El Senado de la República ha dado luz verde a una reforma significativa en la Ley de Amparo, la cual prohíbe las suspensiones con efectos generales contra leyes y obras públicas, con el fin de evitar que los jueces detengan proyectos o normativas ante posibles violaciones de derechos humanos.
La reforma, votada con 69 votos a favor, 42 en contra y ninguna abstención, modifica los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo, limitando la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones provisionales o definitivas con efectos generales en casos de amparo contra leyes emitidas por el Congreso o legislaturas estatales.
Preservando la separación de poderes y la presunción de constitucionalidad
El dictamen aprobado enfatiza la importancia de garantizar el respeto a la separación de poderes y, sobre todo, el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
Se destaca que el juicio de amparo sirve como un mecanismo de control constitucional contra los actos derivados del ejercicio del poder, pero se advierte que no debe ser utilizado para limitar las funciones de un poder constituido en detrimento de otro.
Esta medida busca evitar que el juicio de amparo se convierta en un mecanismo para obstaculizar el actuar de las autoridades en beneficio del interés social.
Debate y controversia en el Senado
Durante la discusión, diversos senadores expresaron opiniones divergentes.
Los legisladores de la oposición señalaron que esta reforma busca proteger las controvertidas megaobras del presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras que los senadores de Morena criticaron a los jueces por frenar proyectos como el Tren Maya o reformas como la Ley de la Industria Eléctrica mediante juicios de amparo presentados por grupos ambientalistas, indígenas y empresariales.
Perspectivas y próximos pasos
La reforma, según lo comunicado por el Senado, agrega un último párrafo al artículo 148 y deroga el último párrafo del artículo 129 de la Ley de Amparo.
Esto elimina la posibilidad de conceder suspensiones cautelares en casos excepcionales donde la negativa de la medida pueda causar una mayor afectación al interés social.
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La presidenta de la Comisión de Justicia, senadora Olga Sánchez Cordero, sostuvo que esta reforma no afecta los derechos ni representa una regresión en las garantías, sino que reafirma el compromiso de que las leyes estén acordes con la Constitución.
Por otro lado, desde la bancada de Morena se argumenta que esta reforma busca evitar el abuso de la llamada “dictadura de la toga”, término utilizado para describir la discrecionalidad de los jueces en sus decisiones, lo que a su vez vulnera el principio de legalidad.
Sin embargo, legisladores de otros partidos han denunciado que esta reforma elimina el derecho de los ciudadanos a protegerse ante las decisiones de las autoridades.
La iniciativa de reforma a la Ley de Amparo ahora pasa a la Cámara de Diputados para su votación y eventual aprobación.