Un panorama poco menos que gris se vislumbra en el futuro de la minería en nuestro país. Son muchos los factores que han impactado a esta industria durante la última década lo que ha frenado la inversión y puesto a las compañías extranjeras a pensar si vale la pena seguir colocando su dinero en México.
Con un mensaje poco alentador, la Cámara Minera de México (Camimex) presentó su informe Anual 2023, en el que destaca que pese a haber mejorado la inversión durante el año pasado, con relación al que le precedió, aún está muy lejos del record histórico registrado en 2012 cuando se recibieron 8 mil 43 millones de dólares por este concepto. La pérdida se acerca al 34.5% y encuentra su justificación en la nueva regulación en materia de outsourcing, la falta de incentivos a la exploración, la inseguridad, la falta de certeza jurídica y recientemente las modificaciones a la ley minera que entre otras cosas reduce las concesiones de 50 a 30 años con una prorroga de 25 años y reserva la exploración en exclusiva para el Estado a través del Servicio Geológico Mexicano.
La minería de nuestro país se encuentra entre las más importantes del mundo, destacándose la extracción de 16 diferentes metales y minerales. Abastece a más de 70 sectores productivos, además de ser el sostén de cerca de 700 comunidades, por lo que es vital proteger a este sector.
En el último año se registró una caída de 8.2% en los metales industriales no ferrosos; seguido de los metales preciosos que tuvieron un decremento de 6.6%. Ciertamente el mundo vive un reacomodo tras la pandemia de covid-19 por lo que habrá que estar alerta a la competencia que pueden ofrecer otras naciones emergentes que brindan mayores facilidades a las empresas en la búsqueda de atraer capitales foráneos.
En materia fiscal, el gobierno no ha resentido aún el impacto sufrido por esta industria que aportó en 2022, 72 mil 924 millones de pesos lo que significó un incremento de 13.8%, generando 417 mil empleos.
¿Y las propuestas de seguridad?
Junio cerró con un ataque con un coche bomba a 10 guardias nacionales en Celaya; el secuestro de 16 policías municipales en Chiapas; el asesinato de Hipólito Mora en Michoacán, un robo a una joyería de plaza Antara en la Ciudad de México y la presidenta municipal de Tijuana yéndose a vivir a un cuartel militar. Julio parece no quedarse atrás. La madrugada del lunes fue baleado el convoy en que viajaba el secretario de Gobierno de Tamaulipas… más lo que seguramente se siga sumando.
Todos sabemos las justificaciones presidenciales: organizaciones criminales herencia de los anteriores gobiernos, se están atendiendo las causas, se pacificará al país sin represión, García Luna, abrazos, etcétera. Lo que no se logró en cinco años, difícilmente se podrá en uno. Por ello, algo que nos están quedando a deber los aspirantes presidenciales de todos los signos políticos, son sus propuestas en materia de seguridad pública.
El escenario es complicado pues, al crecimiento de las organizaciones criminales y la violencia que generan, está aparejado el desmantelamiento de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, el abandono en que siguen la mayoría de las policías estatales y municipales, y el prácticamente nulo beneficio del cambio de procuradurías de justicia a fiscalías, empezando por la Fiscalía General de la República.
Hasta el momento sólo tenemos atisbos: Marcelo Ebrard presentará su estrategia de seguridad el próximo lunes, y adelantó que contempla dotar de tecnología a la Guardia Nacional y aumentar la inversión en materia social para atacar las causas; Claudia Sheinbaum presume sus resultados en materia de seguridad en la Ciudad de México, por lo que se podría dar por hecho que Omar García Harfuch sería el secretario de Seguridad, con el pero de que toda la operación la trae la Secretaría de la Defensa Nacional. En la oposición, Santiago Creel ha propuesto crear una Secretaría de la Justicia, la cual ordenará competencias y coordinará el orden jurídico nacional.
Ideas pero ojalá haya algo más. Y es que, desafortunadamente, las instituciones de seguridad pública funcionan como tener que arreglar un auto en movimiento. No se puede detener y esperar unos años a que quede perfecto y echarlo a andar. Hay que repararlo, cambiarle la llanta ponchada, ponerle gasolina y aceite, lavarlo, y todo sin detener su marcha. Súmele que cada seis años llega alguien que quiere cambiar todo el carro. La inseguridad y la situación de nuestras instituciones de seguridad pública y de justicia no ha mejorado por culpa de otros, sino por la falta de continuidad y el reinicio de cada administración. Y seguramente lo volveremos a ver el siguiente sexenio.
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