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Cada seis años, México asiste a la misma puesta en escena. Un desfile de nombres propios, portadas de revistas de sociales, mansiones que desafían la gravedad financiera de cualquier servidor público y cuentas bancarias en el extranjero que brotan de la noche a la mañana.
La trama es predecible, los rostros cambian, pero el desenlace es idéntico: el nacimiento de una nueva casta de familias multimillonarias cuyo único mérito empresarial fue haber despachado en el presupuesto público.
Sin embargo, el verdadero drama mexicano no radica únicamente en la audacia de quienes saquean, sino en el síntoma más alarmante de nuestra salud democrática: nuestra absoluta incapacidad de asombro.
En cualquier sociedad con una cultura cívica mediana, la revelación de un desvío multimillonario o de un enriquecimiento ilícito inexplicable derrumba gobiernos, congela carreras políticas y vacía las calles en señal de indignación. En México, no. Aquí el escándalo dura tres días en el debate digital antes de ser devorado por el siguiente meme, el partido del fin de semana o, peor aún, por una nueva dosis de cinismo colectivo.
Hemos transitado de la indignación a la resignación, y de ahí a una peligrosa normalización. “Todos roban” o “robó, pero hizo obra” se han convertido en los epitafios de nuestra exigencia ciudadana.
Esta anestesia social no es gratuita; es el resultado de décadas de impunidad sistemática. Cuando la sociedad aprende que denunciar no castiga, que investigar no encarcela y que el voto castigo a menudo solo cambia el color del logotipo pero mantiene intactas las mañas, el músculo de la indignación se atrofia. Nos hemos vuelto espectadores pasivos de nuestra propia estafa.
Esta falta de exigencia social funciona como un cheque en blanco. Al no haber un costo reputacional real, ni un repudio social que margine a quienes se enriquecen a costa del erario, la corrupción se lee como un riesgo calculado de alta rentabilidad. La impunidad no solo cobija al corrupto, sino que lo legitima ante los ojos de una sociedad que, a fuerza de ver lo mismo, terminó por aceptar que la política es el camino más corto hacia la opulencia.
El gran peligro de perder el asombro es que perdemos también la capacidad de imaginar un país distinto. Mientras sigamos consumiendo los escándalos de enriquecimiento ilícito como si fueran simple entretenimiento o fatalidad azteca, seguiremos financiando, cada seis años, la opulencia de unos cuantos a cambio del subdesarrollo de la mayoría.
La corrupción en México dejará de ser una tradición sexenal el día que los ciudadanos recuperemos el derecho a encandilarnos de rabia, el día que volvamos a exigir que el servicio público sea honor y no patrimonio, y que entendamos, de una vez por todas, que el silencio también es cómplice del banquete.
Morena y la tarea para 2027
De manera conjunta, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, dieron a conocer la convocatoria para el proceso para elegir a los “coordinadores estatales de la defensa de la transformación”, membrete que para efectos de no violar la ley y caer en actos anticipados de campaña, significa quiénes ocuparán las candidaturas a las gubernaturas en disputa en 2027.
Básicamente, el registro será del 22 al 26 de junio, quienes tengan cargos públicos o partidistas deberán separarse de ellos al momento de registrarse, habrá un sondeo telefónico y encuestas de vivienda, se busca tener máximo seis aspirantes por entidad, y los resultados se darán a conocer en fechas por definir.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y la encargada de la Comisión de Elecciones, Citlalli Hernández, hicieron la tarea en menos de dos meses, empezando por toda la operación que no hizo Luisa María Alcalde al exterior del partido para mantener las alianzas con Verde y PT -lo cual tenía prendidas las alertas en Palacio nacional-, y Andy López Beltrán al interior para mantener y reforzar la estructura territorial del partido, que todavía falta.
Así, finalmente, luego de amagos de ir solos, el Verde se mantiene por el momento en la alianza en las 17 gubernaturas en disputa, quedando por verse lo que suceda en San Luis Potosí, y con posibilidades de hacerse de alguna otra candidatura dentro de la alianza. Por su parte, con poco o nada que ofrecer más que no estorbar, y sí mucho que perder, el PT dejó atrás sus inconformidades y se quedó en la coalición.
Un movimiento que fue noticia por a quién llegó a suplir, fue el de Manuel Zavala Salazar como el nuevo secretario de Organización, cargo que dejó Andy López Beltrán para no cargar con los resultados negativos de Coahuila, con el pretexto de buscar una diputación federal por Tabasco, como si tuviera mucho que trabajar para ello en un estado que se ha convertido casi de partido único.
Zavala tiene carrera partidista en Campeche, delegado regional de Bienestar en el estado -es decir, de las confianzas de Montiel- e, importante, fue delegado político de Claudia Sheinbaum en Yucatán durante el proceso electoral 2023-2024, estado que sorpresivamente para el PAN y hasta para el actual gobernador Joaquín Díaz, se llevó Morena. Es decir, un operador electoral eficiente.
Aunque falta tiempo y salvo lo que suceda en las campañas, de las encuestas realizadas hasta el momento se puede concluir que Morena va a refrendar las 13 gubernaturas que tiene por amplio margen -incluido Sinaloa, con todo y Rocha Moya, o Baja California y Sonora, con sus gobernadores desvisados-; aventaja en Chihuahua; en las entidades donde no gana, se mantiene como segunda fuerza, y la única gubernatura que no se ve segura es Campeche ante Movimiento Ciudadano, gracias a la pésima administración de Layda Sansores. En Nuevo León, a MC puede complicársele con la coalición, sobre todo si le cambian las señales a favor de Tatiana Clouthier, hacia el senador del Verde, Waldo Fernández.
Mientras tanto, no se ve mucho del lado del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI, partidos que ni siquiera alcanzaron el 50 por ciento de representantes de casillas en las elecciones de 2024. El PAN parece que refrendará Querétaro y Aguascalientes; MC ya se dijo lo que hay y, en cuanto al Revolucionario Institucional, lo único que se ve es que su futuro está en volverse un partido local coahuilense.
La importancia de escriturar
Comprar una casa o un terreno, o recibir un inmueble como donación o en una adjudicación de herencia, siempre es un momento relevante en la vida de una persona, pues ayuda a conformar el patrimonio personal o familiar. Sin embargo, por desconocimiento o por intentar ahorrar dinero, algunas personas optan por no inscribir los cambios en la propiedad ante un notario. Esta decisión, aunque parezca inofensiva, puede tener graves consecuencias jurídicas, financieras y personales en el futuro.
No formalizar lo que legalmente se conoce como un acto traslativo de dominio ante notario no implica que no se dé la transmisión de propiedad del inmueble; sin embargo, coloca al comprador y su patrimonio en una situación de incertidumbre jurídica.
Además, sin escritura pública, no es posible inscribir el acto traslativo de dominio en el Registro Público de la Propiedad. Esto deja al comprador en una situación vulnerable ante terceros, como acreedores del vendedor o incluso sus herederos, que podrían reclamar el inmueble. Asimismo, sin el trámite de escrituración, también puede cuestionarse la legitimación para vender el inmueble, heredarlo o donarlo.
En materia fiscal, tanto para el pago del impuesto de adquisición de bienes inmuebles como para el impuesto sobre la renta por enajenación, la falta de formalización en escritura del contrato de compraventa puede originar actualizaciones y recargos desde la fecha en que se celebró el contrato hasta que se otorga la escritura pública, ya que la transmisión de la propiedad se dio desde la celebración del contrato privado.
De acuerdo con Diana Sandoval, directora general de Kallify, proptech legaltech mexicana, antes de firmar cualquier contrato de compraventa, es recomendable solicitar una dictaminación jurídica para encaminar el proceso de adquisición de una propiedad hacia una escrituración segura.
La tierra: el capital olvidado
Cuando hablamos de crecimiento económico, usualmente ponemos la vista en la innovación tecnológica, el comercio o la productividad; muy raramente pensamos en el suelo. Sin embargo, pocas formas de capital son tan importantes para la economía mundial como la tierra fértil.
Por eso la desertificación y la degradación de los suelos deberían preocupar no solo a ambientalistas y productores, sino también a economistas, empresarios y responsables de políticas públicas. Lo que está en juego no es únicamente la conservación de ecosistemas, sino una parte fundamental de la capacidad de las sociedades para generar riqueza.
El problema tiene dimensiones globales. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca del 40% de la superficie terrestre del planeta presenta algún grado de degradación, afectando a más de 3 200 millones de personas. Cada año se pierden alrededor de 100 millones de hectáreas productivas, una superficie semejante a la de Egipto.
Las consecuencias económicas son enormes. Diversas estimaciones internacionales calculan que la degradación de tierras genera pérdidas entre 6 y 10 billones de dólares anuales, una cifra cercana al 10% de toda la producción económica mundial.
Cerca del 95% de los alimentos consumidos por la humanidad dependen directa o indirectamente de los suelos. Cuando estos pierden fertilidad, disminuyen los rendimientos agrícolas, aumentan los costos de producción y se encarecen los alimentos. A ello se suma una menor capacidad para retener agua, mayores riesgos de sequía y una reducción en los servicios ambientales que sostienen la actividad económica.
En términos financieros, la degradación del suelo equivale a consumir capital sin reponerlo. Una empresa que deja deteriorar sus instalaciones o sus equipos compromete su capacidad futura de producir. Lo mismo ocurre cuando una sociedad agota la fertilidad de sus tierras. Puede mantener niveles de producción durante algún tiempo, pero a costa de reducir sus posibilidades de crecimiento en el futuro.
México no es ajeno a este desafío. Más de la mitad del territorio nacional corresponde a zonas áridas o semiáridas y diversas estimaciones oficiales indican que entre 56% y 64% de la superficie presenta algún grado de degradación. Se trata de un problema particularmente visible en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora y Zacatecas, aunque sus efectos alcanzan también regiones agrícolas y forestales del centro y sur del país.
Las consecuencias económicas son múltiples. Menor productividad agrícola, mayores costos asociados al agua, pérdida de competitividad en actividades rurales y una creciente vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos extremos. No es casual que los reportes ambientales del INEGI hayan estimado históricamente que los costos derivados del deterioro ambiental equivalen a varios puntos porcentuales del Producto Interno Bruto nacional.
La experiencia internacional muestra que restaurar las tierras degradadas suele resultar mucho más rentable que permitir que continúe su deterioro. Diversos análisis económicos impulsados por la ONU concluyen que los beneficios de la restauración superan ampliamente sus costos, gracias a una mayor producción de alimentos, una mejor disponibilidad de agua y la recuperación de servicios ambientales esenciales.
Con frecuencia hablamos de infraestructura, energía o tecnología como pilares del desarrollo. Todas son indispensables, pero existe una forma de infraestructura más antigua y silenciosa que se suele dar por sentada: el suelo. La gran diferencia es que mientras las carreteras pueden construirse en años, la recuperación de una tierra degradada puede requerir décadas.
Por eso proteger los suelos no es solamente una tarea ambientalista. Es una decisión económica. Al final, la tierra fértil sigue siendo uno de los activos más valiosos sobre los que descansa la prosperidad de cualquier nación.
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