Litio, el nuevo tesoro nacional
En abril de este año, el Senado aprobó la reforma a la Ley Minera donde se declara al litio como patrimonio de la Nación, con ello su exploración, explotación y aprovechamiento es exclusivo del Estado
En abril de este año, el Senado aprobó la reforma a la Ley Minera donde se declara al litio como patrimonio de la Nación, con ello su exploración, explotación y aprovechamiento es exclusivo del Estado. Es decir, descartados permisos y concesiones para la exploración y explotación del mineral, así como su procesamiento. Particularmente estos últimos dos pasos requieren tecnología especializada que no en todos lados se encuentra.
Para administrar la abundancia estimada, el gobierno creó la paraestatal Litio para México (LitioMx), a cargo de Pablo Taddei, para controlar y administrar dicho elemento que se encuentre en el territorio mexicano. El objetivo es construir una cadena de valor que cubra todo el ciclo hasta la producción de baterías completas. Pero la falta de tecnología y capital que se requiere hacen poco probable que haya resultados en el corto o mediano plazo. Como referencia, Bolivia nacionalizó el litio en 2006 y a la fecha su proyecto no es sostenible.
En México se tienen identificados 18 campos de litio, el más grande es “La Ventana” que se encuentra en Sonora, estado con la ventaja de la vecindad con Estados Unidos en momentos en que empresas de ese país están acercando sus suministros y producciones.
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Y no sólo Estados Unidos. En Reino Unido, Green Lithium, junto con Trafigura, líder del mercado de comercialización de materias primas a nivel mundial, construirán una planta en Teesside, al noreste de Inglaterra, que le permitirá refinar hasta 50 mil toneladas de litio por año y estará funcionando en 2025.
Será de las escasas refinerías de litio en funciones a mediados de esta década, lo cual nos da una idea de la complejidad que implica la explotación del metal a nivel mundial.
AMLO y el “misterio” de los plurinominales
En los últimos días se han publicado diferentes encuestas que arrojan como resultado que la mayoría de los ciudadanos se pronuncia por una reforma electoral, que no necesariamente es la de López Obrador. La gente piensa que la democracia es cara, que los partidos políticos reciben mucho dinero y que el número de legisladores es excesivo.
Sin embargo, una vez que se les pregunta a los participantes en que consiste la mencionada reforma, trastabillan, ciertamente existe un desconocimiento del sistema electoral y su funcionamiento.
Una de las propuestas contenidas en la iniciativa presidencial, que mayor atracción registra, es la reducción del número de legisladores en el congreso, de 500 a 300 en la cámara baja y de 128 a 96 en la cámara alta, con la consecuente eliminación de los llamados plurinominales.
El grueso de la población no sabe por qué fue creado este segmento ni con qué derecho legislan sus miembros si el poder que detentan no les fue otorgado mediante el voto directo, por lo que considera que no son merecedores del cargo y por lo tanto deberían desaparecer; así lo ha expresado el propio presidente en diferentes ocasiones.
Sería bueno recordar nuestro legislativo es mixto y se integra por un sistema de representación proporcional (plurinominal) y por un escrutinio mayoritario uninominal.
Con esto se busca que todos los ciudadanos, a través de los partidos de su elección, tengan una representación en el Congreso independientemente de que obtengan la mayoría de votos o no en alguno de los distritos electorales. Pensemos en el hipotético ejemplo de que nos encontráramos bajo un sistema puramente uninominal.
En una elección en que un partido “X” triunfara en cada una de las 32 entidades con el 51% de los votos obtendría el total de las curules, dejando sin representación al 49% de los ciudadanos que hubieran sufragado por una opción diferente. De ahí la reticencia a que desaparecieran, en los términos en que se había hecho pública la iniciativa presidencial en abril.
Pero la Cuarta Transformación es una caja de sorpresas en la que cualquier cosa puede ocurrir y lamentablemente para los gobernados su narrativa no siempre coincide con la realidad y al parecer eso está ocurriendo entre la iniciativa hecha pública y la presentada al Congreso, según la cual se estaría proponiendo la elección de los legisladores a través de listas votadas en cada una de las 32 entidades, esto es, los ciudadanos ya no estarían votando por candidatos sino por partidos en un formato que es muy parecido, con muy pequeñas variantes, al que se utiliza en el sistema de representación proporcional.
Luego entonces, paradójicamente, la única manera de acceder a un escaño en el Congreso sería a través de la vía plurinominal.
Al presidente sin embargo pudieran estar saliéndole mal las cuentas, de acuerdo al líder de la mayoría de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, mediante esta fórmula su partido estaría perdiendo escaños y sus aliados, el PT y el partido Verde, quedarían sin representación en entidades pequeñas.
Los bancos con más reclamaciones
Con datos de enero a septiembre de este año, los bancos con más reclamaciones ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), a cargo de Oscar Rosado, son Citibanamex con 23%, BBVA, 19%; Banorte, 14%; Banco Azteca, 12%; Santander, 11% y HSBC, 8%. Comprensible por el volumen de la cartera de clientes.
Sin embargo, visto por el índice de reclamación, el primer lugar lo ocupa Santander, con 48 por cada 100 mil contratos; seguido por Banorte con 35; HSBC, 30; Citibanamex, 27; Santander, 24%; BBVA, 19%; Banco Azteca e Inbursa, con 13 cada uno y BanCoppel, 8. En los tres primeros trimestres de 2022, la CONDUSEF recibió un total de 84 mil 670 quejas de la banca múltiple, de los cuales 95.6% corresponidieron a los nueve bancos referidos.
Los productos más reclamados fueron las tarjetas de crédito (27%) y de débito (24%). La principal causa son los cargos y consumos no reconocidos (69%). Los bancos que más resuelven a favor del usuario son BBVA con 44%, BanCoppel con 39%, Santander con 37%; Inbursa, Citibanamex y HSBC con 36% cada uno; Banorte con 29%; Banco Azteca, 28% y Scotiabank, 27%