Apenas acababa de lograr que un tribunal confirmara la suspensión provisional para que el Comité de Ética de la UNAM no resuelva el caso del plagio en su tesis de licenciatura, hasta que la juez que lleva el amparo determine sobre el caso, cuando ya le salió otra tesis plagiada a la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
Este viernes el diario El País publicó un reportaje donde demuestra que 209 de 456 páginas (46.5%) de la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel por la Universidad Anáhuac de 2008, cuando la hoy ministra ya era magistrada en el Tribunal Superior Agrario, es decir, ya ni argumentar que fue error de juventud.
Los plagiados no son abogados desconocidos, como fue el caso del al parecer autor original de la tesis de licenciatura, sino una docena de personalidades, entre juristas mexicanos (empezando por Miguel Carbonell, Ignacio Burgoa, Jorge Carpizo) y de otros países; un exministro de Cultura español y hoy embajador ante la UNESCO; un expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros. Capítulos completos incluidas las citas, algunos libros ni siquiera referidos en la bibliografía.
Si en la de licenciatura ya había logrado que Edgar Ulises Báez se desdijera y aceptara que había copiado la tesis inédita de Esquivel, más el vacío jurídico y enredos de la UNAM; ahora el descubrimiento del nuevo plagio es sobre su máximo grado de estudios y embarra a la Universidad Anáhuac, empezando por su director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho, José Antonio Núñez Ochoa, quien asesoró la tesis de doctorado de Esquivel e incluso no tuvo empacho de afirmar en una carta que la tesis doctoral cumplió con el estricto rigor académico exigido por la Universidad Anáhuac… cuando el escándalo de la primera tesis, claro.
La posible existencia de omisiones en las citas de autores no es plagio, sino “descuidos”, justificó el representante legal de la ministra, confirmando dos cosas: que la ministra Yasmín Esquivel no tiene vergüenza y que el abogado contratado es la única persona que no necesita creerte para defenderte.
El extraño e inexplicable vínculo entre Nicaragua y el presidente
Llama la atención que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador no escatima en adjetivos negativos en contra de Dina Boluarte, presidenta legitima de Perú de acuerdo a las leyes que rigen en ese país, no haya tenido una sola frase para reprobar las medidas tomadas por Daniel Ortega, presidente-dictador de Nicaragua, quien por decretó arrebató la ciudadanía a centenares de sus compatriotas. Todos ellos fueron hallados culpables por “traición a la patria” (¿nos suena conocido?) únicamente por ser críticos de su régimen.
Los hechos se sucedieron con la vertiginosidad propia de los gobiernos autoritarios. El 9 de febrero 222 presos políticos fueron liberados y puestos en un avión con rumbo a Estados Unidos, prácticamente durante su recorrido se enteraron de que habían perdido la ciudadanía al cobijo de la “Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense” diseñada y aprobada a la medida de los deseos de Ortega.
Naturalmente esta legislación generó incertidumbre por parte de los afectados, quienes durante días se vieron en un limbo jurídico que fue despejado diez días después cuando los jefes de Estado de España, Chile y Argentina, en un acto de generosidad, ofrecieron la ciudadanía a los despojados. Colocado contra la pared tras fuertes críticas por su falta de solidaridad, Andrés Manuel López Obrador reviró con desgano que quienes lo solicitaran podrían tener “asilo, nacionalidad o lo que ellos quieran” en nuestro país, no sin antes leer una carta enviada a Daniel Ortega fechada el primero de diciembre pasado (de la que nunca tuvo respuesta) en la que menciona que nuestro país no se prestaría a campañas en contra de su gobierno y abre la posibilidad de dar asilo a los opositores, eludiendo las causas políticas por las que éstos han sido encarcelados invocando en su lugar razones humanitarias.
Una de las peculiaridades de este régimen “transformador” han sido sus contradicciones. Mientras que públicamente se define como transparente, en los hechos reina la opacidad en la mayoría de los ámbitos. No hace mucho, aún a costa de lastimar la relación con Estados Unidos encabezó el sabotaje contra la IX Cumbre de las Américas celebrada en junio pasado en Los Ángeles, California, porque los gobiernos regionales antagonistas de la democracia -Cuba, Venezuela y Nicaragua-, no habían sido convidados. De igual modo un reportaje de Latinus reveló que Elías Gerardo Valdés Cabrera, cónsul honorario de Daniel Ortega, había recibido contratos por 3 mil millones de pesos durante la administración de López Obrador.
Ciertamente en política las casualidades no existen y si no que le pregunten al presidente.
