Inicia una semana trascendental en el orden democrático del país, toda vez que la semana pasada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó los resultados de los cómputos distritales que le fueron presentados por el Instituto Nacional Electoral (INE) sin que se reportaran evidencias contundentes de irregularidades durante la elección del 2 de junio pasado.
Este lunes se habrá de llevar a cabo la sesión pública presencial en la que se resolverá la nulidad de la elección, algo que evidentemente se da por descartado. Paralelamente tendrá lugar el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía que fue interpuesto por la excandidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
El miércoles esta contemplado que se valide la elección presidencial tras una reunión del pleno, para que el jueves, si no surge algún inconveniente, Claudia Sheinbaum Pardo reciba alrededor de las 11 de la mañana, en sesión solemne, la constancia que la habrá de acreditar, ahora si, como la primera presidenta de los Estados Unidos Mexicanos.
Pese al triunfo indiscutible de Sheinbaum, quedará la duda del porqué el presidente Andrés Manuel López Obrador no recibió sanción alguna, pese a haberse demostrado que intervino en la contienda e hizo uso de recursos públicos vulnerando los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad a favor de la candidata del partido oficial, a quien no se puede culpar de la intromisión de quien muchos años fuera su jefe.
Otra polémica que seguirá abierta es el llamamiento de Claudia Valle Aguilasocho desde su magistratura regional para poder participar en el proceso de calificación y validez de la elección presidencial como manda el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dada de la irresponsabilidad del Legislativo que jamás se dignó a designar las dos vacantes libres para completar un quórum con poderes plenos.
Mientras, nada ni nadie le quita la sonrisa a una Sheinbaum quien desde Ciudad Juárez elogió la decisión del TEPJF de validarla en el cargo en la fecha y hora señalados.
24 horas antes tendrá lugar en el mismo Tribunal la madre de todas las batallas cuando éste haga valida la asignación de legisladores plurinominales que resuelva el Instituto Nacional Electoral (INE) con el consiguiente cuestionamiento de la sobrerrepresentación del partido oficial y sus aliados, pero esa, esa será otra historia.
La normalización de los bloqueos
El bloqueo a vías de comunicación es una de las medidas de presión más recurrentes contra cualquier nivel de gobierno e iniciativa privada. Puede tratarse del cierre de una calle, avenida, una vía férrea, carretera o autopista, y quienes lo hacen pueden ser desde organizaciones sociales de todo tipo hasta particulares, el número es lo de menos, y el tiempo del cierre de circulación depende de que se atiendan las demandas de los inconformes.
Las afectaciones por un bloqueo varían: congestión vial, retrasos en los traslados, pérdidas económicas, daños a terceros y, en casos extremos de violencia, hasta muertos y heridos. Regularmente, la autoridad encargada de negociar con los manifestantes lo primero que les solicita para iniciar o avanzar en el diálogo es que se libere el paso. Esto puede tomar horas… o días.
La semana pasada se presentó uno de los bloqueos más graves de los últimos años, considerando la importancia de la vía de comunicación y el tiempo que permaneció totalmente cerrada. Se trata del bloqueo a la autopista México-Puebla durante tres días, hasta que finalmente se abrió un solo carril la noche del jueves, luego de tener durante ese tiempo a conductores de todo tipo -sobre todo de transporte de carga-, varados, sin posibilidad de tomar vías alternas. La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) estimó las pérdidas por el bloqueo en 10 mil millones de pesos.
Por increíble que parezca, la acción fue realizada por ejidatarios que alegan está pendiente el pago de la expropiación de tierras para la construcción de la autopista desde 1962. Complicado encontrar una solución a un problema que durante más de 60 años ha estado en el olvido, o tal vez no existía.
Más increíble aún, es que las autoridades y los ciudadanos nos hemos acostumbrado a que la mejor opción para que se atienda la demanda colectiva que sea, es bloquear una vía de comunicación, sabiendo que lo primero que va a pasar es que alguien del gobierno acuda a dialogar, y que lo último que sucederá es que se aplique la ley y haya una intervención de la fuerza pública totalmente legítima y legal frente a lo que es un delito flagrante y ya es parte de los usos y costumbres de nuestro país.
Este gobierno y los anteriores, bajo el argumento de no ser represores, han preferido tolerar el cierre de vialidades, actos de violencia, daños a vehículos y propiedades, no se diga afectaciones económicas, a actuar conforme a la ley, con operativos bien coordinados con el uso de la fuerza mínima pero necesaria que podrían despejar el paso, mientras se atienden las demandas; a pagar un costo político que probablemente sea inexistente, tolerando una medida de presión que suele afectar a muchas más personas que a los inconformes, no se diga al gobierno.
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