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La Copa Mundial de 2026 fue un gran espectáculo futbolístico que rompió varios récords -mayor número de selecciones participantes y partidos jugados, jugador con más goles en Mundiales, recaudación histórica-; y también se convirtió en el evento único más grande en la historia de la industria mundial de las apuestas.
Según estimaciones de H2 Gambling Capital, consultora de la industria del juego y las apuestas, el volumen total de apuestas legales a nivel mundial durante el torneo alcanzó aproximadamente 60 mil millones de dólares, 71% más en comparación con la Copa Mundial de Qatar en 2022.
El crecimiento se atribuye a varios factores: husos horarios favorables gracias a la organización conjunta entre tres naciones norteamericanas; el formato ampliado con 48 equipos y 104 partidos; y la continua legalización de las apuestas en mercados como Estados Unidos y Brasil.
De acuerdo a la misma consultora, los Ingresos Brutos del Juego (GGR por sus siglas en inglés) de las empresas de apuestas —definidos como el monto total apostado menos las ganancias pagadas a los jugadores— se proyectaron en aproximadamente 7 mil 500 millones de dólares durante la Copa.
Esto no equivale al beneficio neto: las apostadoras deben deducir diversos costos, empezando por los impuestos, a lo que se suman gastos de publicidad, patrocinio, infraestructura tecnológica, de datos, proveedores y socios comerciales.
Cabe señalar que no todos los partidos resultaron rentables para las casas de apuestas; según el “Índice de Rentabilidad de Partidos” de Blask, plataforma de análisis de mercado de juegos en línea y apuestas, el sector en su conjunto registró una pérdida neta en el total de los 104 partidos mundialistas.
El empate 0-0 entre Inglaterra y Ghana fue el partido más rentable para la casa, mientras que la derrota de Nueva Zelanda por 1-5 ante Bélgica generó las mayores pérdidas. Como dato añadido, un beneficio económico más de las “pausas de hidratación”, es que provocaron un aumento de entre el 60% y el 150% en el volumen de apuestas en vivo.
Con 423 casinos y cerca de 80 plataformas de apuestas en línea operando, México es uno de los mercados de más rápido crecimiento en la industria mundial de las apuestas. Como coanfitrión mundialista, se esperaba que nuestro país contribuyera con un volumen de apuestas de aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.
Durante el torneo, las plataformas en línea duplicaron sus bases de clientes, con una demanda diaria que aumentó entre un 30 % y un 40 % en los momentos de mayor actividad.
Hay dos retos para atender en el mercado nacional: más del 60 % de las apuestas en línea en México se realizan a través de plataformas extranjeras, lo que significa que una parte considerable de los ingresos no llegan al SAT; se necesita un marco regulatorio más sólido por los problemas relacionados con el juego entre las generaciones más jóvenes, que lo utilizan como un entretenimiento digital más, sin estar concientes del riesgo que representa para su economía.
La hipocresía de la narrativa oficial
La vida pública en México parece atrapada en una paradoja perpetua donde el debate ideológico del siglo XX se utiliza para eclipsar los escándalos de corrupción del siglo XXI.
Por un lado, asistimos a una creciente lista de señalamientos e investigaciones periodísticas que apuntan hacia presuntos actos de corrupción de funcionarios, allegados y círculos cercanos al movimiento de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
Por el otro, la maquinaria de distractores políticos se realimenta de manera cíclica, destacando recientemente la reaparición del expresidente Andrés Manuel López Obrador con descalificaciones que equiparan a sus críticos con los estragos del nacionalismo y el fascismo alemán.
Este contraste expone un preocupante doble rasero: la estricta vara discursiva para condenar al adversario ideológico contrasta con la profunda laxitud institucional y la impunidad de facto con la que operan los órganos de procuración de justicia.
Las múltiples revelaciones sobre enriquecimiento inexplicable, contratos adjudicados de forma directa a familiares, amigos y supuestos prestanombres de figuras prominentes del régimen no son meras anécdotas; documentan un patrón sistemático que ameritaría la atención inmediata de cualquier Estado de derecho funcional. Sin embargo, la realidad procesal es desalentadora:
Mientras los casos de corrupción de la élite en turno se diluyen en la burocracia o son sumariamente desestimados bajo el argumento de persecución política o “guerra sucia”, la exigencia ciudadana de rendición de cuentas choca con un muro institucional de opacidad.
En este contexto de impunidad tolerada, la reaparición del expresidente López Obrador reviviendo analogías extremas, como comparar a la oposición y a la derecha mexicana con los métodos de manipulación del nacionalismo alemán o el neofascismo, cumple una función política muy específica: desplazar el foco de atención.
Agitar los fantasmas del totalitarismo europeo no busca enriquecer el debate democrático, sino polarizar a la sociedad bajo una lógica maniquea donde cualquier crítica a la corrupción gubernamental es automáticamente catalogada como traición a la patria o simpatía con el fascismo. Es una táctica de distracción discursiva sumamente útil:
Se traslada la discusión de los tribunales y las cuentas bancarias dudosas hacia el terreno estéril de las etiquetas ideológicas. Se busca movilizar el fervor popular apelando a agravios históricos universales. Se desacredita de antemano cualquier fiscalización independiente, presentándola como un complot de las “fuerzas oscuras” del conservadurismo.
La salud de una democracia no se mide por la estridencia de sus discursos fundacionales ni por la habilidad de sus líderes para encontrar enemigos históricos, sino por la fortaleza y neutralidad de sus instituciones.
Mientras la FGR y las fiscalías sigan operando como agencias de protección política y el debate público se contamine con paralelismos históricos absurdos para encubrir desaseos administrativos, la promesa de regeneración nacional seguirá incompleta. Un país no se transforma barriendo la corrupción institucional bajo la alfombra del discurso ideológico; se transforma ,exclusivamente,aplicando la ley con la misma severidad a propios y extraños.
Christa Pike, la muerte que no fue
Christa Pike debía morir este miércoles en Tennessee. El Estado había preparado todo para ejecutar la sentencia: funcionarios, protocolo, medicamentos y una hora precisa. Le administraron una dosis de pentobarbital y después una segunda.
Pero Pike no murió; en cambio, acabó en un hospital. Lo que debía ser el acto final de una condena terminó convirtiéndose en un debate acerca de cuántas veces puede el Estado intentar legalmente matar a una persona.
La pena de muerte tiene una característica que la distingue de cualquier otra condena: no admite corrección. Una persona puede pasar años injustamente en prisión y, si aparece una nueva prueba, recuperar la libertad. Nunca recuperará el tiempo perdido, pero el Estado puede reconocer su error. Con la muerte no existe esa posibilidad. Una vez ejecutada una persona, la justicia pierde para siempre la oportunidad de rectificar.
Desde 1973, al menos 203 personas condenadas a muerte en Estados Unidos han sido exoneradas. Son personas que han estado a punto de ser ejecutadas por delitos que no habían cometido. La cifra equivale a una exoneración por cada 8.2 ejecuciones en la era moderna. Un estudio académico citado por The Death Penalty Information Center estimó que al menos 4.1 por ciento de quienes recibieron una sentencia de muerte fueron condenados injustamente.
Todavía hay algo más aterrador. No sabemos cuántos errores terminaron en una ejecución. Quien es exonerado puede contar su historia. Quien ha sido ejecutado ya no puede hacerlo. No existe una segunda instancia después de la muerte, ni una prueba de ADN que devuelva la vida, ni un tribunal que pueda ordenar la libertad de un cadáver.
Pero el caso de Pike va más allá. Aun suponiendo que la sentencia sea correcta y que la sociedad considere legítimo ese castigo, ¿no fue ya suficiente con enfrentarse a la muerte? Pike estuvo en una sala preparada para su ejecución, recibió las sustancias destinadas a producir su deceso y sobrevivió: no sabemos qué consecuencias psicológicas acarreará esa experiencia, pero hay algo que sí sabemos: una persona fue sometida deliberadamente a una situación en la que su muerte era inminente y, después de sobrevivirla, quedó expuesta a la posibilidad de volver a pasar por lo mismo.
La pena de muerte no solamente condena a morir; condena a esperar la muerte. Y en el caso de Pike, lejos de ser un castigo, se convierte en una forma de tortura, una dimensión del sufrimiento difícil de ignorar. El caso lleva la contradicción hasta el extremo. El Estado falló en su intento; ahora queda decidir si puede volver a intentarlo. La pregunta parece jurídica, pero en el fondo es más simple. ¿Qué derecho debería tener un Estado para repetir una ejecución que ya fracasó?
La realidad es que la pena de muerte parte de una premisa que ningún ser humano puede garantizar: la de no equivocarse. Y la historia demuestra exactamente lo contrario. Los jueces se equivocan, los jurados se equivocan, los fiscales se equivocan, los testigos se equivocan, las pruebas se interpretan mal y las instituciones pueden condenar a inocentes. Cuando la consecuencia es la cárcel, todavía existe una posibilidad, por pequeña que sea, de reparar. Cuando la consecuencia es la muerte, el error se vuelve definitivo.
La historia de Christa Pike recuerda algo elemental: la justicia puede equivocarse; la muerte no.
Mérida, un mercado inmobiliario que ha alcanzado la madurez
Durante años, Mérida fue presentada como una de las grandes promesas inmobiliarias de México. Hoy, los datos muestran que esa etapa ha evolucionado.
Con una población metropolitana de 1.3 millones de habitantes, más de 10 mil hogares nuevos formados cada año y una economía que sostiene a más de 616 mil personas económicamente activas, la ciudad cuenta con fundamentos demográficos y económicos propios de un mercado consolidado.
Además, el crecimiento de la inmigración, que aumentó cerca de 80% entre 2010 y 2020, confirma que Mérida sigue siendo un destino atractivo para quienes buscan calidad de vida, oportunidades económicas y acceso a vivienda.
La madurez del mercado también se refleja en la profundidad de su oferta. De acuerdo con datos de Accumin Intelligence y Tinsa México by Accumin, la consultora y valuadora inmobiliaria, existen 291 desarrollos residenciales en comercialización con más de 12,800 viviendas disponibles.
Lejos de tratarse de un mercado especulativo, las cifras muestran una dinámica sostenida de absorción, particularmente en los segmentos Medio y Tradicional, que concentran más del 70% de las ventas. Esto demuestra que la demanda no está impulsada únicamente por inversionistas, sino por familias que encuentran en la zona conurbada opciones acordes con sus necesidades y capacidad de compra.
Sin embargo, la consolidación trae consigo nuevos desafíos. El primero es que el crecimiento poblacional se está moderando: mientras que en años anteriores la capital yucateca crecía a tasas cercanas al 3% anual, actualmente lo hace al 1.8%. El segundo tiene que ver con la infraestructura urbana y la distribución territorial del desarrollo.
La mayor parte de la oferta continúa concentrándose en el norte de la ciudad, donde también se ubican los precios más elevados, con valores que ya superan los 100 mil pesos por metro cuadrado en algunas zonas. La pregunta obligada es qué ocurrirá con el sur y el oriente de la ciudad y cómo se garantizará un crecimiento más equilibrado e inclusivo.
Justino Moreno, Head of Accumin Intelligence, considera que los fundamentos que han impulsado el desarrollo inmobiliario de Mérida permanecen sólidos. El crecimiento de los precios, la fortaleza del mercado de renta y la constante llegada de nuevos residentes seguirán respaldando la actividad del sector.
No obstante, el éxito futuro dependerá menos de expandir la oferta y más de la capacidad de la ciudad para acompañar ese crecimiento con infraestructura, movilidad y planeación urbana. La verdadera prueba de madurez no será cuánto crezca Mérida, sino qué tan bien gestione su crecimiento.
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