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Claudia Sheinbaum Pardo llegó a su segundo informe de gobierno con 68 por ciento de aprobación, apenas 6 puntos debajo de hace un año, nada mal considerando que su antecesor lo hizo con 66%, y es la segunda con más alta aprobación en esta etapa de su administración, solo detrás de Carlos Salinas de Gortari, con 76%.
Aprovechando la mayoría calificada en el Congreso, la primera mujer presidenta ha logrado sacar adelante la mayor parte de sus reformas constitucionales y sus presupuestos con ajustes leves. Puede presumir la reducción de los homicidios dolosos en un 44% gracias a la implementación de una estrategia de seguridad, la cual estuvo ausente en la administración pasada, y lo que no se veía desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando se empezó a utilizar el “ejecutómetro” como indicador de la violencia y la seguridad del país.
Sin duda, como en todo el mundo, el mayor reto ha sido Donald Trump. Los aranceles, las negociaciones del T-MEC, la reclasificación del narcotráfico como amenaza para Estados Unidos al nivel de terrorismo y la narrativa de un país controlado por los cárteles han sido temas complicados, en los que se ha lidiado sin llegar a la confrontación, no exento de tener que hacer concesiones, porque a la diferencia de poder con la superpotencia se suma el estilo personal de negociar del presidente de sacar la mayor ventaja posible.
Para los siguientes meses y el próximo año, el tablero sufrirá cambios. En noviembre vienen las elecciones de medio término en Estados Unidos, cuyos resultados, a pesar de que pudieran ser adversos a los republicanos, apenas impactarían en la política exterior y de seguridad nacional de Trump, quien todavía tendrá dos años de incertidumbres.
Asimismo, en los dos meses previos a las elecciones del 3 de noviembre, es probable que nuestro país sea objeto de acciones con fines electorales por parte de la administración trumpista, para incidir en el proceso de allá o, también, con casi un año para ello, para impactar en las elecciones del 6 de junio de 2027 en México, con el objetivo de erosionar a Morena, quitándole la mayoría calificada y, si se puede la relativa, en el Congreso, y arrebatarle gubernaturas -esto último más complicado porque la oposición no ayuda mucho que digamos-, pero con el objetivo de sacar a Morena en 2030.
En estas jugadas y con esa última meta, seguro veremos movimientos en el caso de Rubén Rocha Moya y los nueve políticos y exfuncionarios sinaloenses, la continuación al retiro de la visa a Andy, lo que parece la inminente acusación penal contra la gobernadora de Baja California, y nuevos nombres de políticos presumiblemente relacionados con el narcotráfico, más lo que se acumule porque, como diría el subsecretario Christopher Landau, “van a amar la siguiente parte”.
El clan intocable: impunidad mexicana y la ilusión de la justicia extranjera
Las revelaciones periodísticas que documentan cómo la red de amigos y prestanombres de Andrés López Beltrán, el heredero político conocido como “Andy”, amasó millonarios negocios al amparo del poder federal configuran uno de los expedientes más claros de capitalismo de compadrazgo en la historia reciente.
Lejos de constituir filtraciones aisladas, reportajes de diversas plataformas de investigación han diseccionado con actas, contratos de la Sedatu, adjudicaciones en megaproyectos y audios cómo el círculo cercano del hijo del exmandatario se convirtió en contratista preferencial. Sin embargo, la gravedad de los indicios choca frontalmente con una realidad inamovible: en el sistema político mexicano, la protección institucional a las altas esferas del régimen es absoluta.
Hoy, mientras el primogénito transita hacia la búsqueda de una diputación federal con la comodidad que otorga la venia oficial, el mensaje es lapidario. Las instituciones de procuración de justicia operan bajo un manto de cerco protector que neutraliza cualquier conato de investigación ministerial.
La fiscalía “autónoma” en los hechos ha demostrado ser un aparato de simulación donde los expedientes sobre la presunta corrupción del clan presidencial no solo se archivan, sino que se congelan administrativamente. La vía jurisdiccional interna está clausurada por diseño; la complicidad y el uso del aparato del Estado garantizan que ningún aliado del poder sea llamado a rendir cuentas en tribunales nacionales.
Ante este panorama de impunidad sistémica, la mirada de la opinión pública suele voltear hacia el exterior, especulando con la posibilidad de que la justicia de Estados Unidos, históricamente implacable con redes de lavado de dinero y corrupción transfronteriza que tocan intereses de seguridad o financieros binacionales, asuma el papel que los jueces mexicanos eluden. No obstante, confiar en una intervención de Washington resulta, cuando menos, ingenuo.
Las agencias estadounidenses actúan bajo sus propias agendas geopolíticas y comerciales, priorizando la cooperación en materia migratoria y de seguridad por encima de los escándalos de corrupción interna de la clase política mexicana, a menos que existan pruebas duras de narcotráfico directo que enganchen causas prioritarias para sus propios tribunales.
La aspiración de un cargo de elección popular por parte de López Beltrán no es meramente un paso en su carrera, sino el blindaje perfecto: el fuero y la legitimación partidista convertidos en salvoconductos contra cualquier intento de escrutinio legal. Así, la red de prebendas y contratos opacos queda sepultada bajo el peso de la hegemonía política. En México, la justicia terrenal para los intocables es una quimera jurídica, y la extranjera, una esperanza distante y remota.
Ébola: lo que cuesta el miedo
El ébola se mide por el número de muertos, aunque los vivos la padecen de muchas otras formas. En la República Democrática del Congo, el brote que comenzó este año ha alcanzado ya 6 041 casos confirmados y 2 911 muertes, con 60 zonas sanitarias afectadas. Es el brote de crecimiento más rápido registrado hasta ahora y, aunque la emergencia sigue concentrada principalmente en el este del país, el riesgo de que la enfermedad altere los movimientos de personas y mercancías vuelve a colocar a la economía africana en una encrucijada.
La experiencia de la epidemia de África Occidental de 2014-2016 ofrece una respuesta. El Banco Mundial llegó a estimar que, si el brote se prolongaba, la región podía perder 32 600 millones de dólares entre 2014 y 2015. El golpe no provenía solamente de los enfermos o del costo de atenderlos.
Una parte importante estaba en la interrupción de la actividad económica: menos trabajadores, menos viajes, menor consumo, restricciones comerciales y fronteras cerradas. En otras palabras, el virus podía destruir actividad económica incluso allí donde prácticamente no había contagios.
Para quien vive del comercio transfronterizo, la amenaza es todavía más concreta. Un pequeño comerciante no necesita contraer ébola para perder su ingreso: basta con que el comprador deje de cruzar la frontera, que un camión tenga que esperar más horas en el punto de control, que una ruta sea restringida o que el transporte se vuelva más caro.
Durante la epidemia anterior, las importaciones y exportaciones de los países más afectados se redujeron y con ellas disminuyeron tanto los ingresos en efectivo como la disponibilidad de productos. El comercio, el transporte y la agricultura estuvieron entre las actividades más golpeadas.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que las disrupciones comerciales, las restricciones fronterizas, los retrasos en el transporte, la caída de la confianza de los consumidores y las interrupciones en los mercados informales podrían restar 2 370 millones de dólares al PIB africano incluso si la transmisión logra mantenerse mayormente contenida.
Otro análisis, pero del Institute for Security Studies calcula que la República Democrática del Congo podría dejar de recaudar alrededor de 70 millones de dólares en 2026 como consecuencia de la menor actividad económica formal, el aumento de la informalidad y el esfuerzo fiscal que exige responder al brote. Para Uganda, el mismo ejercicio calcula otros 60 millones de dólares. Son recursos que dejan de entrar a las arcas públicas justo cuando los gobiernos necesitan gastar más en salud, logística y prevención.
Y ahí radica la paradoja. Para contener la epidemia hay que reducir contactos, vigilar desplazamientos y controlar las fronteras; para mantener funcionando a las comunidades hay que permitir que las personas trabajen, comercien y transporten alimentos. Una frontera cerrada puede ser una medida sanitaria razonable y, al mismo tiempo, un golpe severo para quien depende de cruzarla todos los días para ganarse la vida.
Uganda consiguió controlar su brote, que dejó 20 casos y dos muertes, pero en la vecina República Democrática del Congo la transmisión sigue creciendo en un entorno marcado por desplazamientos de población, inseguridad y dificultades para llevar ayuda a las zonas afectadas.
El verdadero costo del ébola no termina en los hospitales ni puede medirse únicamente en contagios, muertes o millones de dólares en recaudación fiscal. También está en la decisión de no viajar, de no abrir un negocio, de no cruzar una frontera o de no comprar lo que hasta ayer parecía indispensable.
Son decisiones individuales que, multiplicadas por miles o millones de personas, terminan convirtiéndose en un problema económico. El virus puede ser microscópico, pero cuando consigue alterar la confianza y la movilidad, su alcance deja de ser sanitario. En ese momento la economía también se empieza a enfermar.
Regreso a clases y vivienda: el costo invisible de vivir lejos
El regreso a clases nos recuerda, de golpe, cómo funciona realmente una ciudad. Vuelven los horarios escolares, el tráfico se intensifica y las familias tienen que hacer coincidir entradas a la escuela, jornadas laborales y actividades cotidianas.
Es entonces cuando la ubicación de la vivienda deja de ser una decisión inmobiliaria y se convierte en una decisión sobre el uso del tiempo, porque vivir lejos permite acceder a más metros cuadrados o a un menor precio, pero también puede significar pagar todos los días con horas de vida.
La cuenta pocas veces se hace completa. Dos horas diarias de traslado representan alrededor de 10 horas a la semana y, en una familia donde distintos integrantes se desplazan hacia escuelas y centros de trabajo, el costo se multiplica.
No hablamos solo de gasolina, transporte público, estacionamientos o mantenimiento del automóvil. Hablamos de tiempo que deja de utilizarse para descansar, convivir, hacer ejercicio, cuidar a los hijos o simplemente estar en casa. Ese costo de oportunidad debería formar parte de la conversación sobre vivienda en las grandes ciudades.
También una lectura económica. El crecimiento de las ciudades empujó a muchas familias a vivir lejos de sus centros de actividad, mientras empleo, educación y servicios permanecieron concentrados en determinados corredores. Hoy esa ecuación se cuestiona.
Como plantean los expertos de University Tower, la torre residencial más alta de Reforma, la ubicación ya no puede evaluarse únicamente por su potencial de plusvalía: conectividad, cercanía y acceso a servicios tienen un valor cotidiano. En otras palabras, quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos cuánto cuesta vivir en determinado lugar y empezar a preguntarnos cuánto cuesta no vivir cerca de donde transcurre nuestra vida.
El regreso a clases vuelve visible esa discusión, pero el problema permanece los otros meses del año. Si queremos hablar seriamente de calidad de vida, productividad y conciliación familiar, la movilidad y la vivienda no pueden seguir analizándose por separado.
Una ciudad más eficiente no es aquella en la que podemos recorrer mayores distancias, sino en la que necesitamos recorrer menos. Y, bajo esa lógica, recuperar tiempo puede convertirse en un nuevo indicador de bienestar urbano.
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