La transformación digital de las empresas implica un balance entre la cultura de las
personas, los procesos y la tecnología. Asimismo, debe responder a una estrategia de
negocio e implica un cambio cultural de toda la organización para adoptar la tecnología de
manera cotidiana, normalizándola en su día a día.
Parece fácil, pero no lo es. Como hace unos días se analizó en el último webinar de Prosa,
la procesadora de pagos que dirige Salvador Espinosa, la transformación digital implica
prepararse para entenderla, hacer pruebas, y el reto es escalarlas para que sean de uso
diario en las organizaciones. Cuando esto sucede, la transformación digital es exitosa.
Un indicador de la situación de México en la materia es el Informe de Madurez Digital
2023, que dieron a conocer la American Chamber of Commerce of Mexico (AmCham), EY
México, KIO y Needed Education, donde nuestro país se ubicó en el índice en 34%, cuatro
puntos arriba de lo logrado el año pasado, pero muy por debajo del 70 de madurez digital.
En este sentido, no extraña que por sus actividades globales, sean las transnacionales las
más avanzadas en la transofrmación digital, respecto a las nacionales. Sin embargo, hay
excepciones parciales, por lo menos en algunas partes de la operación, que tiene un
alcance mayor, como el de los pagos electrónicos.
Se trata de uno de los sectores donde la transformación ha sido prácticamente obligada,
acelerada y todavía insuficiente, donde la transformación digital busca facilitar la forma de
hacer pagos. Aceptar pagos electrónicos se ha vuelto parte fundamental de negocios de
todos los tamaños y la transformación digital alcanza hasta a misceláneas y comercios
informales.
El crecimiento exponencial de las terminales de punto de venta por parte de agregadores
de pago ha permitido la inclusión financiera de estos pequeños negocios. Y aún más: se
espera que en corto plazo, los dispositivos electrónicos para el cobro de tarjeta pueda ser
sustituido por una simple aplicación, lo cual abaratará mucho el servicio y lo pondrá al
alcance de cualquiera que tenga un teléfono celular y señal de internet. De ahí que hablar
de transformación digital no es algo exclusivo de grandes y medianas empresas. Es algo
que cada vez más -tal vez no al ritmo deseable-, está al alcance de todos.
La SCJN y la nueva ministra de la 4T
En un abierto conflicto de intereses, el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza
un nuevo intento por colonizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), proceso
que inicia formalmente este lunes con la comparecencia de las tres aspirantes a ocupar el
puesto que dejó a la deriva Arturo Zaldivar para, ya de manera abierta, ponerse a las
órdenes de la Cuarta Transformación.
Frente a la comisión de Justicia del Senado habrán de presentarse las candidatas
propuestas por el mandatario: Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno, Martí Batres;
Bertha María Alcalde Luján, hermana de la secretaria de Gobernación e hija de Bertha
Luján, titular de la Contraloría cuando López Obrador fue jefe de Gobierno del entonces
Distrito Federal, y María Estela Ríos González, quien en la actualidad es la Consejera
Jurídica de la Presidencia. Ninguna de ellas cuenta con las credenciales para ocupar un
puesto que requiere no sólo de un alto grado de especialización, sino de una neutralidad a
toda prueba, características con las que no cuentan las postulantes dada su fuerte
vinculación al partido gobernante.
Morena exhibe una prisa desbordante por colocar una pieza clave dentro del poder
Judicial, ojalá hubiera mostrado esa misma celeridad para elegir a los tres miembros
faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, órgano que contra los deseos de Palacio Nacional sigue trabajando,
aunque con apenas poco más de la mitad de sus integrantes.
Paradójicamente se busca volver a la SCJN una dependencia del poder Ejecutivo sujeta a
sus instrucciones y que sirva únicamente para validar las decisiones de un Congreso que
durante los últimos cinco años se concretó a dar curso fast track a las iniciativas enviadas
por el mandatario, mientras que se ponen cotos al organismo responsable de tramitar las
peticiones ciudadanas sobre en qué y cuánto nos cuestan las decisiones de gobierno.
El formato establecido por la comisión de Justicia del Senado es simple. Por orden
alfabético, cada una de ellas tendrá 15 minutos para defender su candidatura y
aportaciónes a la SCJN. Posteriormente las y los senadores tendrán 5 minutos para hacer
preguntas cuyas respuestas no tienen un límite de tiempo. La sesión estará abierta a
legisladores que no formen parte de la comisión, quienes también podrán cuestionar a las
postulantes. El martes la comisión presentaría el dictamen de idoneidad.
Morena estaría buscando llevar la votación al pleno el próximo miércoles y que, en caso
de cumplir con los dos tercios de los votos que marca la ley, se designara ahí mismo a la
nueva ministra, lo cual se antoja difícil ya que el partido en el gobierno y sus aliados no
cuentan con los sufragios suficientes, toda vez que la oposición ya hizo público que no
votará a favor de ninguna de las candidatas propuestas por el presidente.
De ser rechazada la terna, el presidente tendría que enviar una nueva. Si dentro de esta
nueva terna no hubiera consenso para elegir a la ministra, el presidente estaría en
facultades de designar al relevo de Zaldivar dentro de quien integró este último grupo.
