Empeñado en darle un barniz de “pueblo” a todo lo que toca el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dará impulso en los próximos días a su propuesta Ley Minera que, se da por descontado, será aprobada por la mayoría morenista en el Congreso con el apoyo de sus partidos satélite.
Si bien el proyecto a simple vista pareciera benéfico para una población poco entendida en la materia, para los especialistas los cambios propuestos impactarán severamente a una industria cuyos tiempos corren de manera muy distinta a lo que ocurre con otros sectores, cuyas peculiaridades requieren ser analizadas con la aguda mirada de los expertos y unos conocimientos en el área con los que difícilmente cuentan los legisladores.
La agencia calificadora Moody’s ya adelantó que de aprobarse la ley tal cual está planteada los efectos negativos habrán de permear a una industria que ya de por sí ha sido muy golpeada durante la presente administración, la cual se jacta de no haber entregado concesiones en lo que va del sexenio.
Moody’s señala que las nuevas condiciones podrían desalentar la inversión por parte de las empresas mineras quienes se verían tentadas a trasladar sus proyectos a otras regiones con entornos más favorables. Hay que recordar que la nueva ley contempla reducir las concesiones de 50 a 15 años con una única renovación, un tiempo reducido si se toma en consideración la inversión, los tiempos de exploración y el lapso en el que empiezan a extraerse los minerales, lo cual disminuiría su rentabilidad.
El impacto que esto puede tener no es menor ya que la industria es fuente de insumos para otras como pueden ser la de la construcción, la de electrónicos y la automotriz por referir sólo a algunas.
Otro de los factores perniciosos que señala Moody’s, es el del aumento en la carga regulatoria, lo cual provoca que la asignación de nuevas concesiones se vuelva incierta para los inversionistas quienes sienten que su dinero se encuentra en un limbo frente a la falta de certeza jurídica.
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, con desconocimiento en la materia, plantea no otorgar concesiones en lugares en donde escasea el agua cuando es precisamente en estas zonas en donde se encuentran los yacimientos más importantes de minerales. También se negarán concesiones en donde haya áreas naturales protegidas. Seguramente si hubiera mostrado el mismo celo en el proyecto del Tren Maya hace mucho tiempo se habría cancelado.
No son pocas las dificultades y hay que decirlo, aunque no lo menciona Moody’s; es un hecho que las zonas mineras de nuestro país no se encuentran precisamente en paraísos, son zonas asoladas por grupos de la delincuencia organizada quienes a base de delitos como el robo, el secuestro y la extorsión, han visto acrecentar su poder económico y regional a costa justamente de estas minas, que se ven obligadas a invertir grandes sumas de dinero en seguridad privada.
De acuerdo a la Cámara Minera de México (Camimex), tan sólo en 2022 se invirtieron 85 millones de dólares en ese rubro y no se vislumbra un futuro mejor, pues México es considerado el cuarto país más inseguro de latinoamérica para esta actividad.
No hace mucho el propio presidente hizo alusión a las quejas del gobierno canadiense quien denunció la extorsión en el estado de Guerrero a dos de las mineras concesionadas a su país.
Interjet y la desgracia de las líneas de bajo costo
Este lunes un juez declaró la quiebra de Interjet y ordenó poner a la venta los bienes de la compañía para cubrir deudas estimadas en más de 40 mil millones de pesos. En agosto de 2022, la aerolínea entró en concurso mercantil y, en diciembre pasado, elementos de la Marina recuperaron los mostradores de Interjet de la Terminal 1 del AICM, los cuales tenían ocupados trabajadores sindicalizados que estaban en huelga desde enero del 2021.
De sobra hablar de las falsas promesas de Alejandro del Valle y su hijo Carlos, quienes llevan casi tres años asegurando que Interjet volverá a volar a fin de año -del 2021, 2022 y ahora del 2023-, y que están a punto de cubrir los adeudos con trabajadores, SAT, clientes y acreedores. Si no llegaron las inversiones prometidas cuando Del Valle y Carlos Cabal Peniche compraron la línea aérea a Miguel Alemán Magnani, menos los rescates que sólo ellos ven.
La caída ya venía de antes de la pandemia, y se agravó con malas decisiones de los Alemán, como cuando en enero de 2019, William Shaw fue designado como director general en sustitución de José Luis Garza. Shaw, mexicano radicado en Colombia, tiene un récord poco honroso de ver cerrar tres aerolíneas de bajo costo, Interjet, Viva Air y Ultra Air, estas últimas colombianas. Cómo serían las cosas que el nieto del expresidente Miguel Alemán enfrenta una orden de aprehensión por defraudación fiscal y anda prófugo en Francia.
Apenas en febrero pasado, Aeromar cesó operaciones al no poder pagar el adeudo de más de 500 millones de pesos con la administración del AICM correspondientes a suministro de combustible y servicios aeroportuarios. Difícil escenario para emprender en el negocio y, sin embargo, en marzo pasado empezó a operar Aerus, con sede en Monterrey, y para cubrir vuelos a cinco destinos del noreste del país. Un arranque modesto pero sensato.
Por lo pronto, para fines de este año “regresa” Mexicana de Aviación, operada por el Ejército con su conglomerado Olmeca, Maya, Mexica, con 10 aeronaves rentadas, el invendible avión presidencial, y aprovechando recursos humanos y materiales de la Fuerza Aérea Mexicana. Se desconoce las rutas, pero probablemente sean las que dejaron Interjet y Aeromar. Veremos cuánto dura este regreso de la otrora aerolínea bandera.
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