El matrimonio infantil sigue estando presente hoy en día en diversas regiones del mundo, pero no se hace visible.
De acuerdo con la Unicef, el matrimonio infantil es reflejo de las normas sociales y culturales y una de las formas más generalizada de abuso sexual, de explotación y de violencia, que afecta principalmente a las mujeres, ya que en 8 de cada 10 matrimonios la cónyuge es menor de edad.
Esta práctica tiene sus raíces en la cultura y las costumbres de las comunidades. Muchas familias acuerdan la unión de sus hijas desde que nacen, porque tienen la idea de que las mujeres son objetos que pueden intercambiar por bienes; o porque consideran que ellas deben casarse jóvenes cuando aún son fértiles y pueden procrear hijos sanos.
Sin embargo, el matrimonio infantil les roba a las niñas el derecho a vivir una infancia sana y plena; además, de poner en riesgo su integridad, ya que, en la mayoría de los casos, son obligadas a casarse con hombres mayores que ellas, por lo que quedan vulnerables a sufrir todo tipo de violencia, ya sea física, sexual, económica, psicológica y doméstica.
Practica nociva
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), establece que los matrimonios infantiles forzados y las uniones tempranas son prácticas nocivas que impactan negativamente en el desarrollo integral de niñas y adolescentes, ya que las expone a situaciones de violencia, embarazos adolescentes y sobrecarga de trabajo no remunerado y de cuidados.
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Según el organismo, el 55.2% de las niñas y adolescentes que iniciaron su vida en pareja antes de los 20 años, se dedican exclusivamente al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados, siendo dependientes económicas de sus parejas.
Una de una de cada cuatro niñas y adolescentes de América Latina y el Caribe contrajo matrimonio antes de cumplir los 18 años, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Esta práctica ha prevalecido en los últimos 25 años y se estima que para el 2030, la región latinoamericana tenga el segundo índice más alto de matrimonio infantil, por detrás de África Subsahariana.
El panorama en México
México no es ajeno a esta realidad. Actualmente muchas niñas menores de 18 años, que viven en comunidades indígenas, son obligadas a contraer matrimonio.
Según cifras del organismo Save The Children, una de cada 100 niñas entre 12 y 14 años de edad están casadas o viven en pareja.
En tanto que datos del instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que cerca de 15 mil menores de 18 años contrajeron matrimonio en los últimos cinco años; a pesar de que en nuestro país esta práctica está prohibida desde el 2014, cuando se aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual establece que la edad mínima para contraer matrimonio son los 18 años.
La Estadística de Matrimonios (EMAT) que elabora el Inegi con información de las oficialías del Registro Civil a nivel nacional, muestran que el año pasado se registraron 43 matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes era menor de edad.
Las entidades que registraron el mayor porcentaje de menores de edad que contrajeron matrimonio fueron Durango, con 14 casos que equivalen al 29.2%, Chihuahua, con 18.8%, Michoacán 10.4%; y Sonora y Puebla, ambas con 8.3%; en tanto que el 26% restante corresponde a los estados de Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Nayarit; Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Embarazo adolescente
Por otro lado, el matrimonio infantil se relaciona con la desigualdad de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y marcos legales y políticas inadecuados, limitados o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes de zonas rurales que forman parte de hogares en situación de pobreza y con menor acceso a la educación.
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Además, las niñas suelen convertirse en madres antes de los 18 años, lo cual aumenta el riesgo de que sufran complicaciones durante el embarazo y el parto, poniendo en riesgo su vida y la de sus hijos.
Las cifras indican que 8 de cada 10 mujeres dieron a luz antes de cumplir 18 años, pero hay casos en los que se han convertido en madres a los 13 o 14 años, y la mayoría de estos embarazos no fueron deseados, lo cual evidencia que sus derechos sexuales y reproductivos también son violentados.
En el 2015, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció que “el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación, un abuso o un menoscabo de los derechos humanos y una práctica nociva que impide que las personas lleven una vida digna, sin ninguna forma de violencia, y que tiene consecuencias múltiples y negativas para el disfrute de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva”.