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Para la mayor parte de los países asistentes al mundial de futbol pensar en levantar la Copa es una quimera, una locura, pues al final, en casi cien años de competencia, ese lugar está reservado para unos cuantos; sin embargo, esta edición tiene características que podrían hacer fracasar a los más experimentados.
En este nuevo ecosistema de sedes triples y distancias continentales, las probabilidades han dejado de ser una ciencia exacta para convertirse en un ejercicio de resistencia.
Las casas de apuestas y la inteligencia artificial se pronuncia por selecciones europeas, las tradicionales, entre las que lidera España, con 16% de probabilidad, Inglaterra con 11% y Francia con 9
Pero no todo son ceros y unos. Existe una corriente de análisis que apunta a la renovación. El modelo matemático de Joachim Klement, famoso por haber acertado los últimos tres campeones, ha lanzado un nombre que rompe el tablero: Países Bajos, u Holanda, malamente llamado así. Según este análisis, la estructura táctica y la sed de gloria de los neerlandeses podrían finalmente saldar la deuda histórica de la “Naranja Mecánica”.
Por otro lado, los sospechosos comúnes de cada 4 años, Brasil y Argentina, podrían ser tambén ganadoras de la competencia, como lo han sido en repetidas ocasiones.
Para los anfitriones no hay esperanza, el panorama es agridulce. Mientras México se aferra a un modesto 1% de probabilidad matemática de alzar la copa, su verdadera victoria reside en la localía y la capacidad de forzar sorpresas en las rondas de eliminación directa.
En conclusión, el Mundial 2026 no lo ganará necesariamente el equipo con más talento, sino aquel que mejor gestione la logística y el desgaste. En un torneo extendido, la profundidad del banquillo será más determinante que la genialidad individual.
En dónde efectivamente no hay la menor duda, es en la posibilidad grandísima de que llueva torrencialmente durante los partidos que se jugarán por la tarde, o al menos eso intentarán hacer.
Remesas: el arma invisible de Trump
La nueva orden ejecutiva firmada por Donald Trump para endurecer la supervisión bancaria, las transferencias financieras y el uso del ITIN volvió a colocar las remesas en el centro del debate político y económico entre México y Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheinbaum insiste en que no existe riesgo inmediato para el envío de dinero hacia nuestro país y, parcialmente, tiene razón: la orden no prohíbe remesas ni obliga formalmente a los bancos a congelar las cuentas de migrantes indocumentados.
Tampoco establece explícitamente que las instituciones financieras deban verificar el estatus migratorio legal de todos sus clientes, pero su ambigüedad despierta alertas. El problema podría no venir de una prohibición frontal, sino de algo más difuso y difícil de medir: el miedo financiero y el endurecimiento gradual del sistema bancario hacia quienes utilizan ITIN.
Desde hace años el ITIN –el número fiscal utilizado por millones de trabajadores sin número de seguridad social– permitió a muchos migrantes indocumentados integrarse parcialmente al sistema financiero estadounidense. Gracias a ello abrieron cuentas, pagaron impuestos, contrataron servicios financieros y enviaron dinero a sus familias mediante bancos, remesadoras y plataformas digitales.
Esa lógica respondía a un criterio pragmático: para el propio gobierno estadounidense resultaba preferible que esas operaciones ocurrieran dentro del sistema formal y regulado, y no completamente en efectivo o en la clandestinidad financiera. Pero dentro del universo político de Trump siempre existió la idea de que la flexibilidad terminó facilitando la permanencia económica de millones de personas sin estatus migratorio regular.
Por eso la discusión actual es tan delicada. Aunque la orden ejecutiva no exige directamente que los bancos pidan pruebas migratorias, sí instruye a reforzar los procesos de supervisión, verificación de identidad y monitoreo de operaciones consideradas de riesgo. Y en Estados Unidos eso suele generar un efecto inmediato: las instituciones financieras endurecen sus políticas internas incluso más allá de lo que exige la ley. Millones de personas podrían empezar a sentir que están siendo vigiladas.
Tampoco hay que olvidar que esta no es la primera vez que Trump apunta hacia las remesas. Desde su primera campaña amagó con utilizar el enorme flujo de dinero enviado desde la Unión Americana para obligar a México a cooperar en temas migratorios e incluso financiar el muro fronterizo.
En distintos momentos aparecieron propuestas republicanas para aplicar impuestos especiales a transferencias internacionales o imponer mayores controles sobre los envíos realizados por personas sin ciudadanía o residencia legal.
Muchas iniciativas no prosperaron por su complejidad jurídica y por la oposición del propio sector financiero; pero dejaron claro algo importante: que las remesas dejaron de ser vistas únicamente como un fenómeno económico y comenzaron a entenderse también como una herramienta política.
Para algunos analistas, el riesgo no está en el bloqueo formal de las transferencias, sino en la posibilidad de una “desbancarización silenciosa” de los indocumentados. Si los bancos empiezan a considerar el uso del ITIN como un factor de riesgo, muchos trabajadores podrían empezar a evitar cuentas bancarias, retirar dinero del sistema financiero o recurrir nuevamente a efectivo y a canales informales de envío. Paradójicamente, una política diseñada para aumentar la vigilancia podría terminar empujando operaciones fuera del sistema regulado.
El problema para México sería mucho más profundo de lo que parece. Estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas o Guerrero tienen municipios enteros cuya estabilidad financiera depende de las remesas. De hecho, miles de pequeñas y medianas empresas nacieron justamente gracias al capital enviado por sus familiares migrantes. Cada dólar recibido no permanece inmóvil: circula varias veces dentro de la economía local y sostiene cadenas completas de consumo y empleo.
Trump parece haber entendido algo que el gobierno de México evita reconocer abiertamente: una parte importante de la estabilidad económica nacional depende de millones de trabajadores que viven bajo creciente presión política y financiera en Estados Unidos. Y cuando el miedo entra en los bancos, tarde o temprano terminará cruzando la frontera.
Política y grupos delictivos en CDMX
El miércoles pasado, el diputado federal de Morena, Gabriel García Hernández, llevó al Senado a un grupo de 30 personas a quienes identificó como mototaxistas de la alcaldía Iztapalapa, para anunciar que presentará una iniciativa ley en apoyo al “transporte de barrio”.
Resultó que por lo menos dos de los invitados son objetivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalinas, identificados como parte de Los Tanzanios, grupo delincuencial que opera en Iztapalapa e Iztacalco, dedicado al narcomenudeo, homicidios, despojo, secuestro y extorsión. Entre sus víctimas están, precisamente, mototaxistas.
García Hernández no es un diputado del montón. Fue senador y coordinador General de Programas para el Desarrollo del gobierno federal en el sexenio pasado, y director de Adquisiciones de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal lopezobradorista, con Octavio Romero Oropeza como Oficial Mayor. Y, para más señas, quiere ser alcalde de Iztapalapa, por algo llevó a los mototaxistas.
Casualmente, ese mismo día se cumplió un año del doble asesinato Ximena Guzmán y José Muñoz Vega, secretaria particular y asesor de Clara Brugada. La jefa de Gobierno, en compañía del secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y de la fiscal, Bertha Alcalde, dieron un “corte de caja” de las investigaciones, con un saldo de 18 detenidos, una docena de cateos, e identificado un grupo delictivo que opera en la Ciudad de México y el Estado de México. Al preguntar los periodistas sobre el móvil del crimen, Brugada contestó con su mejor cara de indignación y probable amnesia: “Es lo que todos queremos saber”.
Lo peor es que hay una amplia lista de grupos delictivos que operan en CDMX y el Edomex que es difícil saber a cuál de todos se refirieren. Muchos de ellos realizan sus actividades ilícitas bajo la fachada de organizaciones sociales o sindicatos de actividades económicas irregulares -como los mototaxistas-, que brindan asesoría jurídica, gestoría, protección contra delincuencia común, hasta realizan obras de caridad. Es así como se hacen de una base social en varios municipios y alcaldías de la Zona Metropolinana del Valle de México, participando en la política clientelar… esa política de la que viene Clara.
Ejemplos hay muchos: La Chokiza con los presidentes municipales de Ecatepec -por cierto, municipio al que huyeron los involucrados en el asesinato de los colaboradores de Brugada-; Sandra Cuevas como alcaldesa de Cuauhtémoc y la Unión Tepito; el hoy director del STC Metro y antes alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y el grupo de Lenin Canchola; la líder de ambulantes, diputada local morenista y antes priista, Diana Sánchez Barrios, que fue procesada por exotrsión y robo, y que sufrió un atentado en 2024.
Interesante que, a pesar de los antecedentes, algunos personajes han continuado su carrera política en Morena, donde al parecer se sigue perdonando casi todo, sin operación Enjambre que los alcance.
Factoraje inteligente: liquidez para un mercado más confiable
El sistema financiero mexicano enfrenta un reto estructural donde miles de PyMEs cuentan con acceso limitado al crédito tradicional debido a procesos costosos y complejos. En este contexto, el factoraje se posiciona como una herramienta estratégica que permite convertir cuentas por cobrar en liquidez inmediata, ayudando a las empresas a crecer, invertir y mantener su estabilidad operativa sin comprometer su futuro financiero.
La experiencia internacional demuestra que la digitalización y la trazabilidad son clave para impulsar el factoraje. Países como Chile y Colombia han fortalecido este mecanismo mediante la factura electrónica y sistemas de validación que brindan mayor transparencia y reducen riesgos. En México, donde la penetración del factoraje aún es baja, avanzar en automatización, validación de facturas y reducción de duplicidades resulta fundamental para fortalecer la inclusión financiera y elevar la productividad empresarial.
Frente a este escenario surge Círculo de Factoraje, una iniciativa encabezada por Círculo de Crédito, que se enfoca en fortalecer la infraestructura de información del mercado y facilitar operaciones más seguras, trazables y eficientes. Para Juan Manuel Ruiz Palmieri, CEO de Círculo de Crédito, más allá de agilizar el acceso al financiamiento, se busca construir un ecosistema financiero más sólido y transparente, donde las empresas puedan crecer con mayor confianza, respaldo tecnológico y visión de largo plazo.
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