Por Jorge Peñuñuri Pantoja | Presidente de Comité Jurídico y Justicia de COPARMEX Nacional
Recientemente fue publicado el informe de World Justice Project (WJP), institución internacional que da cuenta, a través de diversas variables y la aportación de especialistas y ciudadanos, el estatus que guarda una nación respecto del Estado de Derecho y sus prácticas democráticas relacionadas a la justicia. Parte de sus conclusiones fueron que cuatro mil 400 millones de personas en el mundo viven en países donde el Estado de Derecho es más débil ahora que el año pasado, es decir, más de la mitad de la población mundial.
Lo anterior, no sólo debe poner en alerta al mundo, sino a nuestro país ya que México destaca, para mal, en el lugar 115 de 140 países analizados, así como en la posición 27 de 32 países latinoamericanos. Adicionalmente, la calidad de nuestro Estado de Derecho, de acuerdo a este informe, se ha deteriorado sistemáticamente durante los últimos cuatro años.
Entendiendo que en un Estado de Derecho se respetan los derechos fundamentales y existen garantías para la pluralidad y el pleno ejercicio de nuestras libertades, es lacerante que desde el poder ejecutivo se expongan y enjuicIen, pÚblicamente, a quienes tienen la tarea de promover y garantizar el cumplimiento a nuestras leyes ya que no sólo pone en riesgo su integridad y amenaza las libertades de todas y todos los mexicanos, sino que es alarmante que con ligereza se exhiba como negativo el actuar de los jueces y magistrados quienes, con argumentos y en estricto apego a derecho, revisan la legalidad y constitucionalidad de los actos de otros poderes como ha ocurrido en los casos y litigios de Ayotzinapa, el Tren Maya, la Ley de la Industria Eléctrica y el nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), como ocurrió en semanas recientes.
No es casualidad que el informe referido del WPJ haya sido descalificado por el gobierno actual aún cuando los datos del informe se basan en información pública de distintos órdenes.
Ejemplo de ello es que el reporte del WJP identifica tres debilitamientos específicos para México: 1) el debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales, sumado al encogimiento del espacio cívico; 2) el deterioro de los sistemas de justicia penal y 3) el estancamiento en materia de combate a la corrupción. Si a esto se le suma el ataque a las libertades que desde el gobierno se realiza a los propios juzgadores nuestro escenario no es promisorio.
Por eso, desde la sociedad civil y desde instituciones como la COPARMEX, tenemos el compromiso de redoblar esfuerzos para promover un Estado en donde existan plenas garantías y respeto a los derechos fundamentales porque un Estado con más derecho es un Estado con más justicia. Así se ha demostrado en las más recientes marchas del pasado 13 de noviembre, en donde cientos de miles de personas expresaron su derecho a defender instituciones que garantizan la libertad.
Porque un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de hechos injustos y combate la pobreza; es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, y funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, así como del respeto a los derechos fundamentales, nuestro compromiso debe ser contribuir cívicamente para ensanchar los cauces de libertad de nuestro país y así obtener una mejor justicia.
