Minería cercada

La semana pasada, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó un paquete de reformas, entre ellas prohibir la minería a cielo abierto, con una modificación que abre la posibilidad de firmar contratos y otorgar concesiones en casos excepcionales que determine el Ejecutivo federal a través de un comité que señale la ley, considerando “su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.

Organizaciones empresariales y profesionales, nacionales y locales relacionadas con la industria minera han alertado sobre las consecuencias de la prohibición, considerando que el 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene precisamente de minas a cielo abierto.

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Reducción de inversiones e ingresos fiscales, pérdida de empleos directos e indirectos, afectación al Producto Interno Bruto, son algunas de las afectaciones que los gremios contemplan que provoque la medida, justo en tiempos en que hay minerales que se han vuelto esenciales para la transición a energías renovables y, en el caso de México, produciendo al menos doce minerales de los cuales Estados Unidos es su principal consumidor.

Al nuevo marco legal restrictivo para la minería en México, se contrapone la incertidumbre legal en diferentes ámbitos, como los permisos ambientales detenidos, conflictos laborales y con las comunidades donde hay minas, estos últimos frecuentes desde la etapa de exploración y que pueden llegar a impedir que se realice la explotación en el lugar.

Otro problema no menor es el de la inseguridad y el crimen organizado. El Instituto Fraser, un think thank canadiense, país de origen de las principales empresas mineras, ubica a México como el cuarto país más inseguro de América Latina para realizar actividades mineras. Las empresas son víctimas de extorsión, robo de minerales, equipo y explosivos; hasta organizaciones criminales que realizar actividades directas de explotación y exportación minera, casos registrados en Sinaloa y en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Pareciera entonces que los enemigos de la minería están en todos lados: un proyecto de ley sin incentivos para la industria, autoridades indolentes ante trámites, conflictos laborales y, por si fuera poco, contra la delincuencia organizada.

La sobrerrepresentación divide a la sociedad

Se acerca la hora de las definiciones para el Instituto Nacional Electoral (INE) en medio del ruido político desatado por los diferentes actores quienes no están dispuestos a ceder un milímetro en sus posiciones y reivindican la validez de sus argumentos.

El problema es que ambas partes están en lo correcto. De un lado, quienes reclaman una lectura a rajatabla de la Constitución, lo que la convierte en un documento pasivo con todo y los errores que durante su redacción se pudieron cometer, y quienes consideran que lo que tiene que prevalecer es el espíritu de la ley, la idea de que ninguna fuerza política en el legislativo domine a las restantes al otorgarle una mayoría calificada que le permitiría hacer reformas constitucionales sin tener que consensuarlas con las restantes en detrimento de la representación democrática.

La manzana de la discordia se encuentra en el Artículo 54 constitucional que señala a la letra que “En ningún caso, un partido político podrá contar un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”, el problema radica en que la Carta Magna no habla de las coaliciones y justo ahí es donde se encuentra el meollo del asunto.

En general, las agrupaciones de la sociedad civil se oponen a la llamada “sobrerrepresentación”, un cheque en blanco que le permitiría al Ejecutivo, con un legislativo completamente dócil, imponer su modelo “transformador” sin tomar en consideración al 40% de los mexicanos que no votaron por Claudia Sheinbaum, algo que se aleja completamente de las normas democráticas.

La Conferencia del Episcopado Mexicano, la iglesia, hizo un llamado no sólo al Instituto Nacional Electoral sino al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que actúen con responsabilidad, recordando que el equilibrio “debe ser honrado y mantenido” y que “la democracia debe ser real y no sólo formal”.

El empresariado comparte ese punto de vista. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que es vital respetar el voto de la ciudadanía y, por ende, la representación política del país por lo que llamaron a una interpretación justa, equilibrada y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. En el mismo sentido se ha pronunciado el Consejo Mexicano de Negocios.

En su clásico estilo de fragmentar a quienes lo confrontan, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso reunirse con las cinco personas más acaudaladas de México, justo quienes se han beneficiado más de su gobierno, para explicarles en qué consiste el problema y prácticamente que le ayuden en labores de convencimiento.

Los mencionados, extraídos de la revista Forbes, son: Carlos Slim, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; familia Bailléres, de Grupo Bal; María Asunción Aramburuzabala, de Grupo Tresalia; y Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas, este último en su cuenta de “X” se burló del ofrecimiento presidencial.

Esta misma semana el INE deberá publicar como quedará finalmente el Congreso. En un órgano electoral tan politizado y con una presidenta –Guadalupe Taddei-, cuya familia se ha beneficiado de la 4T, las apuestas se inclinan a que el oficialismo, que ya presume tener 373 curules, se habrá de imponer, sin embargo, si no llegara a ocurrir, Morena y sus aliados podrán acudir al TEPJF, el cual tendrá apenas unos cuantos días para emitir un veredicto final porque a partir del 28 de este mes iniciará la acreditación de diputadas y diputados de en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para que la LXVI legislatura se instale el último día de agosto y entre en funciones al día siguiente y, muy probablemente, regresemos a los años del viejo régimen unipartidista.

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