El Gobierno colombiano y la Corte Penal Internacional (CPI) han alcanzado un acuerdo marco que busca fortalecer la cooperación en la aplicación de la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra.
El anuncio de este importante paso se realizó durante la visita del fiscal de la CPI, Karim Khan, a Bogotá, quien llegó al país después de su visita a Venezuela.
Compromiso de apoyo mutuo
El canciller encargado de Colombia, Luis Gilberto Murillo, anunció la firma de este acuerdo, destacando su importancia para nutrir el sistema judicial colombiano y ofrecer experiencias al mundo en la reparación a las víctimas de crímenes atroces.
Murillo enfatizó que esta política de colaboración refuerza la relación entre Colombia y la CPI, que ha respaldado al país en la aplicación de justicia tras la firma del acuerdo de paz de 2016 con las FARC.
El fiscal de la CPI elogió la valiosa experiencia de Colombia en la confrontación del conflicto armado y su determinación para buscar la justicia como elemento clave para la estabilidad y el progreso del país. Khan resaltó el trabajo conjunto realizado con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Gobierno colombiano como un ejemplo para el mundo en la aplicación efectiva de la justicia.
Construyendo un mundo con más justicia
En su declaración, Khan expresó la importancia de construir un mundo con más justicia y menos promesas vacías, donde los valores de igualdad ante la ley se lleven a la práctica.
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Destacó la necesidad de trabajar en conjunto para garantizar derechos y equidad, especialmente para los más vulnerables y marginados. Durante su visita, Khan se reunió con altos funcionarios del Gobierno colombiano, subrayando la relevancia de esta colaboración para el fortalecimiento de la justicia internacional.
El acuerdo entre Colombia y la CPI representa un paso significativo en el compromiso conjunto por la aplicación efectiva de la justicia y la protección de los derechos humanos en el país y a nivel internacional. La experiencia colombiana se posiciona como un referente para otros países y sistemas judiciales en la lucha contra la impunidad y la búsqueda de la verdad y la reconciliación.
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