Bolivia atraviesa una de las crisis más delicadas de su historia reciente. Las protestas, bloqueos carreteros y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han paralizado una parte importante del país, colocando al gobierno bajo una presión creciente.
A simple vista podría parecer una nueva edición de una polarización que se recicla periódicamente. Sin embargo, detrás de la coyuntura empieza a aparecer una preocupación mucho más profunda: la posibilidad de que actores vinculados a economías ilegales estén aprovechando el trance para influir, financiar o radicalizar parte de las movilizaciones.
No existen pruebas definitivas de una operación delictiva coordinada, pero el debate ya llegó al plano internacional luego de que Estados Unidos hablara abiertamente de un posible “intento de golpe” con la participación de estructuras ligadas al crimen organizado.
Rodrigo Paz llegó con la promesa de estabilizar una economía golpeada y reducir la radicalización que dejó la etapa de Evo Morales. Pero el deterioro económico, la escasez de combustible y las disputas dentro del propio movimiento oficialista terminaron detonando una ola de protestas nacionales.
Bolivia además enfrenta una caída sostenida de sus ingresos energéticos tras años de fuerte dependencia de gas natural, situación que ha debilitado la capacidad del Estado para sostener subsidios y mantener la estabilidad financiera en medio de un entorno social cada vez más frágil.
A ello se suma la abierta confrontación entre el gobierno y sectores leales a Evo Morales, quien mantiene una importante base política y sindical dentro del país. Parte de las movilizaciones han sido impulsadas por organizaciones cercanas al exmandatario, mientras el gobierno acusa a algunos de esos grupos de alimentar la desestabilización en medio del deterioro económico.
Las protestas comenzaron como expresiones de inconformidad política, pero con el paso de los días la situación escaló. Las autoridades reportaron decomisos de dinero en efectivo, hallazgo de explosivos y detenciones vinculadas a actos violentos. El nivel de confrontación actual ha llevado al gobierno a denunciar la posible infiltración de grupos criminales interesados en profundizar el caos.
La discusión es delicada porque Bolivia posee desde hace años zonas donde convergen actividades ilegales como narcotráfico, contrabando, minería informal y economías paralelas que sobreviven gracias a la debilidad estatal.
El país ocupa una posición geográfica estratégica dentro de las rutas regionales de las drogas y durante los distintos gobiernos –de izquierda y de derecha– ha enfrentado acusaciones de tolerancia, corrupción o convivencia parcial con grupos ligados a estas actividades. Antes la amenaza venía de los cuarteles; hoy el peligro es más difuso.
El problema de fondo quizá no sea exclusivamente Bolivia. Lo verdaderamente relevante es que América Latina parece estar entrando a una etapa donde las crisis políticas ya no pueden separarse fácilmente de las economías ilegales. Ecuador ofrece uno de los ejemplos más visibles.
El avance del narcotráfico terminó infiltrando puertos, cárceles, gobiernos locales y redes políticas hasta transformar la seguridad nacional en el principal desafío del Estado. En Perú la minería ilegal mueve miles de millones de dólares y ha penetrado regiones enteras donde el gobierno tiene presencia limitada.
Haití representa el escenario extremo de colapso institucional frente a grupos armados que sustituyen funciones estatales. Y qué decir de México que convive desde hace décadas con organizaciones criminales capaces de controlar economías regionales, imponer “leyes” locales y condicionar procesos políticos en distintas zonas del país.
En todos esos casos existe un patrón común: las organizaciones criminales prosperan cuando coinciden debilidad institucional, polarización política, crisis económica y descontento social.
Más allá de la caída de gobiernos, la verdadera preocupación se encuentra en que América Latina comience a normalizar escenarios donde las economías ilegales, la fragmentación política y la debilidad institucional terminen mezclándose hasta volver casi imposible distinguir donde termina la protesta legítima y donde empieza el secuestro criminal del conflicto.
Tenemos visitas
A diferencia de otras llamadas telefónicas entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, la última del viernes pasado se dio a conocer por la tarde, después de la conferencia mañanera; solo hubo un posteo en redes sociales de la presidenta calificando de “cordial y excelente” la conversación, adelantando que vendrían funcionarios estadounidenses, pero no hubo ningún pronunciamiento por parte de su homólogo estadounidense.
Al día siguiente nos enteraríamos de que quienes vienen a México son Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, quien llega hoy jueves; Sara Carter, directora de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas, arriba el lunes, y el miércoles 27 regresa Jamieson Greer, representante comercial en las negociaciones del T-MEC, quien apenas vino el mes pasado.
Todo lo anterior se da en uno de los momentos más tensos de la relación bilateral, a partir de la muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua, seguido por la acusación contra los diez políticos y funcionarios sinaloenses, empezando por el gobernador Rubén Rocha Moya, de los cuales dos ya se entregaron voluntariamente, probablemente por aquello de que lleva ventaja el que llega primero a declarar primicias.
Muchos han especulado respecto a que las visitas traen las pruebas solicitadas por Sheinbaum contra los sinaloenses imputados. Sin embargo, ni Mullin, ni la zarina antidrogas, menos Greer, tienen competencia en el expediente, tal vez ni Mullin conozca su contenido. Si la misión fuera esa, los emisarios serían del Departamento de Justicia, DEA o FBI.
Markwayne Mullin realiza su primera visita a México al frente del DHS, luego de la salida un tanto escandalosa de Kristi Noem, quien se asumía como adalid del combate a la migración, una de las principales banderas del trumpismo.
El senador por Oklahoma viene a continuar el trabajo antimigrante, pero con un perfil menos polémico, con más protocolos de actuación para el ICE, y poniendo más atención a la seguridad interior con los países vecinos, sobre todo ante los riesgos que se pueden presentar ante el próximo Mundial de Futbol, particularmente posibles actos terroristas.
Sara Carter muy probablemente venga a revisar acciones y resultados contra las drogas, particularmente el fentanilo; mientras Greer llega a iniciar la revisión formal del T-MEC.
No hay que perder de vista la tensión actual y que los tres funcionarios forman parte de una pinza que se ha cerrado en torno a México, donde la acusación contra Rocha y cómplices es solo una parte. Lo de menos es que no traigan las pruebas.
Lo importante serán las instrucciones que traigan, así como las opciones y márgenes de presión que vengan a ejercer. No nos extrañe que haya señales con alguna filtración a medios o algún anuncio simultáneo a las visitas que, seguramente, es apenas la primera tanda de funcionarios estadounidenses que vendrán en el corto plazo.
Comprar seguridad, no sólo movilidad
En México, comprar un auto familiar sigue siendo una decisión cargada de emoción, aspiración y riesgo. Aunque muchos consumidores priorizan el modelo, el precio o la conectividad, aún existe una gran brecha de información sobre uno de los factores más importantes al elegir un vehículo: la seguridad.
Andrés de la Piedra, COO de WAHU, plataforma de compraventa de autos seminuevos, enfatiza la necesidad de transformar la conversación alrededor de la movilidad hacia decisiones más informadas, especialmente en un mercado donde millones de familias adquieren autos sin conocer realmente su nivel de protección ante un accidente.
La falta de conocimiento sobre la importancia de la seguridad vehicular se vuelve aún más preocupante cuando en México circulan vehículos con distintos niveles de equipamiento y desempeño en pruebas de choque.
Aunque organismos como Latin NCAP y la Organización Mundial de la Salud han impulsado estándares más claros, todavía predominan decisiones de compra basadas en percepción y no en evidencia técnica.
De la Piedra ha señalado que el problema no es únicamente la oferta disponible, sino la dificultad de los consumidores para identificar qué elementos realmente hacen seguro a un automóvil y cuáles son simples argumentos comerciales.
Sin duda, hablar de movilidad familiar implica hablar de prevención, información y responsabilidad. La evolución del mercado automotriz obliga a que la seguridad deje de verse como un lujo y se convierta en un criterio central de compra.
Desde WAHU, se busca impulsar un consumidor más consciente, capaz de entender que elegir un vehículo con mejores estándares de protección no sólo impacta el patrimonio, sino también la vida de quienes viajan dentro de él.
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