El empresario Manuel Herrejón advierte que los delitos digitales ya impactan con pérdidas equivalentes al 1.7% del PIB, mientras especialistas discuten la viabilidad de un nuevo registro de usuarios móviles y las exigencias regulatorias que implicaría para las telecomunicaciones.
El debate sobre el registro obligatorio de líneas celulares ha regresado con fuerza al entorno empresarial y financiero en México. El crecimiento de delitos como fraude, extorsión telefónica y robo de identidad está generando impactos económicos cada vez más visibles, en un contexto marcado por la expansión de operaciones digitales, banca móvil y comercio electrónico.
De acuerdo con estimaciones del empresario Manuel Herrejón Suárez, el impacto conjunto de fraude y extorsión podría representar alrededor del 1.7% del Producto Interno Bruto nacional, debido a pérdidas patrimoniales, afectaciones operativas, costos de prevención y disminución de inversión. “El delito no espera”, subrayó, al advertir que la discusión pública se ha concentrado en la privacidad de datos, dejando parcialmente de lado la dimensión económica y operativa del problema.
El modelo que actualmente se discute contempla que la información sea administrada por las compañías telefónicas y no por una base de datos centralizada del gobierno federal, como ocurrió con el extinto Renaut. Bajo este esquema, el acceso por parte de autoridades requeriría autorización judicial previa, lo que introduce un componente de protección legal, aunque no elimina preocupaciones sobre vulneraciones o filtraciones.
Para las empresas de telecomunicaciones, un eventual mecanismo de identificación implicaría elevar exigencias regulatorias en materia de ciberseguridad, trazabilidad, cumplimiento normativo y supervisión institucional. Actualmente, las compañías ya administran datos relacionados con facturación, geolocalización y patrones de consumo, por lo que la incorporación de un registro de identidad reforzaría la necesidad de protocolos más robustos.
Organismos financieros como la Condusef han advertido sobre el crecimiento de fraudes digitales vinculados con llamadas telefónicas y suplantación de identidad. Las reclamaciones relacionadas con operaciones digitales, particularmente transferencias electrónicas y banca móvil, muestran incrementos sostenidos en los últimos años.
Herrejón plantea que el verdadero costo de no actuar se refleja en la pérdida de confianza de consumidores e inversionistas. “La pregunta no es solo quién resguarda los datos, sino cuánto está costando mantener espacios de anonimato que hoy son aprovechados por estructuras criminales”, señaló.
El reto para México consiste en encontrar un equilibrio entre seguridad pública, protección de derechos digitales y viabilidad operativa para las empresas. Mientras algunos sectores consideran necesario fortalecer mecanismos de identificación, organizaciones civiles insisten en que cualquier medida debe acompañarse de controles judiciales claros y supervisión independiente.
Aunque no existe aún consenso legislativo, el crecimiento de delitos asociados al uso de telefonía y plataformas digitales ha vuelto a colocar el tema dentro de la agenda económica y regulatoria del país. Para el sector empresarial, la discusión no es solo jurídica: es también un asunto de competitividad y confianza en el entorno digital.
