Después de casi 20 años operando en México, a la naviera Hornbeck Offshore Services México (HOS) se le negó la renovación de permisos para seis de sus embarcaciones por parte del Registro Público Marítimo Nacional, que depende de la Secretaría de Marina. El motivo: simulación de estatutos para hacerse pasar por empresa mayoritariamente mexicana cuando no lo es, para poder brindar servicios de cabotaje en aguas nacionales.
La historia viene desde 2019, cuando la Dirección General de Marina Mercante, en aquel entonces a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sancionó con una suspensión de operaciones a Hornbeck al comprobarse que operaba con un esquema corporativo simulado por el cual se hacía pasar como empresa con capital social mayoritariamente mexicano. Esto no era nuevo, ya lo había venido denunciando desde nueve años antes la Cámara Mexicana de la Industria de Transporte Marítimo.
Hornbeck Offshore Services México (HOS), resultó estadounidense y no mexicana, para más señas y con total cinismo, relacionada con Hornbeck Offshore, con sede en Luisiana. Aferrada a seguir operando entre los puertos nacionales, la naviera peleó en juzgados, tribunales y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Finalmente se confirmó la simulación en los estatutos de la naviera, por lo que ya no podrá ofrecer servicios de cabotaje en aguas nacionales, como lo venía haciendo a petroleras como Pemex, Chevron, Repsol, Shell y Petrobras.
Finalmente, algo que era sabido desde hace 13 años y que se procedió a sancionar hasta inicio de este sexenio, ha llegado, con el cumplimiento de la ley, a buen puerto para las navieras nacionales.
INAI: el retorno a la transparencia
Malas noticias para la Cuarta Transformación. Pese a la larga campaña emprendida desde Palacio Nacional para desacreditar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y sus artimañas para impedir su funcionamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le otorgó al órgano autónomo una suspensión para que pueda sesionar con cuatro comisionados, con lo que así se devuelve a la ciudadanía o al pueblo, como el presidente Andrés Manuel López Obrador gusta llamarle, su derecho a reclamar cuentas claras sobre las políticas públicas y acciones de gobierno.
Desde abril, cuando concluyó el periodo de tres de los comisionados, el INAI no había podido sesionar por falta de quórum legal, que por ley mandata que participen un mínimo de cinco de los miembros. Deliberadamente el partido oficialista, con mayoría en el Congreso, bloqueó las designaciones para los relevos siguiendo la línea marcada por el presidente López Obrador, quien había vetado en la segunda semana de marzo a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso por presuntamente estar vinculados con Morena y el PAN, respectivamente.
Para nadie es un secreto que al presidente no le gusta rendirle cuentas a nadie e incluso no duda en jactarse de ser su propio juez, todo a fe ciega con un voto de confianza al que no se ha hecho acreedor. Desde su llegada al poder, el INAI ha sido una piedra en el zapato que lo ha tenido a mal traer, de ahí su insistencia en descalificarlo, en señalar que ese trabajo lo podría realizar la Secretaría de la Función Pública o la Auditoria Superior de la Federación ambos órganos controlados por él. De nueva cuenta quisiera poner la iglesia en manos de Lutero.
Es una realidad que la lucha contra la corrupción en la presente administración ha sido una burla ridículamente representada por un pañuelo blanco, basta echar un ojo a los decretos que bajo el membrete de seguridad nacional pretenden ocultar información meramente presupuestal o la creciente proporción de adjudicaciones directas contra licitaciones, las más de las veces empresas de nueva creación encabezadas por los amigos de los cercanos al presidente, esa nueva casta que se encuentra muy lejos de la austeridad republicana que tanto predica nuestro mandatario.
El regreso del INAI a la vida pública llega en el mejor momento, faltando aproximadamente dos semanas para que de inicio oficialmente el proceso electoral federal 2024 y aunque el rezago es grande (cerca de 8 mil recursos de revisión) por la vigilia forzosa desatada desde el más alto nivel, la exigencia de transparencia en el uso de los recursos públicos será fundamental, máxime cuando no se descarta la posibilidad de que tengamos una elección de Estado.
Habrá que reconocer a los ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek por la manera valiente en que le corrigieron la plana a la ministra Loretta Ortiz Alhf, quien había negado a la ciudadanía el derecho a estar informado y que la mañana del miércoles no tuvo el valor siquiera de dar la cara para defender su posición.
