No cabe duda de que cuando se tiene mayoría absoluta, todo es fácil. En la Cámara de Diputados, Morena, Verde y PT, aprobaron posponer la elección judicial al 2028, la intervención extranjera como causa de nulidad de las elecciones, y la posibilidad de que cuatro magistrados del Tribunal Electoral puedan reelegirse hasta 2034; mientras que en el Senado aprobaron la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE, para evitar candidatos con vínculos con el crimen organizado. Vayamos por orden.
El retraso de la elección judicial al 2028 solo retrasa los daños causados por la reforma electoral y no detiene la causa raíz del problema: la elección popular de los juzgadores. Mientras esto persista continuará la degradación del Poder Judicial el cual, además de no impartir justicia pronta y expedita, ahora lo hace con ignorancia y la misma corrupción.
En cuanto a la intervención extranjera como causa de nulidad de elecciones a entrar en vigor para la elección del 2030, es tan ambigua la causal que podrían juntarse como pruebas circunstanciales unos posteos de Trump a favor de una candidatura afín y en contra de Morena, más el conjunto de acusaciones contra narcopolíticos que a esa fecha se hayan acumulado, para argumentar que esa fue la causa del resultado adverso e ilegítimo, y no otras circunstancias como la economía, la inseguridad o, simplemente, porque la oposición milagrosamente encontró una o un candidato carismático que venciera a la cada vez más corrupta maquinaria morenista. A ello solo se agrega contar con el apoyo agradecido de los magistrados electorales que podrán durar en su cargo más que cualquier otro funcionario en un cargo con vigencia en México ¿Qué puede salir mal?
Lo que es un hecho es que hay una corriente de derecha a nivel continental, alentada por el gobierno de Trump, que trabaja por erradicar a la izquierda de los gobiernos latinoamericanos. Lo que mejor se les ocurrió en Morena fue un blindaje legal que, de llegar a aplicarse para anular una elección presidencial, sería motivo de ingobernabilidad de grandes dimensiones y repercusiones económicas e internacionales para México, que al parecer son lo de menos para quienes se quieren perpetuar en el poder.
Por último y no menos importante, está la dichosa comisión contra narcocandidatos. Por lo menos desde hace 20 años, los partidos políticos se han querido desentender de la responsabilidad de a quiénes llevan a la boleta, y han querido dejarle la tarea a la entonces Procuraduría General de la República y, ahora, al INE, para que haga las respectivas consultas a la FGR, UIF y hasta al CNI. Como si en su momento, por ejemplo, el presidente de Morena, Mario Delgado, y hasta el presidente de la República, no supieran de las relaciones de Rubén Rocha Moya quien, en los hechos, a la fecha no tiene carpeta de investigación en su contra, y apenas hace unos días le congelaron cuentas.
Nadie tiene pruebas de que don Rubén o el senador Inzunza tengan relaciones con el narco, pero tampoco dudas. Aquí y ahora, con todo y comisión, ambos podrían volver a ser candidatos al no tener ya no se hable de sentencia, sino de mínimo una orden de aprehensión en su contra, ante lo cual podrían presumir su inocencia y el respaldo de su partido… como lo hacen ahora.
Y para cómo están de cooptadas las autoridades electorales, que no extrañe que la dichosa comisión dejé pasar a unos candidatos oficialistas y no a otros de oposición, argumentando relaciones con el crimen organizado.
Así las reformas a modo cuando se tiene mayoría absoluta.
México: el país que creyó haber ganado
Han sido dos largos años en los que el nearshoring pasó de ser un término económico a una narrativa nacional. México parecía el gran ganador de la nueva rivalidad entre Estados Unidos y China. Las cadenas de suministro se reorganizaban, las empresas buscaban salir de Asia y nuestro país lucía destinado a transformarse en la nueva fábrica de América del Norte.
La idea tenía lógica. México comparte más de 3 mil kilómetros de frontera con el mercado más grande del mundo, cuenta con una amplia red de tratados comerciales y posee una plataforma manufacturera que lleva décadas integrada a la economía estadounidense. Una posición que, en teoría, colocaba al país en ventaja frente a buena parte del mundo.
Sin embargo, pasa el tiempo y algo no acaba de encajar. Si México realmente estaba viviendo una transformación industrial de esa magnitud, ¿por qué la economía no termina de despegar con la fuerza prometida?
A pesar de las cifras optimistas y los constantes anuncios de inversión, el crecimiento económico sigue siendo relativamente moderado, el consumo empieza a desacelerarse y buena parte del país permanece al margen de la supuesta revolución manufacturera. Incluso sectores que tendrían que haberse beneficiado directamente –puertos, logística, energía e infraestructura– muestran señales de presión y rezago.
Ahí es donde el nearshoring, como narrativa, está recibiendo un golpe de realidad. Y no es porque la relocalización industrial haya sido falsa. Varias empresas están trasladando sus operaciones hacia México y algunas regiones del país han captado inversiones importantes. El problema es otro: durante mucho tiempo se asumió que la cercanía con Estados Unidos era suficiente para garantizar un nuevo ciclo de crecimiento acelerado. Como si la geografía, por sí sola, pudiera resolver décadas de debilidad estructural.
Con el paso del tiempo, empieza a quedar claro que atraer fábricas es mucho más complejo que recibir anuncios de inversión. El nuevo orden económico global exige energía suficiente, infraestructura moderna, seguridad logística, capital humano especializado y reglas relativamente estables. Y ahí empiezan a aparecer los límites que México arrastra desde hace más de medio siglo. La presión sobre el sistema eléctrico en regiones industriales, la escasez de agua en el norte del país, la saturación en carreteras, puertos y aduanas, así como el crecimiento de la inseguridad sobre rutas de transporte y cadenas logísticas, revelan que el país no terminó de modernizarse al ritmo que exige esta nueva etapa de reorganización industrial.
A todo esto, se suma un factor más delicado: la incertidumbre jurídica. Las grandes inversiones manufactureras no se planean a uno o dos años, sino a décadas. Para comprometer miles de millones de dólares, las empresas necesitan algo más que una cercanía física o costos competitivos: requieren reglas previsibles, estabilidad regulatoria y confianza en las instituciones. Las tensiones alrededor de la política energética, los cambios normativos, la incertidumbre derivada de la reforma judicial y las constantes disputas comerciales dentro del T-MEC han empezado a generar dudas sobre la capacidad del país para ofrecer esa certeza de largo plazo que demanda actualmente la economía global.
Existe además un cambio menos visible, pero igualmente importante: la automatización. El viejo modelo industrial basado en enormes cantidades de empleo manufacturero empieza a cambiar aceleradamente. Muchas de las plantas que llegan a América del Norte requieren menos trabajadores, más tecnología y perfiles técnicos mucho más especializados. El impacto económico existe, pero quizá no tiene la magnitud transformadora que el entusiasmo político y financiero prometía.
No es que el nearshoring se haya agotado. El país sigue teniendo ventajas importantes. Pero una cosa es recibir inversiones y otra muy distinta construir un verdadero modelo de crecimiento sostenido alrededor de ellas.
Tal vez el mayor error fue creer que México ya había ganado. Porque el nearshoring nunca fue garantía automática de prosperidad, sino apenas una ventana histórica de oportunidad. La geografía abrió la puerta. Lo difícil será construir las condiciones para mantenerse adentro Y el tiempo empieza a agotarse.
Vivienda en Juárez y Chihuahua capital
Chihuahua tiene 1.1 millones de habitantes y una tasa de crecimiento poblacional anual de 3%. El salario es 4.1% superior a la media nacional y los ingresos promedio por hogar en el estado ascienden a 35 mil pesos.
Por los sectores manufacturero y logístico que ahí se desarrollan, Ciudad Juárez y la capital mantienen una demanda relevante de vivienda, teniendo el estado un crecimiento de 3% anual en la colocación de créditos hipotecarios en los últimos tres años, cifra relevante, considerando que Nuevo León y el Estado de México han presentado decrementos de -2 y -3% respectivamente, de acuerdo a Tinsa by Accumin, la valuadora inmobiliaria internacional.
De acuerdo al estudio de la también consultora, el mercado habitacional en Chihuahua se concentra en vivienda Tradicional y Media con rangos desde los 550 mil hasta los 2.9 millones de pesos. En Ciudad Juárez, la vivienda Media concentra el 65% del mercado, seguida por la de Interés Social, con 25% y, muy por debajo, la vivienda Residencial, Residencial Plus y Luxury con solo el 9% del mercado. En el caso de Chihuahua capital, mantiene un mercado más equilibrado con 46% en vivienda Media, 37% de Interés Social y 16% de Residencial, Residencial Plus y Luxury.
En promedio, el precio unitario de la vivienda en la frontera norte creció un 13% anual; siendo el más alto en Mexicali, Baja California, con 17.1%; seguido por Saltillo, Coahuila, con 16.7%; Guaymas, Sonora, con 13.9%; y Tijuana, Baja California, con 13.8%. En comparación, Juárez y Chihuahua, mantuvieron crecimientos más moderados con 12.6% y 11.4%.
La vivienda vertical es incipiente en Chihuahua, pero inicia una tendencia. El año pasado, se desplazaron 8,559 unidades horizontales, con un valor promedio de 1,885.826 pesos, una superficie promedio de 106.5 m²; mientras que sólo se vendieron 104 unidades de vivienda vertical por medio de crédito hipotecario con un valor promedio de 3,795,135 pesos y una superficie promedio de 90.5 m2.
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