Alemania asegura abasto de gas

Es de todos conocido el impacto de la invasión rusa a Ucrania en el mercado energético, sobre todo por las sanciones económicas contra Rusia. En el caso de Europa, la afectación ha sido principalmente en el abastecimiento de gas a varios países por parte de Rusia, destacando el cierre desde agosto del gasoducto Nordstream, que va de Rusia hasta Alemania, justo previo al otoño e invierno. De ahí que los países afectados se han abocado a buscar alternativas de proveedores e incrementar sus reservas.

En este escenario complejo de alta demanda e incertidumbre, donde es importante asegurar el abasto para el corto y mediano plazo, los gobiernos son muy exigentes en las garantías y condiciones de los proveedores, particularmente cuando éstos requieren financiar sus operaciones.

Para asegurar el suministro de gas a la red de gas europea y, en última instancia, a Alemania, durante los próximos cuatro años, Trafigura, líder del mercado de comercialización de materias primas a nivel mundial, ha firmado un préstamo a cuatro años por 3 mil millones de dólares, organizado y suscrito conjuntamente por el Deutsche Bank y otro banco internacional y asociado a más de 25 bancos participantes.

Trafigura utilizará principalmente las cantidades existentes de su cartera global de gas y GNL para ayudar a asegurar el suministro de gas a Securing Energy for Europe (SEFE), la cual recientemente fue recapitalizada por el gobierno alemán. El acuerdo incluyó una revisión de las políticas y el desempeño ambiental, social y de gobernanza (ASG) de Trafigura.

Cabe recordar que, apenas en octubre pasado, Alemania garantizó un préstamo de 800 millones de dólares a la misma firma suiza como respaldo al compromiso de ésta para entregar en el transcurso de cinco años, hasta 500 mil toneladas de metales no ferrosos a ese país europeo, utilizados por las industrias de energía renovable, electrónicos y químicos, así como por proveedores de las industrias de construcción y automóviles.

Más de la mitad de la población en la informalidad

Entre 2009 y 2020 la informalidad laboral creció a cerca del 60% de la población ocupada impactando sobre todo a jóvenes, adultos mayores, campesinos y a quienes tienen una menor escolaridad, de acuerdo a un estudio titulado “Diagnóstico del Derecho al Trabajo 2022” publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Los más pobres dentro de los pobres, quienes tienen menos posibilidades de desarrollo y a quienes la Cuarta Transformación dice defender, son las principales víctimas de este trato inequitativo, ya que son empleados que carecen de prestaciones, servicios de salud y un salario digno que les permita satisfacer sus necesidades más básicas.

Esta irregularidad lastima no solamente a este segmento de la población, sino que impacta negativamente a los ingresos públicos, establece una competencia desleal entre las industrias además de “perjudicar a las empresas informales que no tienen acceso al crédito y que no pueden crecer”.

En los últimos años, y particularmente durante esta administración, la política laboral se ha centrado en atender al empleo formal.

No es extraño escuchar en las conferencias matutinas que ofrece el presidente, anuncios al incremento en las prestaciones de los de trabajadores afiliados al Seguro Social, o aumentos al salario mínimo, un engaño con “espejitos” para ocultar una realidad que nos debería de doler a todos, porque más de la mitad de la población económicamente activa junto con sus familias no tiene acceso ya no digamos a servicios de salud de calidad, ni siquiera a la atención más básica, no recibe un apoyo para la vivienda ni tendrá un fondo de retiro, no habrá de beneficiarse con esa reforma que se discute en la cámara de diputados para duplicar el periodo vacacional, porque para ellos no hay vacaciones, vamos, ni siquiera cuenta con un mecanismo que le ayude a enfrentar una inflación rampante a la que no se le ve el fin con lo que su empobrecimiento se ahonda aún más día con día.

Urge una política pública de intermediación laboral que acerque a los buscadores de empleo a la empresa formal, particularmente a aquellos grupos que tienen mayores desventajas. Hoy prácticamente con el único mecanismo con el que se cuenta es el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) estrategia que ya de por si resultaba insuficiente pero que ahora se ha visto más limitada con una considerable reducción en su presupuesto.

Esta circunstancia ha favorecido a la intermediación privada que vio un crecimiento de 25.3% a 36.6% entre 2017 y 2021 de acuerdo al estudio.

Urge regularizar el estatus laboral de prácticamente la mitad de la población de lo contrario no habrá un futuro firme para las generaciones que nos habrán de suceder.