El fenómeno mundial de las redes sociales y la popularidad resultan muy atractivos para aquellos quienes necesitan de la aprobación de las masas y se convierten en vehículos idóneos para subir en el gusto de la mayoría, pero eso conlleva un alto riesgo.
Como ha sucedido en otros tiempos, la música también es una expresión que se enmarca en un momento histórico-político. En esta coyuntura nacional, el evento desafortunado provocó diferentes problemas y malas interpretaciones.
A partir del fenómeno de Peso Pluma, un cantante mexicano asociado en su imagen con la cultura del narcotráfico, entre otras tantas malas acepciones que, de pronto, se convirtió en el artista más escuchado en el mundo y que igual corean sus canciones en los estadios de Estados Unidos que es el invitado de honor en los late night shows más vistos en la unión americana.
Primero, en medio de las acusaciones del gobierno estadounidense sobre la fabricación de fentanilo en México, pues recordando a otras administraciones públicas, nos remite a aquel argumento de “la apología del delito”, de la que hablaba Felipe Calderón, refiriéndose a los narcocorridos y a las series extranjeras y mexicanas sobre ese tema.
Luego, en plena campaña de promoción de Claudia Sheinbaum, habiendo presentado “gratuitamente” a la cantante española Rosalía en el Zócalo capitalino, opacada en redes por el desplante mediático de doble P y el triunfo del piloto Checo Pérez en Azerbayán, entre otras cosas. Su equipo recuperó la música de la canción “Ella baila sola”, el hit número 1 de Spotify, y le cambiaron la letra, obligando a la jefa de gobierno a deslindarse, pues el músico y cantante tapatío tiene acusaciones como haberse presentado en un concierto con la fotografía del Chapo Guzmán a sus espaldas.
Un fenómeno mercadológico que ha traído fama y que ha provocado el efecto contrario en quienes han tratado de subirse a ese tren.
Morenizando al INE
Al interior del Instituto Nacional Electoral (INE) fue relativamente tranquilizadora la llegada de Guadalupe Taddei como presidenta consejera, por ser de las candidatas la de mayor experiencia, al haber sido presidenta del Instituto Electoral del Estado de Sonora. Relativamente, porque el equipo del que llegó acompañada ha levantado sospechas, entre porque no se ve experiencia y sí mucha desconfianza.
Primero, por dejar a Miguel Ángel Patiño Arroyo como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto, la cual básicamente se encarga de administrar, supervisar, operar el INE e, importante, tiene a su cargo el padrón electoral.
La firma del secretario Ejecutivo es la que aparece en la credencial de elector y que en más de 15 años fue la de Edmundo Jacobo. Segundo, y más preocupante, por quien llegó como jefe de Oficina de la presidenta consejera, de nombre Flavio Cienfuegos Valencia, quien ahora se perfila para ser el nuevo secretario Ejecutivo, a propuesta de Taddei, para lo cual requiere el mínimo de 8 de 11 votos de los consejeros.
Resulta que Flavio Cienfuegos estuvo antes en el entonces IFE, ocupando varios cargos en el Registro Federal de Electores entre 2002 y 2011 y, quienes lo recuerdan de aquella época, estuvo señalado por malos manejos del padrón electoral.
Asimismo, resulta que cuando Germán Martínez renunció al IMSS, presentó tres denuncias ante la FGR contra Cienfuegos, quien era director de Administración del IMSS, por ejercicio indebido del servicio público. Si su honestidad es cuestionable, su imparcialidad más: se le identifica como cercano a Raquel Buenrostro, secretaria de Economía.
La situación es seria, pues por lo menos tres de los nuevos consejeros -incluida la presidenta- y una de los que ya estaban, Irene de la Cruz, son identificados como cercanos o con vínculos con Morena. A ello se suma la sustitución de funcionarios y llegada de otros -como Flavio Cienfuegos-, quienes por sus funciones tendrán acceso al padrón electoral, la mayor base de datos personales de mexicanos. Es decir, la imparcialidad del árbitro se va diluyendo.
La Suprema Corte en la encrucijada
Llegó la hora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la hora de dejar atrás los argumentos políticos para dar lugar a la legalidad, a las normas sobre las que se ha construido nuestra arquitectura democrática y que sin distinción nos rigen a todos los mexicanos al margen de los desvaríos de los mandatarios en turno.
Este lunes, en una sede sitiada por las huestes obradoristas, los once ministros de la SCJN determinarán la legalidad de la primera parte del llamado Plan B, una suerte de “chicanada” para imponer una reforma electoral que no obtuvo los suficientes votos en el Senado y que busca, por la puerta de atrás, imponer modificaciones que favorezcan al partido oficialista en el proceso electoral del 2024.
Durante la sesión de este lunes, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al pleno anular la validez de las reformas hechas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sustentado en el desaseo con el que se realizó el proceso legislativo. Ambas fueron impugnadas desde su publicación por partidos políticos, legisladores de oposición y el propio Instituto Nacional Electoral (INE).
Entre los argumentos esbozados por los detractores a las reformas destacan las denuncias de que con las modificaciones se favorece el uso de recursos públicos por parte de funcionarios que buscan promover su imagen, propiciando desbalances en la contienda y, el más grave, resta autonomía al INE en la organización de los procesos electorales que se llevarán a cabo el próximo mes.
Ya en marzo el ministro Javier Laynez había otorgado una suspensión contra toda la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a la posibilidad de que se estuvieran violando los derechos políticos-electorales de todos los mexicanos.
La ciudadanía, en su conjunto, estará pendiente de esta que será la segunda resolución relevante en las últimas semanas, tras la decisión que anula la extensión del mandato del Ejército sobre la Guardia Nacional. Gran responsabilidad para el Poder Judicial que no ha parado de recibir ataques de manera fontal por parte del presidente, quien sin ningún pudor ordenó a sus funcionarios no contestar las llamadas telefónicas de los ministros.
El primer round para el Ejecutivo está perdido, a escasas horas de que iniciaran los debates, la SCJN rechazó por unanimidad una solicitud por parte de la Consejería Jurídica de la Presidencia para aplazar la sesión, dado que el tema ha sido etiquetado con carácter de prioritario, ya que debe resolverse antes de que inicien los próximos procesos electorales.
Lo cierto es que, probablemente, durante la sesión ni siquiera será necesario debatir sobre la constitucionalidad de las leyes, porque el proyecto del ministro Pérez Dayán argumenta que el proceso legislativo fue violado vulnerando el principio de una deliberación informada, ergo, el proyecto del legislativo era inválido de origen.
