La reciente decisión del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha encendido las alarmas en el panorama laboral mexicano.
Con la entrada en vigor de estas nuevas disposiciones, se restringe de manera contundente la llamada Modalidad 40 (Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio), un mecanismo históricamente utilizado para maquillar y potenciar las pensiones de la codiciada Ley del Seguro Social de 1973.
Durante décadas, la promesa de la Modalidad 40 fue simple pero poderosa: permitir que el trabajador que había perdido su empleo formal continuara aportando por su cuenta, eligiendo un salario base de cotización (SBC) muy superior al último registrado, hasta alcanzar el tope de 25 UMAs, con el fin de inflar el promedio salarial de las últimas 250 semanas y, con ello, asegurar una jubilación dorada. Sin embargo, la fiesta ha terminado o, al menos, ha cambiado radicalmente de reglas.
La modificación principal impone un freno drástico a esa libertad de elección. A partir de ahora, el salario de incorporación se vincula estrictamente al último salario registrado, permitiendo un margen adicional máximo de apenas una UMA. Para ponerlo en perspectiva, aquel trabajador que salía del mercado formal con un sueldo diario modesto y planeaba cotizar de manera voluntaria bajo cifras estratosféricas para maximizar su pensión bajo el régimen del 73 se enfrenta a un tope.
Si bien el IMSS no ha eliminado la Modalidad 40, ni ha cancelado las pensiones en curso, la medida dinamita las estrategias individuales de retiro que dependían de este “salto cuántico” en las aportaciones. Las repercusiones jurídicas y financieras no se harán esperar: la incertidumbre legal sobre la retroactividad de las solicitudes y la compatibilidad con el reglamento vigente auguran una ola de litigiosidad y controversias en los tribunales laborales.
Aunque el acuerdo se dirige formalmente a los cotizantes independientes, las ondas expansivas de esta decisión golpearán directamente a las áreas de Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Finanzas de las empresas en México.
Las plantillas laborales con alta madurez y trabajadores próximos al retiro experimentarán un cambio drástico de expectativas. Es previsible que aumente la resistencia a los programas de prejubilación, se multipliquen las solicitudes para prolongar la permanencia laboral y crezcan las tensiones sindicales ante el desplome de los sueños pensionarios de la base trabajadora.
Las compañías tendrán que caminar sobre la cuerda floja: comunicar con absoluta transparencia para evitar que se les responsabilice injustamente por una decisión de política institucional del IMSS, al tiempo que blindan sus nóminas y evitan caer en la tentación de simular salarios o altas patronales ficticias que deriven en riesgos fiscales.
Desde la óptica de la seguridad social, el argumento detrás de la medida apunta hacia la sostenibilidad financiera y actuarial de un sistema bajo presión. Permitir que aportaciones reducidas durante una vida laboral activa se traduzcan de golpe en pensiones desproporcionadas financiadas artificialmente al final del camino representaba un boquete financiero insostenible para el instituto.
No obstante, el costo político y social es elevado. La narrativa pública oscila entre la protección de las finanzas del Estado y la vulneración de las expectativas de un sector que veía en la Modalidad 40 su única tabla de salvación frente a la vejez.
La era del retiro inflado por decreto voluntario ha quedado atrás. Hoy, más que nunca, la planeación financiera personal y la revisión meticulosa de las semanas cotizadas y los salarios reales dejan de ser una opción para convertirse en una dolorosa necesidad. El IMSS ha movido su ficha; ahora toca a trabajadores y empleadores navegar este nuevo y restrictivo escenario sin naufragar en el intento.
Economía digital: la tarea comienza ahora
Una vez aprobada la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y turnada al Ejecutivo para su publicación, comienza una nueva etapa para el sistema financiero mexicano. La ley busca reducir la dependencia del efectivo y extender el uso de medios electrónicos.
El reto está en materializar esa intención: conseguir que pagar digitalmente resulte sencillo para el consumidor, costeable para el comercio y útil para las empresas. De lo contrario, el cambio legal avanzará más rápido que su adopción.
México tiene una ventaja: no necesita construir toda esa infraestructura desde cero. Detrás de una compra con tarjeta hay una red tecnológica que conecta a bancos, comercios y procesadores de pagos. Prosa es uno de los participantes centrales de ese sistema. La empresa realiza más de 12 500 millones de operaciones al año, tiene más de 200 clientes y una participación de 63% del mercado nacional.
Esa infraestructura también tiene una historia de competencia y transformación tecnológica. Prosa y E-Global, los dos principales participantes en el procesamiento de pagos con tarjeta en México, estuvieron bajo el análisis de la Cofece por las condiciones de competencia en el mercado.
De acuerdo con información del sector, Prosa avanzó en la modernización de su infraestructura, mientras E-Global no siguió el mismo ritmo. La diferencia es muy importante ahora que México busca ampliar los pagos digitales: no basta con procesar millones de operaciones; también se necesita tecnología capaz de responder a las nuevas exigencias.
El desafío está en que esa capacidad llegue a más establecimientos. Para una gran cadena comercial, aceptar tarjetas y otros medios electrónicos forma parte de su operación cotidiana; para un pequeño negocio, los costos, la conectividad y la disponibilidad de equipos pueden marcar la diferencia.
También es importante que el servicio sea confiable y que exista conexión cuando el cliente necesite pagar. La transición no depende únicamente de las obligaciones que establece la ley, sino de que existan soluciones accesibles y confiables para quienes deben utilizarlas todos los días.
Hay una dimensión menos evidente pero particularmente interesante. Los pagos digitales no solo sirven para mover dinero; también generan información que puede ayudar a entender el consumo, mejorar decisiones comerciales y desarrollar servicios.
Prosa ya trabaja en ese terreno mediante Prosa Analytics, con análisis de datos transaccionales y herramientas para conocer tendencias de pago y comportamiento del mercado. Es una manera de ampliar el valor de la infraestructura de pagos: además de procesar operaciones, permite generar información que puede convertirse en una ventaja para los negocios.
Todavía falta conocer cómo se aplicará la ley. Una vez publicado el decreto, la ley entrará en vigor al día siguiente. A partir de entonces, la Secretaría de Hacienda tendrá 15 días hábiles para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales podrán ser la única forma de pago. Después, las autoridades competentes dispondrán de otros 15 días hábiles para emitir las disposiciones correspondientes. Las reglas tendrán que considerar las diferencias entre sectores y las condiciones en las que operan los establecimientos. Extender los pagos digitales puede facilitar las transacciones y mejorar los registros comerciales, pero imponer una obligación sin resolver los obstáculos de acceso podría complicar la operación de los negocios que todavía no cuentan con las condiciones necesarias.
El siguiente paso es aprovechar una infraestructura que ya opera a gran escala para ampliar las posibilidades de la economía digital. La ley pone sobre la mesa el uso de pagos electrónicos; empresas como Prosa muestran que la evolución tecnológica del sistema puede ir más allá. La cuestión será cómo convertir ambas cosas en beneficios concretos para los negocios y sus clientes.
Contrabando y comercialización de combustibles
En la mañanera del pasado miércoles se presentó un informe sobre el combate al “huachicol fiscal”, que no es otra cosa que contrabando de combustible, destacándose tres datos: uno, en 2025 el gobierno federal dejó de ingresar 61 mil 785 millones de pesos por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a causa del tráfico ilegal; dos, con las acciones realizadas para combatirlo, este año se han ingresado 48 mil millones de pesos por IEPS; y tres, en 2025 se identificó un desbalance entre la compra y venta de combustibles de 8 mil 824 millones de litros, equivalentes a 61 mil 785 millones de pesos, y el 72 por ciento de estas discrepancias estuvieron en el sector de comercialización, es decir, 6 mil 352 millones de litros, 44 mil 468 millones de pesos.
Tres cuartas partes de ese desbalance de compra-venta no puede tratarse de una simple merma específicamente en la comercialización, de ahí que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que se impulsará una reforma para reducir la participación de ese sector —en el que actualmente hay 660 permisos para ello—, al que incluso no le ve sentido, pudiendo pasar el combustible directamente de las importadoras a las transportistas, porque las comercializadoras compran y revenden el combustible sin contar necesariamente con infraestructura de almacenamiento propia.
La revelación de estos datos se produce en un contexto en el que el gobierno federal ha intensificado el uso de herramientas de trazabilidad fiscal para detectar discrepancias entre lo que las empresas declaran importar y lo que efectivamente venden, y donde hay una zona de anomalías identificada en los intermediarios. La cantidad de combustible de la que se habla da una idea no solo de la dimensión del hueco fiscal sino también de la calidad de los combustibles que se distribuyen para uso industrial y doméstico en el país.
La preocupación por la comercialización no es nueva. Desde marzo de 2026 entró en vigor un complemento fiscal obligatorio para la facturación de hidrocarburos, diseñado precisamente para que solo quienes tengan un permiso vigente ante la Comisión Nacional de Energía puedan emitir comprobantes fiscales por la venta de gasolinas y diésel.
A esto se suma que la propia CNE inició en octubre procedimientos de caducidad contra 132 permisos de comercialización de hidrocarburos, aunque dichos procedimientos no implican todavía una cancelación definitiva. Entre el año pasado y lo que va del presente, se han clausurado 1,224 empresas por el SAT por vender gasolina y diésel sin permisos; 180 empresas han sido dadas de baja del padrón de importadores por contrabando de gasolinas; 264 permisos cancelados de expendio y venta; 175 empresas detectadas como factureras y 307 permisos en proceso de sanción o revocación.
Paradójicamente, al ser abordada respecto al mega-aseguramiento fallido de Guanajuato, la presidenta dijo que la instalación de almacenaje tenía sus permisos en regla, aunque reconoció que “había algunos asuntos ilegales del transporte que estaba entrando al lugar y la empresa resolvió ese tema” ¿En qué consistieron esas ilegalidades?
Esta distinción entre el almacenamiento legal y los “asuntos ilegales” en la cadena de transporte sugiere que el problema del contrabando no se resuelve únicamente cancelando permisos o eliminando intermediarios, sino que requiere controles efectivos en cada tramo de la cadena, incluido el transporte del combustible, un eslabón donde las autoridades han admitido que persisten prácticas ilegales incluso en instalaciones autorizadas legalmente.
El talento médico y los desafíos de la transformación digital
La transformación del sector salud está redefiniendo las competencias que necesitan los profesionales para responder a un entorno cada vez más tecnológico, exigente y orientado a la eficiencia. La preparación clínica sigue siendo indispensable, pero hoy debe complementarse con habilidades digitales, capacidad de análisis de datos y conocimientos en ciberseguridad, telemedicina y gestión de riesgos.
En este escenario, la actualización constante deja de ser una opción para convertirse en una condición necesaria para mantener la calidad de la atención y responder a las nuevas demandas de los sistemas de salud.
En el marco del Día del Médico, que se conmemora el 23 de octubre, Computrabajo, el sitio de empleo líder en Latinoamérica, identifica diez habilidades clave para los profesionales del sector, entre las que destacan el dominio de expedientes clínicos electrónicos, la interpretación de indicadores de salud, la comunicación asertiva, la empatía y el liderazgo multidisciplinario.
Esta combinación evidencia que la evolución tecnológica no sustituye el valor del criterio médico ni del trato humano; por el contrario, exige integrar ambos para tomar mejores decisiones, optimizar procesos y brindar una atención centrada en las personas.
Desde una perspectiva empresarial, el desafío también involucra a hospitales, clínicas e instituciones de salud, que necesitan fortalecer sus estrategias de atracción, desarrollo y retención de talento. Invertir en capacitación continua, facilitar la adopción de herramientas digitales y promover entornos de colaboración permitirá que los equipos médicos respondan con mayor agilidad a los cambios.
Además, desarrollar competencias relacionadas con la eficiencia operativa, el cumplimiento normativo y el manejo de crisis será fundamental para elevar los estándares de calidad y seguridad del paciente.
El futuro del sector salud dependerá, en buena medida, de su capacidad para equilibrar innovación y sensibilidad humana y las organizaciones que comprendan que la tecnología alcanza su mayor potencial cuando está respaldada por profesionales preparados podrán construir equipos más sólidos, resilientes y capaces de afrontar nuevos desafíos.
En última instancia, la competitividad del sector no estará determinada únicamente por la incorporación de herramientas innovadoras, sino por el talento capaz de convertirlas en mejores resultados para los pacientes y para las instituciones.
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