojaron que pertenecían a una red delictiva que hace las veces de banco para organizaciones criminales, con servicios como transferencias de activos y créditos para financiar sus actividades ilícitas.
La detención de Zhi Dong Zhang es significativa por varias razones, empezando por su relación con los principales cárteles mexicanos en el lavado de dinero, la producción y tráfico de droga. Por otra parte, el también conocido como “Brother Wang” es requerido por autoridades estadounidenses, las cuales han tenido al combate al fentanilo como una prioridad desde hace casi una década, por el número de muertes por sobredosis que ha provocado.
Pero, sobre todo, la detención de Zhi a un mes de que la toma de posesión de Claudia Sheinbaum parece ser una señal de que se quiere y se necesita mejorar la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, muy lastimada en el sexenio pasado, teniendo como punto más bajo la captura-secuestro-entrega de Ismael el “Mayo” Zambada, de la que todavía vimos al fiscal Alejandro Gertz reclamando información que no le entrega Estados Unidos.
El caso de Zambada no avanzará más allá de una relatoría de hechos que muy probablemente nunca confirmen la participación de autoridades estadounidenses en lo que sucedió en México. La captura y extradición de Zhi Dong Zhang parece abrir oportunidades de colaboración en beneficio de todos, sin situaciones vergonzosas en que el Ejecutivo tenga que reconocer que “nosotros no fuimos” cuando caiga otro capo.
México Evalúa: 93.6% de los delitos quedan impunes
De atender a las observaciones expresadas por México Evalúa, en su más reciente informe, de muy poco va a servir a los ciudadanos de a pie la reforma al Poder Judicial de la Federación, ya que esta únicamente busca cambiar las piezas del tablero en vez de atacar el problema de fondo que representa el sistema de justicia penal en su conjunto; sin esto seguirá permeando la corrupción, impidiendo el al acceso a la justicia y la protección de los derechos de todos y cada uno de los mexicanos.
Las cifras reportadas en el informe titulado: “Hallazgos 2023. Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal” son más que elocuentes: a lo largo del año pasado el 93.6% de los delitos investigados quedaron impunes. En estados como Oaxaca este número se eleva a 99.93%.
En los últimos meses se ha satanizado a los jueces por las deficiencias en materia de justicia, sin embargo, de acuerdo a la organización, sólo 3.6% de las carpetas de investigación llegaron a los juzgadores ante la falta de averiguaciones serias, responsabilidad que recae en las fiscalías; por cierto, mucho ayudaría saber si se puede esperar un planteamiento de reforma al ministerio público por parte de los activos legisladores morenistas, de otra manera el ciclo de la justicia pronta y expedita quedará sin cerrar.
México Evalúa anticipa serios problemas con el involucramiento de la Guardia Nacional en labores de investigación del delito y considera que esto provocará serias distorsiones en el sistema de justicia penal debido a su formación militar muy alejada de la vocación enfocada en la seguridad ciudadana y la protección de los derechos humanos.
Es indudable que las faltas menores, cada vez más, deben atenderse bajo la modalidad de solución de controversias, para que los recursos sean encauzados hacia los delitos más graves; es indispensable el mayor uso de tecnología y asignar presupuestos realistas a las necesidades de la procuración de justicia.
Pese a la argumentación a todos los niveles de gobierno de que la delincuencia está controlada, las cifras de México Evalúa revelan que los criminales cometen sus fechorías apostando a que nunca serán juzgados y los números les dan la razón: los delitos con mayor impunidad son la desaparición forzada con 99.5%; la extorsión con 98.4%, el fraude con 97.2% y el homicidio doloso 96.8%.
Malas noticias, estamos transitando hacia un nuevo poder judicial pensando que con esto habrán de resolverse los graves problemas de falta de justicia en nuestro país, pero no nos están contando la historia completa. Habrá que estar muy atentos.
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