Hay una paradoja cruenta en el aire de la Ciudad de México que se respira lo mismo en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec que bajo los puentes grises de Viaducto: el asfalto se ha convertido en el espejo de las grandes fracturas globales.
La capital del país, históricamente hospitalaria y vibrante, experimenta hoy una mutación urbana dolorosa marcada por la proliferación de personas en situación de calle. Este fenómeno no responde a una sola causa, sino a la convergencia de crisis superpuestas donde la migración, la gentrificación y la incapacidad institucional chocan de frente.
Por un lado, la gentrificación voraz y el encarecimiento desmedido de la vivienda han expulsado no solo a los habitantes tradicionales hacia la periferia, sino que han redibujado las reglas del mercado inmobiliario.
En este tablero de contrastes, resulta sintomático observar la llegada de ciudadanos estadounidenses y canadienses que encuentran en la Ciudad de México un refugio económico ante el colapso de sus propias economías locales.
Beneficiados por un tipo de cambio favorable y la dolarización informal de los barrios céntricos, su arribo masivo como nómadas digitales o residentes temporales presiona los precios de las rentas y acelera la exclusión, empujando a los sectores locales más vulnerables directamente hacia la banqueta.
En la acera de enfrente, pero compartiendo el mismo suelo hostil, se extiende la marea humana de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Son familias enteras, hombres y mujeres que huyen de la violencia sistémica y la miseria, varados temporalmente en su tránsito hacia el norte o resignados a buscar aquí un destino que se esfuma.
Su cotidianidad se sostiene precariamente sobre lonas rasgadas, casas de campaña endebles y cobijas repartidas sobre camellones.
Bajo las vías rápidas y a lo largo de los paseos turísticos más emblemático, como los corredores de Chapultepec o los canales viales de Viaducto, los refugios improvisados se multiplican como una evidencia insostenible de la desigualdad. Estos campamentos urbanos no son solo un desafío estético para los gobiernos locales, sino una herida abierta que exhibe la fragilidad social de la metrópoli.
La proliferación de estas poblaciones marginadas, tanto locales como extranjeras y migrantes en tránsito, demuestra que el espacio público urbano colapsó bajo el peso de la indiferencia. Si la ciudad continúa ignorando que el derecho a la vivienda es el umbral indispensable de la dignidad humana, las lonas bajo los puentes y las tiendas de campaña en las avenidas dejarán de ser una emergencia transitoria para convertirse en el paisaje permanente de nuestra derrota colectiva.
Estados Unidos: una política sin límites
Donald Trump no solo quiere deportar migrantes; los quiere lo más lejos posible. La administración estadounidense ha empezado a construir una red de terceros países dispuestos a recibir personas expulsadas de Estados Unidos, aunque no tengan vínculo alguno con esos territorios.
Ghana, Ruanda, Esuatini, Guinea Ecuatorial, Liberia y la República Centroafricana aparecen entre los países africanos que han aceptado, o están negociando, recibir deportados. Ya han sido enviados cubanos, venezolanos, jamaicanos, vietnamitas, iraníes y de otras nacionalidades. África se está convirtiendo así en uno de los laboratorios de la nueva política estadounidense.
Lo preocupante no es solo en dónde terminan esas personas, sino bajo qué condiciones llegan. Estados Unidos tiene facultades para expulsar a quienes no tienen derecho a permanecer en su territorio, pero esas facultades no son ilimitadas.
El derecho internacional establece el principio de non-refoulement: una persona no puede ser enviada a un lugar donde exista un riesgo real de persecución, tortura o tratos inhumanos. Tampoco puede utilizarse a un tercer país como intermediario para eludir las obligaciones que impone ese principio.
Si una persona no puede ser enviada a su país de origen por el riesgo que enfrenta, enviarla a otro país que después pueda devolverla al mismo lugar no resuelve el problema jurídico; solamente lo desplaza.
Ya existen casos que muestran hasta dónde puede llegar esta contradicción. Una mujer había obtenido protección judicial para impedir su deportación a Togo debido a la persecución que enfrentaba. Estados Unidos, la envió, sin embargo, a Ghana. Después de casi dos semanas detenida, soldados ghaneses la llevaron hasta la frontera y la hicieron cruzar a Togo.
El caso es inquietante porque muestra cómo una cadena de deportaciones puede terminar burlando, en los hechos, una protección que originalmente había sido reconocida por un tribunal estadounidense. El tercer país deja de ser destino para convertirse en puente.
La administración Trump está tercerizando así la deportación. Para países con recursos limitados, estos acuerdos pueden representar dinero, cooperación o beneficios políticos. Para Estados Unidos significa trasladar fuera de sus fronteras una parte de las consecuencias jurídicas y humanitarias de su política. El riesgo es que la necesidad económica de un país termine convirtiéndose en la justificación para recibir a personas sobre las que no tiene ninguna responsabilidad.
México se encuentra, por decir lo menos, en una posición incómoda. No es un tercer país africano contratado para recibir deportados, ni tiene la misma relación de dependencia que algunos de los gobiernos que han aceptado esos acuerdos.
Pero México ya está recibiendo personas expulsadas de Estados Unidos que no necesariamente son mexicanas. Nuestro país está funcionando no como destino, sino como una gigantesca sala de espera para una política migratoria diseñada por Washington. Y cuanto más se amplíe la red de terceros países, mayor será la presión para que México desempeñe ese papel.
¿Podemos calificar como “limpieza étnica” lo que está sucediendo? Probablemente sería una exageración. El concepto tiene un significado histórico y jurídico específico y utilizarlo sin precisión debilitaría el argumento.
Pero sería igualmente ingenuo ignorar la dimensión demográfica de una política que selecciona poblaciones extranjeras para expulsarlas sistemáticamente del territorio. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado en su intento de modificar quién permanece dentro de sus fronteras antes de que la deportación deje de ser una política migratoria para convertirse en una forma de ingeniería demográfica?
Trump está “innovando”. Durante décadas, deportar significaba, en principio, devolver a una persona al país del que había salido. Ahora aparece un escenario desconocido: encontrar un país dispuesto a recibirla. Si esa práctica se normaliza, la nacionalidad podría dejar de determinar el destino de un deportado; bastaría con encontrar un Estado dispuesto a hacerse cargo de él. La polémica cambia entonces no a cuántas personas puede expulsar Estados Unidos, sino cuántos países están dispuestos a recibirlas. El patio trasero se vuelve tan grande como el horizonte.
IA, lectura de comprensión y pensamiento crítico
Actualmente, el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) ha pasado del nivel de una IA agéntica, es decir de un solo sistema planificando, decidiendo y ejecutando acciones, a uno multiagente, donde varios sistemas participan en ello.
Se espera que, tan pronto como el siguiente año, tengamos una IA general, es decir, todo el conocimiento de una persona, y para el 2030 ya aparezca una súperinteligencia. En un carril paralelo e igual de veloz va la evolución de los robots.
Este avance acelerado rebasa la capacidad de adaptación de las organizaciones en la integración de tres agentes: las personas, la IA y los robots. Pareciera que la solución es tener a personal especializado en IA y toda la avalancha tecnológica que existe y la que está por venir.
De acuerdo a Carlos Bustos Mota, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería y Administración (SMIA), en efecto, uno de los factores determinantes son las competencias digitales, conocimiento de IA, del internet de las máquinas y de las cosas, computación en la nube, blockchain y ciberseguridad. Pero no solo eso, de hecho puede que sea el factor menos importante.
Ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, el especialista en transformación digital y normatividad, explicó que se necesitan más habilidades, conceptos y competencias humanas, entre ellas: buen juicio, en cuanto a prudencia, sensatez y acierto; segundo, colaboración, trabajar en equipo, saber comunicarse y ser empático; tercero, adaptabilidad, responder de manera efectiva y cambiar si es necesario; aprendizaje continuo, adquirir nuevos conocimientos y habilidades; y el bienestar sicológico, entendiendo como autoaceptación, autonomía e independencia, dominio del entorno, crecimiento personal y propósito de vida; por último y conformado por las anteriores, toma de decisiones, es decir, elegir una acción para resolver una situación o alcanzar un objetivo.
Lo anterior pueden parecer factores deseables, pero sin duda son necesarios y tienen fines prácticos, puesto que, para poder desarrollar la Inteligencia Artificial eficaz y eficientemente, pero además con ética, se necesita lectura de comprensión y pensamiento crítico para, en cuanto a lo técnico, saber qué es lo que se quiere y el resultado que se busca al usar la IA y, muy importante, las competencias argumentales para redactarlo e instruir directamente ese texto para que lleve a lo se está buscando. Se trata de dos habilidades fundamentales.
La clave del éxito reside en el criterio, no en el dominio de las herramientas, por lo que los que formarán la próxima generación deberán tener un fuerte instinto de aprendizaje, que sean autónomos; habilidades interpersonales, es decir, relacionarse y comunicarse de forma efectiva, empática y constructiva; y conocimiento básico de la Inteligencia Artificial, no se requieren personas especializadas, sino que tengan habilidades blandas, puesto que utilizar críticamente la Inteligencia Artificial también significa cuándo utilizarla, para qué utilizarla y, quizá lo más importante, cuándo es mejor prescindir de ella.
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