El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado una orden ejecutiva destinada a dar forma al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
Esta orden, emitida el 30 de octubre, busca establecer directrices para garantizar la seguridad, protección al consumidor y supervisión gubernamental en el rápido avance de la IA.
Impulsando el potencial y conteniendo los riesgos de la Inteligencia Artificial
El enfoque de esta orden refleja el profundo interés personal de Biden en la IA, considerando su capacidad para impactar la economía y la seguridad nacional. El jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, subraya la urgencia de esta acción gubernamental, reconociendo que deben avanzar al ritmo de la tecnología y, en ocasiones, incluso más rápido.
La IA presenta un doble filo. Por un lado, ofrece beneficios como acelerar la investigación del cáncer, modelar el cambio climático, mejorar los servicios gubernamentales y potenciar la producción económica.
Por otro lado, podría contribuir a la difusión de información falsa y deepfakes, profundizar las desigualdades sociales y raciales, y proporcionar herramientas a estafadores y delincuentes.
Regulación basada en compromisos voluntarios y colaboración internacional
La orden ejecutiva no solo se basa en compromisos voluntarios asumidos por las empresas de tecnología, sino que también es parte de una estrategia más amplia que involucra legislación del Congreso y diplomacia internacional.
Esto demuestra la creciente preocupación por las consecuencias disruptivas de la IA, particularmente en la era de herramientas como ChatGPT, capaces de generar contenido textual, visual y sonoro.
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La orden establece la necesidad de que los principales desarrolladores de IA compartan los resultados de pruebas de seguridad con el gobierno y exige que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología cree estándares de seguridad para las herramientas de IA antes de su lanzamiento público.
Etiquetado, privacidad y derechos civiles
Otro aspecto importante de la orden se centra en el etiquetado y marca de agua del contenido generado por IA, con el objetivo de distinguir entre interacciones genuinas y aquellas creadas por software. Además, aborda cuestiones de privacidad, derechos civiles, protección al consumidor, investigación científica y derechos de los trabajadores.
La implementación de esta orden ejecutiva implica plazos que van desde 90 días hasta 365 días, con una prioridad en los elementos relacionados con la seguridad. Esto indica la determinación de la administración de Biden para abordar los desafíos y oportunidades que plantea la IA en el corto plazo.
Joe Biden, consciente de la importancia de regular y supervisar la IA de manera efectiva, ha establecido las bases para guiar el desarrollo de esta tecnología, maximizando su potencial y minimizando sus riesgos. A medida que la inteligencia artificial sigue avanzando, la acción gubernamental se convierte en un componente esencial para garantizar que la tecnología beneficie a la sociedad en su conjunto.
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