Finalmente, después de 35 años, Aeromar cesó operaciones de manera definitiva, luego de vencerse el plazo este miércoles para que pagara el adeudo de más de 500 millones de pesos con la administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) correspondientes a suministro de combustible y servicios aeroportuarios.
La aerolínea regional comenzó con un vuelo Toluca-Acapulco y cuatro inversionistas, quedando al final como propietario Marcos David Katz, quien dejó la empresa en 2016 a su hijo Zvi. Aeromar, con diez aviones turbohélice, alcanzó a 21 destinos nacionales y 3 internacionales, de estos últimos La Habana, Cuba; Laredo y McAllen, Texas.
Hubo versiones de posible compra por la brasileña Nella Airlines, e incluso por parte del Ejército, para su aerolínea civil. Nada de eso se concretó.
Este jueves la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) estalla la huelga, esperándose se les resuelva pronto a los trabajadores, dado que, a diferencia de Interjet o Mexicana, Aeromar dice haber cubierto en su totalidad los salarios base del último año de sus empleados, quedando pendiente el pago parcial de algunos conceptos que se encuentran en proceso de pago vía convenios.
Cotemar: una empresa socialmente responsable
En medio del ruido político que acapara la información mediática, siempre es grato enterarse de que hay empresas mexicanas que se esfuerzan día con día no solo por obtener mayores ganancias, sino que también buscan establecer un buen gobierno y en la misma línea integrar los aspectos sociales y ambientales de la propia organización y sobre todo que esto no quede sólo en palabras.
Grupo Cotemar se convirtió en la primera empresa en México y la única del sector energético en recibir la certificación IQNet SR10, una norma de alto nivel que verifica y valida la implementación del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social que refleja el compromiso de la empresa con las circunstancias que estamos viviendo, así como con su entorno lo que hace valer su capacidad para operar en cualquier lugar en el que se encuentre.
La certificadora AENOR fue la responsable de conceder la norma IQNet SR10 de la misma validez que un ISO, la cual refrenda los compromisos de Cotemar ante sus accionistas, Consejo de Administración, empleados, clientes, proveedores, gobierno, socios comerciales, asociaciones civiles y comunidades en donde tiene presencia, dejando en claro las obligaciones de la empresa respecto a los derechos humanos, la transparencia y el cuidado ambiental.
Exige mantener su liderazgo y establece estrictos códigos de conducta para quienes laboran en el Grupo. Paralelamente fija valores que emplea como guía en la toma de decisiones normando el comportamiento correcto de la organización en su conjunto.
De la misma forma el Sistema de Gestión de Responsabilidad Social marca un rumbo preciso en el desarrollo sostenible de forma multidimensional poniendo énfasis en los componentes ético, económico, ambiental y social en concordancia con las especificaciones que fija la norma aplicable entre las que destacan el cumplimiento de rubros como: transparencia y cumplimiento de acuerdos contractuales; trato justo y no discriminación; condiciones de trabajo, salarial y contrato; salud y seguridad industrial; atención a clientes; mecanismos de confidencialidad y protección de datos, calidad; protección del medio ambiente; no injerencia en asuntos políticos; cumplimiento fiscal y uso eficiente de recursos por mencionar unos cuantos.
Con esta certificación, Cotemar refrenda la confianza y credibilidad con la que ya cuenta entre sus clientes y da un paso más en visibilizar su compromiso público y de mejora con la sociedad, el medio ambiente y los grupos de interés.
Consejeros por sorteo
Apegándose a la “sugerencia” del secretario de Gobernación para que la designación de los cuatro nuevos consejeros electorales sea por sorteo, este 14 de febrero -muy lejos del amor, la amistad o siquiera el diálogo-, la Cámara de Diputados aprobó que se estableciera el 31 de marzo como plazo para elegir a los consejeros mediante insaculación, es decir, por sorteo.
Si bien Adán Augusto López propuso que el sorteo fuera realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados de Morena y aliados prefirieron que todo quedara en la Cámara. El mecanismo está contemplado por el artículo 41 constitucional, en caso de no haber consenso que lleve a contar con dos terceras partes de los votos requeridos para la designación de cada consejero.
Y como al partido gobernante y su líder cualquier diálogo político es un “acuerdo en lo oscurito”, prefieren dejarlo al azar… bueno, no tanto, porque serían cuatro urnas correspondientes al mismo número de listas con cinco nombres cada una, mismas que habrá confeccionado el comité técnico de evaluación. Es decir, el mecanismo tombolesco está más controlado que la rifa del avión presidencial.
Mientras tanto, el presidente López Obrador presiona para que en las próximas semanas, la Suprema Corte resuelva si las reformas del llamado “Plan B” son constitucionales o no, esperando coincidan con la elección de los consejeros, contestar a la marcha nacional en defensa del INE del 26 de febrero, y así tener el escenario para hacer lo que mejor sabe hacer: generar conflictos para lucrar políticamente con ellos.
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