El Tribunal Supremo y la indemnización por despido improcedente
De acuerdo con la reciente resolución del Tribunal Supremo, la indemnización por despido improcedente establecida en 33 días de salario por año de servicio no puede ser incrementada mediante vías judiciales. Esta decisión ha generado un amplio debate sobre las condiciones laborales y la protección de los trabajadores en España.
El caso que llevó a la determinación del Supremo
En el caso abordado, una mujer que trabajaba como ‘Operation Manager’ en Barcelona fue despedida durante la pandemia de COVID-19. La empresa ofreció la indemnización mínima de 33 días, que ascendía a 941,78 euros, una cantidad considerada insuficiente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que argumentó que no compensaba adecuadamente el daño producido por la pérdida del empleo. De este modo, el tribunal catalán decidió aumentar la indemnización a 4,435.08 euros, basándose en la naturaleza coyuntural del despido debido a la pandemia.
El fallo del Tribunal Supremo
Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta interpretación, subrayando que la normativa vigente establece una indemnización tasada, declarada como ‘adecuada’ por la doctrina constitucional. Se reafirmó así que no cabe la posibilidad de modificar judicialmente la cuantía prevista en el Estatuto de los Trabajadores, independientemente de las circunstancias del caso específico.
Impacto en el ámbito laboral
Esta decisión no solo afecta al caso particular de la trabajadora mencionada, sino que tiene implicaciones más amplias para todos los trabajadores en situaciones similares en España. La anterior decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que había buscado compensar adecuadamente el daño causado por el despido, contradice ahora el criterio del Tribunal Supremo.
Recomendaciones de Europa
Este contexto provoca que se planteen dudas sobre la efectividad de la actual ley en la protección de los derechos laborales. Recientemente, el Comité de Ministros del Consejo de Europa emitió una recomendación al Gobierno español para revisar la legislación en cuanto a las indemnizaciones por despido, con el propósito de hacerlas más disuasorias y efectivas. La recomendación busca garantizar que los despidos improcedentes sean tratados con mayor severidad, reforzando así la seguridad laboral de los trabajadores.
El futuro de las indemnizaciones por despido
El Ministerio de Trabajo está considerando la posibilidad de remodelar la regulación del Estatuto de los Trabajadores para que las indemnizaciones tomen en cuenta circunstancias personales y laborales específicas de los trabajadores afectados. Esta modificación podría resultar en un sistema más justo y equitativo para la compensación en casos de despido injustificado.
En conclusión, los poderes judiciales y ejecutivos deben trabajar juntos para garantizar una protección adecuada para los trabajadores, en un mercado laboral que evoluciona constantemente. Las condiciones de trabajo deben mejorar y las leyes laborales adaptarse a las realidades contemporáneas, asegurando así un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y las necesidades del mercado.
