La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, tras un cruento operativo en Tapalpa, Jalisco, marca el punto de inflexión más drástico en la narrativa del narcotráfico mexicano desde la captura del “Mayo” Zambada.
Sin embargo, más allá del descabezamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el episodio reabre un debate espinoso: el verdadero alcance de la mano de Washington en el tablero de seguridad mexicano.
Desde el Palacio Nacional, la narrativa es clara: la operación fue una ejecución soberana de las fuerzas federales mexicanas. No obstante, la admisión de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sobre el uso de “información complementaria” de agencias estadounidenses no es un detalle menor.
En el ajedrez del crimen organizado, quien posee el dato posee el poder; y en este caso, parece que la ubicación exacta de la “guarida” en la zona boscosa de Jalisco fue un rompecabezas armado con piezas binacionales.
La participación de Estados Unidos, aunque se insista en que fue puramente analítica, ocurre en un contexto político sensible. Apenas días antes de este operativo, el Senado mexicano había autorizado el ingreso de efectivos de los Navy SEALs para tareas de capacitación. Es difícil para la opinión pública no conectar los puntos: la caída del criminal más buscado por la DEA ocurre precisamente cuando la cooperación técnica alcanza niveles de intimidad institucional que no veíamos en años.
El abatimiento de Oseguera no fue una intervención quirúrgica limpia. El saldo de violencia, con bloqueos en múltiples estados y una respuesta armada que incluyó ataques a helicópteros federales, nos recuerda que el CJNG no es solo una banda, sino un ejército irregular.
La victoria es innegable, pero el método de cooperación plantea una pregunta incómoda: ¿Puede México desarticular estos imperios sin el satélite y el oído de Estados Unidos?
El papel de Estados Unidos en esta operación debe verse como un arma de doble filo. Por un lado, la presión y la inteligencia de la DEA y el Departamento de Justicia son motores que sacan al Estado mexicano de una posible inercia. Por otro, esta dependencia fortalece la percepción de que la agenda de seguridad de México se dicta, o al menos se edita, en Washington.
La suspicacia, por otro lado, es innevitable. La muerte del “Mencho” bajo custodia federal, mientras era trasladado, evita el largo y mediático proceso de extradición que tanto irrita a las bases nacionalistas, pero también priva a ambos países de la información que un capo de su calibre podría haber vertido en una corte.
Reforma electoral: la aritmética del poder
En medio de la vorágine desatada por la captura y posterior fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes el “Mencho”, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará en las próximas horas una reforma electoral, que sin lugar a dudas tendrá un alto impacto en la forma en la que concebimos la democracia de nuestro país.
El gancho con el que la vende es claramente seductor: reducir costos, modernizar el sistema y fortalecer la participación ciudadana. Sin embargo, cuando se analizan con cuidado los componentes centrales de la propuesta –financiamiento, representación proporcional y reorganización del Instituto Nacional Electoral–, las palabras empiezan a perder su dulzura. Basta rascar un poco para que salga a relucir el cobre: la discusión más allá del tema presupuestal se encuentra en el ámbito de lo estructural.
El problema está en que las normas electorales no son una política pública más. Se trata del andamiaje que sostiene la competencia democrática. Modificarlas significa alterar incentivos, equilibrios y posibilidades de representación durante años.
Si bien es cierto que el sistema electoral es costoso y perfectible, reducir el financiamiento público, aunque cuente con el respaldo popular, tiende a fortalecer a la fuerza política con mayor estructura territorial y capacidad de movilización. Hoy, ese partido es el Movimiento de Regeneración Nacional. Los partidos medianos y pequeños dependen más de prerrogativas para sostener su presencia. El ajuste no elimina privilegios: amplía ventajas.
El rediseño de la representación proporcional –los llamados plurinominales– es aún más delicado. Durante décadas, ese mecanismo permitió que minorías y oposiciones tuvieran voz en el Congreso. Reducir su peso o modificar su lógica puede derivar en una mayor concentración legislativa. No necesariamente es ilegal ni automáticamente antidemocrático, pero sí altera el balance que caracterizó la transición mexicana.
Sin lugar a dudas, el punto más sensible es el del Instituto Nacional Electoral (INE). Desde su origen –cuando aún era IFE– el árbitro electoral tuvo un perfil delineado para alejar al gobierno de la organización directa de los procesos electorales. Cualquier reestructura que no cuente con consenso amplio inevitablemente generará recelo. Si el árbitro no es confiable, la limpieza del voto quedará en entredicho.
Y si de consenso hablamos, este no existe ni dentro del propio bloque oficialista. La oposición –PAN, PRI, Movimiento Ciudadano– anticipa una confrontación legislativa intensa. Una reforma constitucional puede aprobarse con los votos necesarios; la legitimidad necesita algo más que eso.
¿Dónde está la urgencia? ¿Cuál es la crisis que obliga a rediseñar las reglas democráticas? Las elecciones recientes han sido competidas y con alternancia real. Cambiar las normas cuando el sistema funciona razonablemente bien requiere una justificación más amplia que la eficiencia presupuestal o la oportunidad política.
Toda mayoría tiene derecho a gobernar. Pero las reglas del juego no deberían modificarse desde el poder, porque siembran sospecha y en democracia la sospecha es lo que termina por erosionar lo institucional.
“Ingeniería cerca de ti”: cambios en el Colegio de Ingenieros Civiles de México
La semana pasada, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, que preside Mauricio Jessurun, llevó a cabo elecciones entre sus miembros para la renovación del Consejo Directivo, resultando electa la planilla “Ingeniería cerca de ti”, encabezada por Jesús Campos López, quien rendirá protesta como presidente del Colegio el próximo 19 de marzo.
Campos López es ingeniero civil egresado del Politécnico, experto en infraestructura hidráulica y vial. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica y, hasta hace unos meses, fue vicepresidente Técnico del actual consejo directivo del CICM.
Como funcionario de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Campos lideró proyectos como los acueductos Río Colorado–Tijuana, Linares–Monterrey y Chapala–Guadalajara, así como programas de agua potable en comunidades rurales. En el sector privado participó en la construcción de autopistas como Amozoc–Perote, el Circuito Exterior Mexiquense y el segundo piso de Puebla.
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